Seguridad al rojo: Los puntos críticos que erosionan el orden público

Refuerzo de 700 carabineros en las calles, la evaluación de un “estado intermedio” con efectivos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las carreteras de la Macrozona Sur, un anuncio de “intervención” al fútbol y un Acuerdo Nacional por la Seguridad. Todo esto se anunció en estos días por parte del gobierno, como una especie de batería de propuestas para abordar un foco en constante erosión: el orden público.

Es que la semana partió compleja: el domingo 1 de mayo, en medio de la marcha de la Central Clasista de Trabajadores, en Estación Central, los desmanes tensionaron el ambiente en esa zona de Santiago. Los saqueos y desórdenes en el sector terminaron con algunos ambulantes del barrio Meiggs abriendo fuego en contra de los manifestantes. Tres personas quedaron heridas a bala, entre ellos la periodista Francisca Sandoval, que se mantiene en riesgo vital.

El caso hizo que el gobierno saliera a convocar a los jefes policiales a La Moneda para abordar el tema y apurar medidas de seguridad en las calles. Por lo mismo, el martes 3, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la inyección de 700 carabineros como refuerzos para 17 comunas del país. El plan tendrá una duración de un mes y después estas dotaciones irán a otras zonas (ver página 30).

En Carabineros y el Ejecutivo están conscientes de que son muchos los puntos críticos que amenazan constantemente la agenda del gobierno. Por ejemplo, cualquier hecho violento en La Araucanía puede activar crisis en Palacio. Esta semana también los contratistas forestales demandaron medidas de seguridad más concretas para apoyar sus desplazamientos y un comunero mapuche cayó abatido en Tirúa en medio de una toma. Hace dos semanas, un camionero recibió un balazo en el rostro.

“Voy a Arauco, después a La Araucanía y mañana quién sabe. También hay comité policial en La Moneda”, decía acelerada una alta fuente policial, al ser consultada por cómo se vive por dentro la demanda de más seguridad. El lunes se juntaron los jefes policiales con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el martes, reuniones de coordinación; el miércoles, viajes a la Macrozona Sur, y así. Todo puede variar en segundos, aseguran.

El jueves 6, por ejemplo, la ministra del Interior, Izkia Siches, tuvo que trasladarse hasta Chillán para reunirse con la familia del carabinero Breant Rivas Manríquez (23), asesinado por un delincuente, en medio de un operativo policial.

El Presidente Gabriel Boric, incluso, salió más de una vez a tocar el tema de la seguridad pública. Lo hizo el domingo pasado en La Tercera y TVN, y el martes en Radio Cooperativa, donde se refirió -como si fuera poco- a otra situación que urge: enfrentar la violencia en los estadios. “Los clubes tienen que hacerse cargo de los espectáculos y tienen que terminar todo tipo de vínculo con organizaciones como las barras bravas. Va a haber una intervención”, dijo.

Para cerrar esta “semana al rojo”, ayer se registraron desórdenes en el exterior del Metro Salvador, dado que un centenar de estudiantes de distintos establecimientos se manifestaron por lo que ellos califican como “nulos avances” en las negociaciones con el gobierno para deponer las tomas en 12 recintos educativos.

Bajo este panorama, se pueden resumir en cinco los “puntos críticos” que el gobierno y los expertos miran con preocupación: aumento de los delitos de mayor connotación social, la violencia rural, en los estadios, las protestas que terminan en desmanes y los permanentes desórdenes en torno a los establecimientos educacionales en conflicto. En La Moneda saben que el tema no es pacífico y buscan formas de afrontarlo.

Datos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), de Carabineros, dan cuenta que los casos de alta connotación social aumentaron un 58%, en un mes, en comparación con el año pasado. Entre 2020 y 2021, en tanto, estos ilícitos crecieron un 43%. Sin embargo, hay un acuerdo transversal, en el papel, que los delitos ocurridos este año no debieran ser comparados con el anterior, dado que este año las medidas restrictivas por la pandemia se han ido flexibilizado.

Ahora, el aumento de la violencia detrás de los atracos es algo que ha quedado en evidencia en estas dos últimas semanas. El 27 de abril, la tienda de la diseñadora Sarika Rodrik fue objeto de un asalto a plena luz del día, en Av. Isidora Goyenechea, en Las Condes.

La hija de la dueña hizo una advertencia: “La próxima es sin llorar, porque los vamos a matar”. Esto, pese a que en el gobierno han sido enfáticos en pedir a la población que evite el uso de armas.

Hace tres días otro hecho impactó a las autoridades. Una encerrona en la Ruta 5, en la comuna de Santiago, terminó con uno de los asaltantes fallecidos, luego de que la víctima intentara escapar del robo.

Datos de Carabineros dan cuenta que este año se han registrado 3.855 robos violentos de vehículo. Esto significa un 94% más de este tipo de ilícitos, en comparación con el 2021.

“La intervención en las espirales de las violencias supone la comprensión de fenómenos complejos, cuyo tratamiento, en general, tiende a la sobresimplificación. Con todo, hay dos desafíos ineludibles: desarmar Chile y contar con un marco para la coproducción de seguridad”, dice el director de Chile 21, José Roa.

Por su parte, el general (R) Aldo Vidal, quien es coordinador del comité técnico de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (Aseva), advierte que “los temas de seguridad se presentan con mayor o menor intensidad dependiendo de una multiplicidad de factores y tienen un impacto inevitable en la economía, el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Se debe atacar como un problema de Estado con la participación de todos los actores relevantes de la sociedad”.

El actual paro de camioneros tuvo su origen en el ataque armado con fusiles de guerra por parte de desconocidos a los vehículos que se desplazaban, el 22 de abril, en Ercilla, en La Araucanía. Ese día, Ciro Palma (35) manejaba su transporte de carga por la Ruta 5 Sur cuando recibió un disparo en el rostro. Hasta el día de hoy está internado y en riesgo vital.

El caso desencadenó protestas de los choferes de camiones, lo que derivó en un conflicto con el gobierno que motivó al Ejecutivo a invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE), a poco más de un mes de haber asumido.

En la Macrozona Sur -compuesta por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y, en menor medida, Los Lagos- se han registrado más de 100 eventos asociados a violencia rural durante el último mes, según registros de Carabineros.

En este ámbito, el hecho que más conmoción causó fue la interrupción de desplazamiento de la comitiva de la ministra Siches, en marzo, cuando quiso ingresar a la comunidad Temuicuicui y fue recibida con balazos al aire. De ahí en más, la agenda del gobierno, para reforzar el diálogo con las comunidades mapuches, se estancó. Incluso, dieron un giro y se anunciaron más carabineros e insumos para frenar el incremento de la violencia rural. Eso, mientras crece la presión política de reinstalar el estado de excepción constitucional.

El exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli señala que “es positivo que el gobierno haya ejercitado la idea de que la seguridad pública es una prioridad, cosa que no se vio en la primera parte de la campaña del Presidente Gabriel Boric, y tampoco al inicio del gobierno, cuando se le da urgencia al proyecto de indulto o se habla de presos políticos en La Araucanía. En cuanto a las medidas específicas, yo también creo que hay que resolver de nuevo las posturas respecto de la presencia de las FF.AA. en la Macrozona Sur. Ahora se habla de un ‘estado intermedio’ cuando fue el propio Jefe de Estado, cuando era diputado, y su coalición quienes votaron contra el proyecto de protección a la infraestructura crítica del Presidente Piñera”.

Desde el estallido social, el 18 de octubre de 2019, las protestas son una preocupación latente para las autoridades. El cómo procederá Carabineros y cómo actuarán los encapuchados que participan de estas movilizaciones siempre es materia de interés.

Así pasó el primer “viernes de Plaza Italia” que le tocó enfrentar al actual gobierno. El 18 de marzo un manifestante fue embestido por un policía, azotándose duramente en la cabeza, despertando de inmediato los cuestionamientos a Carabineros por parte de importantes figuras del Partido Comunista (PC). Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, ha sido el más crítico en torno a las acciones de control de orden público, pidiendo la “refundación”e “intervención civil”de la institución uniformada.

Una semana después de ese episodio, en medio de otra protesta, un carabinero usó su arma de servicio para defenderse de un ataque por parte un grupo de encapuchados. Un repartidor de delivery recibió el disparo y nuevamente el Ejecutivo se vio enfrentado a cuestionamientos.

El último hecho, y quizás el más grave, ocurrió el 1 de mayo. Imágenes que circularon en redes sociales registraron a comerciantes ambulantes del barrio Meiggs disparando en medio de saqueos y desmanes. La gravedad de la situación llevó a La Moneda a reforzar la agenda por seguridad.

En el gobierno están conscientes de lo que pasa en las calles, y de que cuando hay movilizaciones puede pasar cualquier cosa que ponga en jaque el actuar policial y, a la vez, el trabajo del Ministerio del Interior. Por lo mismo, se han establecido mesas de trabajo con la delegación de la Región Metropolitana y Carabineros para ajustar protocolos y cursos de acción.

Galli señala que “el problema del actual gobierno es que tiene un déficit de credibilidad, porque fueron miembros de Frente Amplio y el PC, quienes deslegitimaron al Estado y las policías cuando tuvieron que hacer frente a situaciones de orden público”.

Para los clubes de fútbol la seguridad es un tema que le corresponde al Estado y no a ellos como privados, y si así lo fuera, solo les incumbe una parte del problema. Carabineros, en tanto, si bien reconoce un trabajo colaborativo, sostiene que no se pueden hacer cargo de un espectáculo privado, que no les corresponde.

El tema volvió al ruedo la semana pasada, cuando dos hechos de violencia estuvieron a punto de terminar en una tragedia. El 27 de abril, Colo-Colo se enfrentó a River Plate por Copa Libertadores, y casi mil personas ingresaron sin entradas. ¿Cómo? Reventaron distintos puntos de acceso e ingresaron irregularmente.

Se vieron imágenes de carros lanzaguas intentando repeler la estampida para evitar sobrepasar el aforo permitido en el Estadio Monumental. Tres días antes, en San Carlos de Apoquindo, hinchas de la Universidad Católica golpearon a uno de Colo-Colo que ocupaba un asiento de los locales. Los barrabravas se vieron entrando por un acceso que no les correspondía y sustrajeron especies de la prensa.

El senador DC Matías Walker señala que “hemos pagado las consecuencias de falta de inversión y de decisión para poder aplicar las sanciones que están establecidas en la ley. La legislación nunca sacó a Carabineros de los estadios, ese es un mito, sino que se establece que la policía debe coadyuvar en seguridad y ahí falta una coordinación público-privada mayor, donde el Estado tiene que asumir un rol mucho más protagónico”.

A todo este panorama se suma la tensión que imponen las protestas de secundarios. Son 12 los liceos y colegios en toma y cada semana protagonizan, al menos, un hecho asociado a la violencia.

El mes pasado dos buses fueron incendiados en el frontis del Internado Nacional Barros Arana (Inba). La situación más grave se vivió el 19 de abril, cuando el rector de ese establecimiento, Gonzalo Saavedra, resultó herido en un fallido intento por evitar la quema de una micro.

Una semana después fue la reaparición de los denominados “overoles blancos”, en protestas en las afueras del Instituto Nacional. El grupo se enfrentó con Carabineros, a través del lanzamiento de bombas molotov, donde uno de los manifestantes, al arrojar líquido acelerante, se quemó y debió entrar de emergencia al recinto educacional. El gobierno ha hecho reiterados llamados a los estudiantes para establecer un diálogo, pero sin poder frenar los actos de violencia.

Desde el Ejecutivo esperan que la batería de propuestas amaguen en parte estos conflictos, y se han destinado labores a especialistas para afrontar la latente crisis en seguridad.