Pensiones de gracia: las omisiones de La Moneda

A las 10.30 horas de este viernes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, debió salir a aclarar, una vez más, las dudas que dejó el otorgamiento de pensiones de gracia en el marco del estallido social.

Esta vez, luego de que este jueves se conociera un informe de Contraloría del 13 de diciembre de 2023, que revelaba graves desprolijidades en la acreditación de lesiones y antecedentes delictuales en algunos beneficiados que profundizaron los cuestionamientos al proceso. Incluso, se informó que uno de los pensionados fue condenando por producir pornografía infantil.

La difusión del informe entregado por la Contraloría dejó una serie de dudas sobre la reacción de La Moneda a la crisis. Primero, porque los antecedentes iban siendo revelados a goteo por medios de comunicación y porque quedó de manifiesto que el gobierno mantuvo en reserva un documento que daba cuenta de desprolijidades en la entrega de los beneficios.

Frente al manejo del informe de Contraloría los dardos apuntaron al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que por primera vez desde el inicio de su gestión se ha visto expuesto a las críticas de la derecha.

El subsecretario del Interior responsabilizó este viernes al INDH por la falta de certificados, ya que ese organismo -dijo- es “el encargado de solicitar los antecedentes médicos”.

Pero durante la jornada surgió un nuevo antecedente que vino a enredar aún más las cosas. Se conoció que el 23 de septiembre del 2022 la directora del instituto, Consuelo Contreras, envió un oficio al Presidente Gabriel Boric advirtiendo que el INDH no podía seguir acreditando las afectaciones de los postulantes para acceder a las pensiones. El mensaje nunca obtuvo respuesta del Mandatario.

“Por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) para efectuar la acreditación del padecimiento de ‘menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo’ en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia”, parte señalando el escrito.

El mayor cuestionamiento es que la primera versión del informe de Contraloría, que era de carácter confidencial, llegó a manos del Ministerio del Interior el 21 de septiembre. Desde ahí, ya estaban al tanto de las alertas del ente fiscalizador.

Pero al ser consultado si es que el Presidente Gabriel Boric supo del informe, la respuesta de Monsalve fue: “Los presidentes no leen todos los informes de la Contraloría”.

Según el subsecretario, el documento llegó formalmente a Interior el 19 de diciembre -dos días después del plebiscito del 17 de diciembre, lo que abrió las dudas de la oposición- y en él se advertía del caso de pornografía infantil y también de una serie de desprolijidades en la corroboración de antecedentes médicos de parte de los beneficiados. Es más, desde Interior abrieron un sumario administrativo para evaluar eventuales responsabilidades, información que tampoco fue transparentada.

Este viernes, al ser consultado, Monsalve aseguró que fue porque nadie le consultó por posibles sumarios, pero lo cierto es que sí se le consultó por eventuales desprolijidades en el proceso de entrega de pensiones.

“No hubo desprolijidad, porque cumplimos rigurosamente la ley que faculta al Presidente para entregar pensiones de gracia, a través de la glosa del presupuesto y del reglamento que se había establecido”, dijo el 12 de enero a La Tercera, fecha en la que ya cursaba la investigación por eventuales responsabilidades.

No solo Monsalve ha estado en el diseño del manejo de la crisis. Desde hace semanas han existido reuniones periódicas en las que participan ministros del comité político como Carolina Tohá, Camila Vallejo, Álvaro Elizalde y el ministro de Justicia, Luis Cordero, en las que se han considerado opciones jurídicas para dejar sin efecto los beneficios, para evaluar estrategias políticas-comunicacionales y también para revisar los antecedentes de las personas que integran el listado. En esos encuentros también ha participado Luppy Aguirre, jefa de la división jurídica de Interior, quien sí estaba al tanto del informe de Contraloría, lo que genera dudas de que el Presidente ni integrantes del gabinete hayan estado al tanto de las desprolijidades informadas por el ente fiscalizador.

Este jueves, luego de la revelación del informe, la ministra del Interior aseguró que antes de irse de vacaciones -el jueves de la semana pasada- el Mandatario firmó el decreto para dejar sin efecto la pensión al beneficiado que tiene antecedentes vinculados a pornografía infantil.

Monsalve también fue cuestionado por la tardanza en informar la decisión del Presidente y explicó que en el documento no se atribuía el delito a un RUT en particular, y que “cuando se tiene conocimiento de los antecedentes penales de esta persona en particular, el Presidente toma de inmediato la decisión”.

Además, desde La Moneda aseguraron que ya hay 17 casos -de los 69 pensionados que cuentan con antecedentes- que correrán con la misma suerte cuando Boric llegue de sus vacaciones tras la gira a Chiloé.

Hasta este viernes en el gobierno apuntaban a que también hay casos de pensionados con antecedentes durante el gobierno anterior. Y las fallas de acreditación de antecedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Pero luego se conoció el oficio del organismo.