Petro abre debate por libertad a los “primera línea”

Colombia
Manifestantes en una protesta de 2021 contra el entonces gobierno del Presidente colombiano, Iván Duque, en Cali. Foto: AFP

Cumpliendo una promesa de campaña, el presidente de Colombia anunció que decenas de jóvenes presos durante las protestas de 2021 serán liberados para Navidad. Desde la oposición, critican que premiará quienes cometieron delitos.


En diciembre de 2019, durante una jornada de protestas en Bogotá y a solo dos meses del estallido social en Chile, el entonces senador colombiano Gustavo Petro posteó en su cuenta de Twitter la imagen de manifestantes con cascos, máscaras antigases y escudos junto al mensaje: “Esto es una primera línea. En Chile garantizan la paz de la manifestación”.

Tres años después, Petro ya no es senador, sino Presidente de Colombia, pero el tema de los manifestantes vuelve a estar en su agenda. Y es que el mandatario izquierdista anunció recientemente que decenas de jóvenes de la llamada “primera línea” -que protagonizaron las protestas contra el gobierno de Iván Duque en 2021 y fueron encarcelados- serían liberados y nombrados gestores de paz antes de Navidad.

“Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, dijo Petro en Pasto, Nariño, haciendo eco de una propuesta de su campaña en la que prometió liberar a quienes hayan sido encarcelados en el marco del paro nacional, que vio protestas durante meses seguidos contra el gobierno de Duque. “Centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”, reiteró.

Según el diario El Colombiano, el Ejecutivo les dará a 230 manifestantes la libertad como regalo de Navidad, a pesar de que muchos de ellos están señalados por conductas como terrorismo, tortura y daños a la infraestructura pública en hechos que se presentaron en el marco de las movilizaciones de 2021.

“Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos y este es el gobierno del cambio”, sentenció el mandatario al anunciar la multitudinaria liberación.

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, dijo que la ley permite al gobierno aplicar esa figura de la excarcelación. Osuna reiteró que la protesta social es un derecho fundamental y que los posibles beneficiados asumirán compromisos para promover la convivencia pacífica y acuerdos humanitarios.

“Esta medida tiene como consecuencia que si estas personas están privadas de la liberad saldrán de la cárcel, pero continuarán vinculadas a los procesos penales a los que se les está investigando o enjuiciando. No es indulto, no es una amnistía”, aseguró Osuna, quien admitió la posibilidad que la medida beneficie a personas ya condenadas.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, insistió en la misma línea. “No es una amnistía, no es un indulto. No es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados inicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente decidan los jueces en sentencia judicial. Los procesos no se suspenden”, señaló.

Prada explicó cómo sería el mecanismo: “El presidente, una vez se expida el análisis de cada caso en particular en forma individual e independiente, adoptará la decisión, que va a ser básicamente una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente”.

Sin embargo, más tarde el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ratificó que los integrantes de la “primera línea” imputados por la Fiscalía no podrán ser gestores de paz. “No van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que por lo menos estén también imputados por hechos graves”, aseguró.

Críticas de la oposición

Pese a esta aclaración, sectores de oposición al gobierno se han pronunciado contra esta medida, diciendo que Petro premiará a quienes cometieron delitos, destaca CNN en Español.

El exministro de Defensa, Diego Molano, quien fue funcionario durante las protestas de 2021, dijo que las personas encarceladas durante las manifestaciones no fueron privadas de la libertad por protestar sino porque cometieron delitos, reportó Reuters.

“Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. El Presidente Petro nombrará como ‘gestores de paz’ a miembros de la primera línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad”, cuestionó el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Para el analista político colombiano Vicente Torrijos, “ha habido un problema de comunicación por cuanto algunos sectores han identificado la iniciativa con simple y llana impunidad”. “Sin embargo, el ministro de Defensa ha aclarado que se hará un estudio caso por caso y que los casos graves no podrán ser considerados por la figura de gestores de paz”, explica a La Tercera.

“El mecanismo tiene unos requisitos legales muy precisos y exigentes, así como un innegable alcance político de aliviar la presión social en las calles”, reitera.

Por su parte, Paola Montilla, docente de la Universidad Externado de Colombia, sostiene que “la propuesta de Petro ha sido interpretada como una ‘usurpación’ de poder, pues es un quiebre al sistema de frenos y contrapesos ya que está haciendo injerencia en decisiones judiciales. Se propone que jóvenes que en este momento están siendo judicializados, sean liberados, para que continúen su juicio y paralelamente asuman sus labores de gestores de paz”.

“La decisión va muy en línea, con el nuevo enfoque en materia de justicia planteado por el gobierno, una justicia restaurativa y su política de paz total”, dice la académica a La Tercera. “No obstante, ya se inician a escuchar voces que piden que el mismo trato reciban los miembros de la policía que en este momento están siendo judicializados por sus acciones durante las protestas”, apunta Montilla.

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