Raúl Figueroa: “Cuando la política se atrinchera, las universidades son un puente para la construcción de soluciones”

Se creó hace unas semanas y tiene un rol bien definido: contribuir al desarrollo del país mediante la investigación, el análisis y la docencia en el campo de las políticas públicas. Es el Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Andrés Bello (UNAB), cuya dirección está a cargo de Raúl Figueroa, abogado y exministro de Educación.

Según explica Figueroa, el instituto articulará, sobre todo, las capacidades de investigación que posee la UNAB a través de sus distintas facultades, centros y otros institutos.

El momento en que ve la luz, aún en medio de una crisis sanitaria y a tres meses del plebiscito de salida, no es casual. En estos tiempos complejos, con debates instalados, la UNAB tiene un rol fundamental, explica su director: “Aportar sobre la base del rigor y la evidencia, y de un compromiso con la resolución de los problemas de la ciudadanía”.

El desafío es enorme a todo nivel, señala, “pero permite potenciar lo que ya se hace en la UNAB, que no sólo tiene un tremendo aporte en materia de docencia, sino también en investigación”.

Raúl Figueroa, quien ha sido docente de las facultades de Derecho de la UNAB y de la PUC, tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas en el área educativa, tanto desde el sector público como desde la sociedad civil. Acción Educar es una institución creada por él en 2014, de la que fue director ejecutivo. También se ha desempeñado en el Ministerio de Educación, primero como jefe de la División Jurídica y jefe de Asesores entre 2010 y 2014, como subsecretario en 2018 y como ministro desde 2020 hasta marzo de este año.

“Nos parece muy importante que ese trabajo que hoy ya realiza la universidad se pueda potenciar incorporando un elemento de proximidad con las prioridades del país y la política pública. Y, en ese contexto, la posibilidad de poder trabajar en esta institución en el marco de este nuevo IPP es un gran reto”, dice el profesional.

El análisis de las políticas públicas -medidas y acciones que diseña y ejecuta el Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad- se hace urgente cuando se viven momentos de gran complejidad, agrega el académico.

¿Cuál es su definición de una buena política pública?

Una buena política pública comprende los problemas y sabe abordarlos con evidencia, haciendo uso de la información que está disponible y poniendo todos los talentos para crear soluciones técnicas que efectivamente beneficien a las personas. Lamentablemente, lo que uno ve, como tendencia general, es que esa necesidad de trabajar sobre la base del rigor y de la evidencia muchas veces queda desplazada por el populismo o la búsqueda de beneficios específicos, y esto es al margen del gobierno de turno. Es más bien una tendencia de la política que, a mi juicio, debe corregirse. Creo que el rol de un instituto como el nuestro es precisamente aportar rigor y evidencia, y darle también un sentido de urgencia a la investigación para que esté al servicio del país y podamos de alguna manera contribuir a la solución efectiva de los problemas que aquejan a la ciudadanía.

¿La creación del instituto se debió, de alguna forma, al momento que estamos viviendo?

Son varios aspectos, pero uno muy claro tiene que ver con lo que se viene para los próximos 30-40 años en el país. Estamos en un momento crucial para construir las bases y darle cimiento a un diseño de políticas que pongan a las personas en el centro y contribuir a la solución de sus problemas. En este contexto de debate constitucional se hace muy necesario, porque, al margen de cuál sea el resultado del plebiscito, es evidente que después de éste se inicia un trabajo fundamental, ya sea para implementar la nueva Constitución, si se aprueba, o para buscar un camino de modificaciones en el evento de que se rechace el borrador. Cualquiera fuere el escenario, lo que viene después del plebiscito es un desafío enorme y las universidades no pueden estar al margen.

En ese sentido ¿cuál es, a su juicio, el rol que deben jugar las universidades en esta etapa que estamos viviendo?

Así como el momento constituyente demandará un profundo despliegue político y legislativo para la adecuación de normas, independiente de si se aprueba o rechaza la propuesta de la convención, en materia de políticas públicas también viviremos un proceso de adecuación y ajuste que requerirá de la colaboración de todos los actores sociales. En esto las universidades tendrán un rol clave y este Instituto será activo en ello.

La universidad es un lugar privilegiado donde se produce la combinación del diálogo entre todas las visiones y el análisis riguroso, basado en evidencia. Ahora ello adquiere un sentido de urgencia en el que las capacidades institucionales se deben poner al servicio del país.

Hoy se ven posturas muy polarizadas en la discusión ¿Cómo buscan generar una mirada diversa para contribuir a la discusión?

Es precisamente esa polarización la que hace que por responsabilidad las universidades participen del debate público.

Cuando la política se atrinchera, las universidades son un puente para la construcción de soluciones, y es por ello que creo que su labor hoy es fundamental.

Como instituto queremos estar cerca de las personas y los territorios, viendo in situ el impacto de las distintas políticas públicas y abordando las necesidades del Chile de hoy. Para ello es básico escuchar distintas visiones y tendremos un consejo asesor externo precisamente para aquello.

A la vez, como primera actividad, haremos una jornada de escucha con nuestros investigadores UNAB en Santiago, Viña y Concepción. Es la propia comunidad universitaria la que buscamos escuchar y orientar desde ahí el trabajo del instituto.

¿En qué políticas públicas el Estado chileno está al debe?

Creo que hay una mirada general sobre en lo que el Estado puede estar al debe y tiene que ver con la manera en que se llevan adelante las políticas públicas. Las mejores políticas, para que sean efectivas, tienen que basarse en un diagnóstico adecuado; diseñarse con miras a que efectivamente se puedan implementar; poder evaluarse en el tiempo, en orden a que se puedan corregir, y deben ser financiadas para que permanezcan en el tiempo. Esa es la estructura general de una buena política pública. Y lo que hemos visto en distintas áreas, como factor común, es que sólo algunos de estos elementos, a veces ninguno, han estado presentes en su diseño. Eso es porque se opta en muchos casos por una mirada más bien populista, de corto plazo, y no por una de largo plazo basada en la evidencia.

¿Cuáles le hacen más sentido hoy?

Es fundamental reenganchar las políticas públicas con las prioridades de la ciudadanía, y en esa lógica creo que hay aspectos que son centrales hoy, como la convivencia y los efectos de la violencia… Cómo generar espacios donde los individuos no ven alterada su vida cotidiana como consecuencia de la violencia en distintos ámbitos. Es urgente tener políticas que sean coherentes con una sociedad diversa.

Los temas de género, salud, educación, violencia, problemas ambientales, inclusión y diversidad, etc., son los temas que hoy interesan a la ciudadanía y que como IPP abordaremos de manera rigurosa, basados en análisis y en los impactos reales que políticas públicas en estas materias tienen en cada territorio. Nuestras autoridades y políticos deben responder a este llamado de la ciudadanía y esta vez no deben fallar, estamos en momentos clave para el país que queremos construir los próximos 40 o 50 años.

¿Cuáles son los énfasis en los que debe enfocarse el sistema universitario previo al plebiscito? ¿deben cambiar posterior a éste?

Hay que distinguir entre el rol que deben tomar las instituciones antes del plebiscito y después de éste. Desde nuestra perspectiva, antes del plebiscito creemos que es fundamental generar amplios espacios de información hacia la ciudadanía y, en ese sentido, la contribución del IPP irá en la línea de armar instancias de discusión amplias y diversas, de debate con altura de miras para que todos puedan estar debidamente informados respecto de los alcances del borrador de la nueva Constitución.

Es necesario comprender que el 4 de septiembre es el comienzo y no el final de este proceso, independientemente del resultado, y el mundo político deberá hacer lo que la ciudadanía le encomendó. Luego del plebiscito, está la tarea de implementar adecuadamente aquello que se apruebe o la de hacerse cargo de las situaciones que están latentes en el país, y que de alguna manera son las que originan este proceso constituyente, en el evento de que se rechace. Ahí también viene un enorme trabajo de generación de análisis y evidencia para poder ser un real aporte a las políticas que se generen.

¿Cómo trabajará el instituto para conseguir su objetivo?

El IPP tiene varias unidades que apuntan a lograrlo: una Escuela de Gobierno que se dedicará a la docencia de posgrado (cursos y diplomados), con un foco principal en la formación y capacitación de profesionales que deseen contribuir con sus capacidades en la gestión de servicios públicos.

Tendrá también un Observatorio de Convivencia Territorial que busca identificar prioridades de las personas en determinados territorios y evaluar el impacto de políticas públicas en esos segmentos específicos para, por esa vía, generar una mayor cercanía entre el diseño de políticas públicas y las necesidades específicas de las personas en ciertos territorios.

Y a eso se agrega la mirada global del IPP, que implica aportar al desarrollo del país desde la lógica del análisis y de la investigación, y de producir un debate amplio para contribuir a las mejores soluciones. Lo que buscamos es formar una cultura interna en la universidad de proximidad a la política pública.

Para eso, la idea es abrir el IPP para que sea un espacio de encuentro, influyendo tanto en el ámbito de la toma de decisiones como de la opinión pública y de la academia.