Las medidas y avances para aumentar la seguridad vial en Chile

“Accidentes de tránsito dejan una persona fallecida y otra en riesgo vital”. “Mujer muere atropellada por sujeto que escapaba de la policía”. “Atropello múltiple deja dos fallecidos y seis heridos”. Titulares así son a los que estamos acostumbrados a leer cada día, sin que estos reflejen el impacto que tiene una muerte de estas características en familiares y amigos. Un daño irreparable que deja como lección seguir tomando acciones para educar a la población y evitar que más personas fallezcan por accidentes de tráfico.

Las cifras más actuales que Carabineros maneja sobre los siniestros viales y sus consecuencias, registran que en 2023 han ocurrido 60.439 siniestros viales, dejando como consecuencia 26.886 lesionados y 1.319 fallecidos. Comparadas con 2022, se registraron 86.050 siniestros viales, 52.590 lesionados y 1.745 personas fallecidas.

El coronel de Carabineros Emilio Teixidor, prefecto de Tránsito y Carreteras, es consciente de esta realidad, que incluso golpea a la institución: a principios de septiembre, dos carabineros murieron en Calle Larga, Valparaíso, tras la persecución de un hombre en estado de ebriedad. Nadie queda libre de esta situación, que podría catalogarse de pandemia. Entre 2012 y 2022, hubo un promedio de 1.610 fallecidos cada año por este tipo de causa, lo que equivale a que cinco personas mueran cada día. A ello, se suma que los siniestros viales son la primera causa externa de muerte entre niños, niñas y adolescentes.

En septiembre de 2022 se concretó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, una iniciativa que tiene por objetivo coordinar acciones público-privadas para incrementar la seguridad vial, así como para reducir los siniestros.

Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), que este 2023 celebra 30 años desde su fundación, relata que este Pacto ayuda a mirar la seguridad vial como una tarea multidimensional. Sin exageraciones, Muñoz reconoce que “el desafío es muy grande”.

“Se trata de reducir las muertes y personas heridas de gravedad en los siniestros viales, por lo que esta alianza nos permite llegar a distintos sectores de la sociedad y en distintos ámbitos: desde sus lugares de trabajo o estudios, a las mismas calles y traslados, buscando que todas y todos tomemos conciencia de lo importante que es mejorar la convivencia vial para evitar que sigan ocurriendo siniestros viales fatales”, afirma la autoridad.

Lo cierto es que la imagen país es desoladora: Chile tiene una tasa de 10,5 fallecidos cada 100 mil habitantes, lo que lo ubica entre los cinco peores en el ranking de países OCDE, un número que tiende a sentirse en la población en fechas simbólicas como las Fiestas Patrias o cualquier fin de semana largo donde se repiten titulares de accidentes.

Si bien el trabajo de prevención, acción y reparación ante los siniestros de tránsito es transversal, siendo una tarea que se debe afrontar entre varios entes gubernamentales a la hora de coordinar los ministerios involucrados, además del rol de Carabineros en terreno para enfrentar la complejidad de conductores imprudentes, las líneas principales de trabajo de este Pacto para cambiar esta realidad está enfocado en convocar al sector privado a tener un rol más activo y articulado para trabajar en estas temáticas, abarcando desde materias educativas, promoción en colegios y al interior de las mismas empresas, el mejoramiento de la infraestructura vial en entornos de establecimientos educacionales o el incentivo a que las flotas de transporte se hagan parte activa en la erradicación de conductas de riesgo, como excesos de velocidad, distracciones, consumo de sustancias al conducir, entre otras iniciativas.

“Dentro del Pacto Nacional por la Seguridad Vial estamos avanzando para mejorar la seguridad entre quienes compartimos las vías. Este es un trabajo que se ha estado preparando durante el último año y que poco a poco mostrará sus frutos”, sostiene Karina Muñoz.

Una de las organizaciones que forma parte del acuerdo es la Asociación Nacional Automotriz (ANAC). Diego Mendoza, su secretario general, frente a la tarea que impulsa Conaset dice que “este Pacto nos va a llevar a trabajar en una permanente revisión de los elementos de seguridad de los vehículos en todas las categorías”. Por su lado, el coronel Emilio Teixidor considera que esta instancia “permite abordar la seguridad vial desde distintos ámbitos de competencia y miradas, entregando con esto una visión holística de los problemas que se pretende solucionar”.

Fue en septiembre pasado cuando el actor Guido Vecchiola recreó el clásico spot de Conaset sobre prevención de accidentes de tránsito luego de 31 años, período de tiempo que la secretaria ejecutiva de dicha entidad aprovecha para analizar, afirmando que Chile ha mejorado sus indicadores de seguridad vial. “Esto es fruto de los avances en distintos ámbitos: más exigencias de seguridad vehicular, avances en infraestructura en las carreteras y ciudades, actualización de marcos legales, y mejores programas educativos y de difusión”, sostiene Muñoz. Sin embargo, se mantiene una constante de 1.700 muertes cada año.

Con el fin de evitar que estos siniestros ocurran, en 2017 Conaset, con el apoyo del Ministerio de Transportes, impulsó un “cambio de paradigma en seguridad vial”, adoptando un enfoque de “sistema seguro”. Muñoz explica que este problema se aborda desde una “mirada sistémica”, entendiendo que todos los actores tienen responsabilidad en reducir las muertes, no sólo los usuarios, “sino quienes planifican, diseñan, construyen y operan la infraestructura, quienes establecen los marcos regulatorios, las y los usuarios y quienes fiscalizan el correcto uso de los espacios públicos”, conectando con el corazón del pacto acordado.

A su vez, el coronel Teixidor apunta a que la principal acción, pensando que todos somos peatones en algún momento del día, es “tomar conciencia de que el principal responsable de mi seguridad soy yo mismo, el autocuidado y el respeto”. A ello, el Prefecto de la policía uniformada agrega que “regularmente culpamos a terceros por lo que nos pasa y no tomamos conciencia que nuestras propias acciones generan consecuencias”, ejemplificando con casos diarios, desde peatones que transitan por las calzadas; ciclistas que cruzan semáforos en rojo; motoristas que no respetan las señalizaciones; o automovilistas que se distraen en la conducción usando su teléfono.

Los esfuerzos por bajar estos siniestros parecen avanzar en la dirección correcta. El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, especifica que la tasa de muertes cada 10 mil vehículos se ha reducido desde 12,5 a 2,8 en los últimos 30 años. A ello, se suman inversiones en infraestructura, la modernización de normas, como la Ley Emilia, junto con la implementación de herramientas tecnológicas de fiscalización.

Daza se refiere a lo ocurrido a principios de año, cuando tras casi nueve años de discusión legislativa, el Congreso despachó a ley el proyecto para contar con un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), una red de dispositivos, debidamente señalizados en las zonas de control, que se hará cargo de la detección de la velocidad excesiva y de la notificación de multas a los infractores. La iniciativa será una importante herramienta para automatizar la fiscalización, lo que le permitirá a Chile dar un salto e igualar los procedimientos con los que cuentan países de la OCDE.

Por su lado, Karina Muñóz complementa que la integración del CATI será “un tremendo aporte en estas tareas al automatizar estas labores y ampliar las facultades de control de velocidad a los fiscalizadores del Ministerio de Transportes”. Esta labor incluye mayor capacitación de inspectores y personal de seguridad pública municipal en temáticas de seguridad vial y normativas, entendiendo que es una acción conjunta y coordinada, transversal.

Diego Mendoza, de ANAC, destaca otro avance ocurrido a inicios de año. Se trata del nuevo Decreto Supremo 58/2022 del Ministerio de Transportes, que actualiza el anterior D.S. 26/2000, sobre elementos de seguridad vehicular. “Se trata de la actualización más ambiciosa en elementos de seguridad para vehículos livianos y medianos”, afirma, y agrega que incluye a vehículos comerciales que han aumentado sus ventas durante los últimos años, sobre todo después de la pandemia, ya que los furgones para el delivery o despacho no estaban actualizados en su norma.

El secretario general de la ANAC también destaca la actualización de la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar conductas como sacar de circulación a vehículos que no posean su permiso de circulación vigente; su certificado vigente del seguro obligatorio; revisión técnica o de homologación, entre otros aspectos. “Había un poco de descontrol y ya se han hecho varias normas que hemos apoyado como la patente cero días, normas de seguridad para volver a tener la manija en el control del parque vehicular, que si tú no lo controlas bien, no lo fiscalizas, empieza a crecer con vehículos inseguros, y eso produce que el país caiga es un subestándar”, comenta. Si se trata de fiscalización, es Carabineros la institución que está en las calles y las carreteras atentos a este tipo de delitos. Desde Conaset, Karina Muñoz destaca la inclusión de los inspectores municipales con mayores facultades para el control de distintos aspectos de la Ley de Tránsito, “precisamente como una manera de complementar el control que, como sabemos, es la forma más rápida de modificar las conductas de las personas”.

Una serie de acciones concretas que enmarcadas dentro del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, apuntan a un cambio de conducta que las autoridades esperan que se vean reflejadas en los próximos años en menores accidentes y decesos. El subsecretario Daza agrega que, si bien los avances son una señal potente, “la cantidad de factores que influyen en estas temáticas exigen el esfuerzo no sólo de un ministerio ni únicamente del Estado, sino también debe integrar a todos los sectores”.