Soledad Alvear: “Falta un mejor trabajo de Justicia y de la ministra en la elección de fiscal nacional”

A Soledad Alvear le tocó -prácticamente- echar a andar el Ministerio Público, a través de la Reforma Procesal Penal impulsada en 1997. La abogada era la ministra de Justicia del gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), por lo que fue la encargada de escoger, visar y promover el nombre de Guillermo Piedrabuena como el primer fiscal nacional (1997).

Era otra época, claro. El nombre de Piedrabuena generó consenso y fue ratificado unánimemente por el Senado, situación diametralmente o puesta a lo que hoy rodea el nombramiento del nuevo fiscal nacional. El gobierno presentó dos nombres a la Cámara Alta y los dos fueron rechazados.

Alvear cree que poco tiene que ver en esto el proceso para nombrar al fiscal nacional, defendiendo el actual sistema, donde es la Corte Suprema quien propone una quina, el Presidente escoge un nombre, lo manda al Senado y es en el Parlamento donde se debe ratificar por 2/3 de quórum. La exministra también considera que la titular de Justicia, Marcela Ríos, no ha tenido un buen desempeño.

¿Cómo calificaría todo lo que ha rodeado el dificultoso proceso para nombrar a un o una nueva fiscal nacional?

Creo que es lamentable lo que ha ocurrido. Falta un mayor y mejor trabajo del Ministerio de Justicia y de la ministra, muy en particular. A nosotros nos tocó nominar a muchos ministros de la Corte Suprema -que tienen el mismo sistema de nombramiento que la fiscalía- y del primer fiscal nacional y no tuvimos ningún problema. Ahora, hubo mucho diálogo con cada uno de los senadores y senadoras, lo que implicaba conocer exactamente cuál era la visión de cada uno para los efectos de hacer una propuesta al Presidente de la República.

¿Hablaban con los parlamentarios y luego iban donde el Presidente para sugerir un nombre?

Pero claro. No se puede arriesgar al Presidente de la República con fracasos en los nombramientos y en este caso ya son dos fracasos. Esto le hace muy mal al sistema, en primer lugar y, por otra parte, deteriora las relaciones entre los poderes del Estado. Acá hemos visto una situación complicada entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, lo que le hace mal a un sistema democrático.

¿Ese trabajo previo lo encabezaba usted como ministra de Justicia?

Efectivamente. Nunca le pedí, ni me ofrecieron, el apoyo del ministro del Interior y del ministro de la Segpres de la época. Esa fue una tarea absolutamente del Ministerio de Justicia, y cuando ya teníamos un panorama claro recién hablábamos con el Presidente de la República para proponerle o hacerle alguna sugerencia. Entonces esto requiere un trabajo acucioso, senador por senador. Los parlamentarios son personas que naturalmente deben ser consideradas como tales y creo que requieren explicaciones. Eso toma tiempo, requiere un trabajo que previamente se haya realizado con ellos, en relación a todas las iniciativas legales, pero es un contacto permanente que hay que desarrollar con ellos, más aún del Ministerio de Justicia, donde hay tantas iniciativas legales

¿Y ese trabajo no lo ve por parte de la ministra Ríos?

Al parecer no, porque veo a la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, y a la ministra del Interior, Carolina Tohá, con más funciones para esto. No sé qué están haciendo ellas si la tarea le corresponde a la ministra de Justicia.

¿Por qué cree que pasa eso?

En primer lugar, creo que hay un error en el sentido de creer que un Ministerio de Justicia puede conducirlo una persona que no es abogado o abogada. La verdad que la relación permanente que hay que tener con el Poder Judicial requiere de ese conocimiento y también las iniciativas legales que hay que defender. Es fundamental que se conozca el tema y, en ese contexto, a mí me parece que el cargo debe ser asumido por un abogado o abogada. Entiendo que es primera vez que se nombra a una persona en Justicia que no es abogada, entonces ahí hay un primer problema.

Cuando a la exministra Alvear le tocó ser la jefa de la cartera de Justicia el contexto era otro. Los casos de financiamiento irregular de la política aún siquiera asomaban públicamente, por lo que el nombramiento de Piedrabuena no generó mayores cuestionamientos.

No fue sino hasta la elección del fiscal nacional Jorge Abbott que este proceso comenzó a ser más áspero. En 2014, el desvío de platas para financiar campañas políticas fueron el preámbulo de una elección que incluyó reuniones entre senadores y los aspirantes al Ministerio Público, en medio del desenlace judicial de estas causas.

¿Cómo ve las conversaciones que quedaron en evidencia con el nombramiento del fiscal Jorge Abbott, por ejemplo, la que sostuvo con el senador DC Jorge Pizarro o con el senador UDI Hernán Larraín?

Yo creo que la relación que debe existir entre los tres poderes del Estado debe ser fluida, eso es muy importante. Ahora, en relación a los nombramientos, es evidente que la tarea del Poder Judicial es autónoma en ese sentido y después como tiene que venir un nombramiento que sugiere el Presidente, y debe aprobar el Senado, ahí se requiere de una adecuada relación. Yo creo que es bien importante no tener relaciones con los ministros de la Corte Suprema previo a los nombramientos, me parece que eso no es adecuado. Ahora, el tener relación con ellos es muy importante. Yo recuerdo cuando asumí el Ministerio de Justicia que ningún ministro de la Suprema o juez iba al Congreso, y yo le hice presente el error de eso, porque siempre el punto de vista de quién aplicaba las normas legales o que las va a aplicar en el futuro como jueces, es fundamental que los legisladores la conozcan. En esas condiciones, creo que es muy bueno mantener una relación entre los poderes del Estado, la que debe ser seria y responsable.

Pero siempre en sede oficial...

Yo me acuerdo que el Presidente Frei invitaba a los ministros de la Corte Suprema y a mí -una vez al año, después del proceso de nombramiento, a fin de año- para tener un espacio de conversación, de diálogo. No sólo los temas que les interesaban a ellos, sino que también los temas de país, porque con las autoridades públicas es importante compartir. Creo que es valioso eso.

¿No cree que es peligroso, o al menos cuestionable, el hecho de que los candidatos a fiscal, o a ministro de la Corte Suprema, mantengan reuniones extraoficiales con parlamentarios?

Yo creo que es preferible que a los candidatos se les escuche, pero yo quiero también hacer referencia a algo importante ahí. No es posible conocer la visión de un candidato a fiscal con 10 minutos de exposición, eso es lo que la Corte Suprema le da a cada uno de los candidatos para conocer sus visiones. Es muy poco tiempo para un cargo de la responsabilidad de un fiscal nacional, quienes deben explicar sus desafíos en materias tan importantes como la persecución penal de los delitos que ocurren en el país. Los jefes cuando entrevistan a una persona para ocupar distintas responsabilidades en el mundo privado, o en el mundo público también, ocupan un tiempo muy largo, media jornada, dos o tres horas, ¿qué se puede lograr conocer de los planes de un futuro fiscal con 10 minutos de exposición?

Pero en el caso de sus reuniones con los senadores. Eso es lo que se cuestiona...

Es que si esa exposición inicial ante la Corte Suprema fuese más larga y fuese pública, también los senadores podrían conocer allí los principios del candidato a fiscal nacional y, por supuesto, que el Ejecutivo también -a través de su ministra de Justicia- conocer cuáles son las visiones de cada una de las personas que postulan para liderar una institución tan importante como el Ministerio Público.

¿No levanta suspicacias el hecho de que un candidato se reúna con senadores que posiblemente podrían ser investigados por algún delito?

Mire, insisto que a mí me gustan los canales formales, y para tener los canales formales debidamente adecuado hay que asumir las correcciones que son necesarias. Acabo de señalar el tiempo que deben presentar ante la Corte Suprema los diferentes postulantes a fiscal nacional, eso debe ser más largo y además público, de esta manera, gran parte de la ciudadanía podría conocer qué es lo que ofrece un abogado que quiere liderar la persecución penal en nuestro país. Y cuando digo gran parte de la ciudadanía, están incluidos los senadores y senadoras.

¿Entonces esa sería la única corrección que usted haría al sistema de nombramiento del fiscal nacional?

Cuando fui ministra de Justicia, además de escoger el nombre para fiscal nacional, me tocaron muchos nombramientos de ministros de la Corte Suprema, que tiene el mismo proceso que lo del fiscal nacional. Entonces, pareciera ser que el problema no es el procedimiento, sino que quienes lo aplican actualmente. Dicho esto, siempre hay que escuchar, las cosas no están escritas en piedra, sino que siempre es importante poder corregir aquellas cosas, pero el objetivo del nombramiento por los tres poderes del Estado fue para que la autoridad en cuestión no dependiera de uno de estos poderes, por lo que nos pareció que era lo más transparente. Habrá que ver, yo creo que siempre hay que mirar y, si es necesario, perfeccionar, pero insisto, si antes no había problemas, la pregunta que habría que hacerse es por qué ahora pasa.