Especialistas USS proponen cambios a la estructura del Ministerio Público y otras medidas para enfrentar la actual crisis de seguridad

Cambiar la estructura del Ministerio Público, implementar un sistema de control colaborativo entre las policías, e impulsar la cooperación público-privada, son algunas de las propuestas para enfrentar la actual crisis de seguridad en el país, según plantearon los expertos del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado en Chile (CESCRO) de la U. San Sebastián (USS), en el marco del conversatorio organizado por La Tercera y la USS.

En la oportunidad, los académicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Luis Toledo, ex fiscal regional y director de CESCRO, y Felipe Harboe, con una vasta experiencia en materias de seguridad, por los roles que ha ejercido como subsecretario del Interior y como diputado y senador especializado en temáticas de seguridad pública, terrorismo, orden público, crimen organizado y narcotráfico, plantearon que Chile se ha “latinoamericanizado” con respecto a los delitos y la forma de actuar de las organizaciones delictuales, por lo tanto es necesario cambiar la manera de abordar el problema.

Bajo la conducción de la periodista María José Tapia, subeditora de Pulso de La Tercera, los académicos USS hicieron un diagnóstico integral del flagelo que afecta al país y formularon propuestas y debates necesarios para superar la crisis actual con la perspectiva de generar un sistema que permita la integración de resultados de los diversos organismos del Estado, además de las necesarias alianzas público-privadas en materias de primer orden de importancia, como lo son los puertos del país.

El exfiscal Toledo ve con preocupación que “cada día nos sorprendemos con un homicidio o hecho público más gravoso que el otro. Esto impide tener una mirada y una proyección estratégica de largo plazo. Por eso, desde la academia es donde se puede hacer una contribución, instalando una discusión de fondo, la modernización del Ministerio Público.

Toledo manifestó que “partimos de la siguiente pregunta: ¿La estructura orgánica de la Fiscalía que provee su Ley Orgánica y la Constitución Política es o no suficiente para enfrentar el crimen organizado de hoy y aquel que esperamos en el futuro? La respuesta es no, y hemos llegado a algunas conclusiones respecto de cómo, por ejemplo, la Fiscalía debería estructurarse en materia de crimen organizado. Creemos que las fiscalías supraterritoriales, sectorizadas a un segmento de regiones, no es una solución. Porque todas las fiscalías exitosas en el mundo se estructuran hoy en día en fiscalías especializadas en distintas materias, siendo las más importantes aquellas que persiguen al crimen organizado y al narcotráfico, y que tenga una competencia a nivel nacional, que puedan rendir cuentas y que tengan un sistema de objetivos estratégicos, de metas medibles y que puedan pedir resultados a las policías”.

La ex autoridad del Ministerio Público agregó que “vemos algunas luces en la decisión del actual fiscal nacional, que ordenó que las unidades asesoras de Drogas y Crimen Organizado se hayan unido en una sola. Pero todas estas unidades son asesoras, ninguna de ellas puede tomar una causa e investigarla. Siempre tienen que sugerir o aconsejar a un determinado fiscal. La falencia que estamos viendo es que estas unidades tan relevantes no tienen acción penal pública, no son fiscales, por lo que no pueden llevar causas adelantes. Dicho lo anterior, resulta evidente que se requiere una fiscalía especializada con competencia nacional; que se necesitan estándares mínimos de funcionamiento, objetivos estratégicos y metas claras con escrutinio ciudadano y transparencia. Y que además se establezcan redes investigativas internacionales robustas. Hoy en día existe mucha información de aduanas, de las policías, pero no están integradas, no hay un sistema de información integral”.

Por su parte, Felipe Harboe, manifestó que “el país requiere modificaciones que muevan la aguja en materia de seguridad. Una de ellas es repensar el Ministerio Público para hacerse cargo de estos nuevos fenómenos del delito que se dan en un territorio determinado, pero con conexiones organizativas que abarcan más de una región o de una agrupación de regiones o de territorios. Luego, tenemos que repensar el rol de las policías. Sabemos que son discusiones incómodas, pero necesarias para que de verdad podamos avanzar hacia un país más seguro. ¿Vamos a seguir pensando en que Carabineros tiene que ser por siempre la policía multifunción, que va desde el control del tránsito, narcotráfico, fronteras, orden público, seguridad especializada, investigación y seguridad privada? ¿O se va a seguir duplicando, por ejemplo, la labor investigativa con la Policía de Investigaciones? Quizás el camino no sea ése, y que el camino correcto más bien sea tener una policía investigativa y otra preventiva; y probablemente mirar nuevas formas policiales especializadas en materia de frontera o de orden público”.

Harboe también planteó que “una tercera discusión pasa por avanzar en crear un sistema de seguridad que establezca metas conjuntas más allá de las autonomías. No sacamos nada con que Carabineros diga que cumplió 100% sus metas, y que la PDI, el Ministerio Público y el gobierno digan lo mismo, pero que -al mismo tiempo- todo el mundo vea y sienta que la delincuencia sigue desatada, como lo está hoy en día. No sacamos nada si seguimos tal como estamos, porque al final del día lo relevante es cómo el sistema en su conjunto se organiza para que esto funcione y tengamos resultados colectivos”.

Los académicos USS también pusieron de relieve la cooperación público-privada en materia de seguridad. En este sentido, Felipe Harboe planteó que “otra modificación que estamos discutiendo en el CESCRO es la relevancia de la cooperación público-privada. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta el delito al empresario o al comerciante chileno para poder producir? ¿Cuánto gasta hoy en día el pequeño comercio en las cámaras de seguridad, en sistemas de alarmas, cierre y rejas, traslado de dinero y, los que pueden, el pago de primas de seguros cada vez más caras? Cuidado, todo esto está conectado y cuando la seguridad implica un costo desproporcionado hay un desincentivo a invertir, lo que trae más desempleo y pobreza a la sociedad en su conjunto. Lo mismo ocurre en materia portuaria, porque es necesario ver cómo ayudamos para que el país cuente con un sistema portuario con los mejores estándares de seguridad para evitar que seamos la puerta de entrada y de salida de drogas”.

Ante ello, Luis Toledo complementó que “existen variadas experiencias internacionales que tenemos que analizar. Por ejemplo, en los puertos europeos, la policía puede hacer su trabajo especializado y hoy en día eso no es posible en Chile, pues solo operan los guardias privados. Además, hay falta de trazabilidad de la mercancía que llega al puerto para la exportación, así como fenómenos que son bastante necesarios de abordar. Y de ahí que se debe activar de manera robusta la cooperación público-privada, porque el país puede poner en riesgo su capacidad exportadora por no abordar esta situación. No se trata de un scanner más o un scanner menos o de otros implementos tecnológicos, que sí son necesarios, sino que lo importante tiene que ver con la estructura de cómo se aborda la seguridad de ingreso y salida de mercancías. Y determinar si la policía marítima va a tener o no algún rol en esta estructura, junto con la relación entre los puertos. Recientemente, nuestro país suscribió el programa global de contenedores, que es algo que ayuda, pero que ha tenido poca eficiencia porque los gobiernos lo dejaron en manos de las coordinaciones estratégicas de las unidades del norte (Iquique), en Santiago y en el sur. Pero tenemos más de 4 mil kilómetros de costa y alrededor de 33 puertos en los ingresan y salen contenedores. Por lo tanto, tenemos una tarea gigantesca mediante una alianza público-privada para abordar estas materias importantes para Chile”.

Al respecto, Harboe manifestó que “en un puerto cohabitan múltiples instituciones, como Directemar, el concesionario, la empresa que trae la mercadería, los Servicio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero, Aduanas, por nombrar algunos. El desafío es cómo hacemos procesos que aseguren identificar situaciones de riesgo sin ralentizar la entrada y salida de las mercaderías. Esto no se hace solo con una máquina, porque son procesos, delimitación de funciones y capacitación constante del personal. Es decir, tenemos que avanzar para tener puertos seguros, porque el día en que Chile sea sindicado internacionalmente por los puertos de Europa o de cualquier otra parte del mundo, como un país que por sus puertos ingresa y sale droga como cualquier otra mercadería, el daño reputacional del país será muy difícil de revertir”.