Lo de Carlos Ghosn, ex-presidente de Nissan, da para una serie, perfectamente. Resulta que ahora un grupo de expertos en derechos de Naciones Unidas (ONU), aseguró que la privación de libertad del alto ejecutivo en Japón fue arbitraria y carecía de fundamento legal.

Según el grupo de trabajo, “la privación de libertad de Carlos Ghosn del 19 de noviembre de 2018 al 5 de marzo de 2019 y del 4 al 25 de abril de 2019, en violación de los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue arbitraria”.

Se señala, entre otras cosas, que las condiciones de fianza impuestas a Ghosn “parecen haber sido excepcionalmente estrictas, en particular la prohibición, durante el segundo período de fianza, de todo contacto con su esposa, salvo a través de sus abogados, sin autorización previa del tribunal y por un período de tiempo indefinido”.

En total, Ghosn pasó 130 días detenido en el país asiático, tras ser acusado de ocultar a las autoridades una serie de compensaciones pactadas con Nissan Motor entre 2011 y 2018, para ser abonadas después de su retiro por valor de 9.100 millones de yenes, entre otras irregularidades financieras.

Luego de salir en libertad bajo fianza y antes de que comenzara el juicio, Ghosn, de triple nacionalidad (francesa, brasileña y libanesa), huyó de Japón rumbo a Líbano en un avión privado, especulándose que habría salido escondido en la caja de un instrumento musical, aprovechando la fiesta navideña celebrada en su casa de Tokio.

Tras calificar de injustificada y de vulnerar los Derechos Humanos, el Gobierno de Japón presentó una objeción a la opinión del grupo de trabajo de la ONU, considerándola “totalmente inaceptable” y “no vinculante legalmente”, según un comunicado publicado hoy por el Ministerio de Exteriores.

En su objeción, el Ejecutivo nipón recalca que su sistema penal cuenta con garantías para proteger los derechos fundamentales, y subraya que los procedimientos penales aplicados al ex-presidente de Nissan Motor “no vulneran” los tratados internacionales firmados por Japón.

“Esos procedimientos fueron llevados a cabo estrictamente de acuerdo con las disposiciones apropiadas estipuladas en leyes al tiempo que garantizando plenamente los derechos del acusado”, afirma el comunicado del ministerio japonés.

La nota también recuerda que la fuga de Ghosn supuso “un incumplimiento de sus compromisos y algo que no está condonado por ningún sistema legal de ningún país”.

Las autoridades niponas también señalan que la ley nacional impide compartir más información con el grupo de trabajo de la ONU sobre los procedimientos relacionados con el caso del ex-directivo de Nissan antes de que comience el juicio.

El grupo de trabajo de la ONU, por su parte, pidió a Japón más detalles del caso y que informe más adelante sobre el cumplimiento de sus recomendaciones, entre la que se incluyen indemnizar a Ghosn por los daños causados y llevar a cabo una investigación sobre la vulneración de sus derechos.