Algunos funcionarios estadounidenses afirman en un memorando que Israel podría estar violando el derecho internacional en Gaza

Algunos altos funcionarios estadounidenses han comunicado al secretario de Estado, Antony Blinken, que no consideran “creíbles ni fiables” las garantías de Israel de que está utilizando las armas suministradas por Estados Unidos de acuerdo con el derecho internacional humanitario, según un memorando interno del Departamento de Estado revisado por Reuters.

Otros funcionarios mantuvieron su apoyo a la afirmación de Israel.

Según un Memorando de Seguridad Nacional (NSM, por sus siglas en inglés) emitido por el Presidente Joe Biden en febrero, Blinken debe informar al Congreso antes del 8 de mayo si considera creíbles las garantías de Israel de que su uso de armas estadounidenses no viola el derecho estadounidense o internacional.

El 24 de marzo, al menos siete oficinas del Departamento de Estado habían enviado sus contribuciones a un “memorando de opciones” inicial para Blinken. Algunas partes del memo, del que no se ha informado anteriormente, estaban clasificadas.

Las contribuciones al memorando ofrecen la imagen más amplia hasta la fecha de las divisiones existentes en el Departamento de Estado sobre si Israel podría estar violando el derecho internacional humanitario en Gaza.

“Algunos componentes del Departamento estaban a favor de aceptar las garantías de Israel, otros estaban a favor de rechazarlas y otros no adoptaron ninguna postura”, declaró un funcionario estadounidense.

En un informe conjunto de cuatro oficinas -Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; Población, Refugiados y Migración; Justicia Penal Mundial y Asuntos de Organizaciones Internacionales- se expresaba “gran preocupación por el incumplimiento” del derecho internacional humanitario durante la guerra de Gaza por parte de Israel.

La evaluación de las cuatro oficinas decía que las garantías de Israel no eran “ni creíbles ni fiables”. Citaba ocho ejemplos de acciones militares israelíes que, según los funcionarios, planteaban “serias dudas” sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario.

Entre ellas, atacar repetidamente lugares protegidos e infraestructuras civiles; “niveles desmesuradamente elevados de daños a civiles para obtener ventajas militares”; adoptar escasas medidas para investigar las infracciones o hacer rendir cuentas a los responsables de daños significativos a civiles y “asesinar a trabajadores humanitarios y periodistas a un ritmo sin precedentes”.

La evaluación de las cuatro oficinas también citó 11 casos de acciones militares israelíes que, según los responsables, “restringen arbitrariamente la ayuda humanitaria”, incluido el rechazo de camiones enteros de ayuda debido a un único objeto de “uso dual”, limitaciones “artificiales” a las inspecciones, así como repetidos ataques contra emplazamientos humanitarios que no deberían ser atacados.

Otro escrito del memorándum revisado por Reuters, de la oficina de Asuntos Políticos y Militares, que se ocupa de la asistencia militar y las transferencias de armas de Estados Unidos, advertía a Blinken de que la suspensión de las armas estadounidenses limitaría la capacidad de Israel para hacer frente a posibles amenazas fuera de su espacio aéreo y obligaría a Washington a reevaluar “todas las ventas en curso y futuras a otros países de la región.”

Cualquier suspensión de las ventas de armas de EE.UU. invitaría a “provocaciones” por parte de Irán y las milicias alineadas, dijo la oficina en su presentación, lo que ilustra el tira y afloja dentro del departamento a medida que se prepara para informar al Congreso.

El informe no se refería directamente a las garantías de Israel.

Las aportaciones al memorando de la Oficina del Enviado Especial para Vigilar y Combatir el Antisemitismo y del embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, afirmaron que consideraban que las garantías de Israel eran creíbles y fiables, según declaró a Reuters un segundo funcionario estadounidense.

La oficina jurídica del Departamento de Estado, conocida como la Oficina del Asesor Jurídico, “no adoptó una posición sustantiva” sobre la credibilidad de las garantías de Israel, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la agencia no hace comentarios sobre documentos filtrados.

“En cuestiones complejas, el secretario suele escuchar diversas opiniones dentro del Departamento, y las tiene todas en cuenta”, dijo Miller.

Cuando se le preguntó por el memorándum, un funcionario israelí dijo: “Israel está plenamente comprometido con sus compromisos y su aplicación, entre ellos las garantías dadas al gobierno de Estados Unidos”.

La Casa Blanca no respondió a una petición de comentarios.

Los funcionarios de la administración Biden han dicho en repetidas ocasiones que no han considerado que Israel haya violado el derecho internacional.

Blinken ha visto todas las evaluaciones de la oficina sobre las promesas de Israel, dijo el segundo funcionario estadounidense.

Matthew Miller dijo el 25 de marzo que el Departamento había recibido los compromisos. Sin embargo, no se espera que el Departamento de Estado emita su evaluación completa de credibilidad hasta el informe del 8 de mayo al Congreso.

Se están llevando a cabo nuevas deliberaciones entre las oficinas del departamento antes de la fecha límite del informe, dijo el funcionario estadounidense.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también hizo aportaciones al memorando. “La matanza de casi 32.000 personas, de las cuales el propio Gobierno de Israel considera que aproximadamente dos tercios son civiles, puede constituir una violación del derecho internacional humanitario”, escribieron los funcionarios de USAID en el documento.

Un portavoz del organismo declaró que la agencia no hace comentarios sobre documentos filtrados.

Las advertencias de algunos altos funcionarios del Departamento de Estado sobre posibles infracciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel se producen en un momento en que Israel ha prometido lanzar una ofensiva militar en Rafah, la zona más meridional de la Franja de Gaza, donde viven más de un millón de personas desplazadas por la guerra, a pesar de las reiteradas advertencias de Washington de que no lo haga.

La conducta militar de Israel ha sido objeto de un creciente escrutinio, ya que sus fuerzas han matado a 34.000 palestinos en Gaza, según las autoridades de salud del enclave, la mayoría de ellos mujeres y niños.

El asalto de Israel se lanzó en respuesta al ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre, en el que, según Israel, murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes.

El Memorando de Seguridad Nacional se publicó a principios de febrero, después de que los legisladores demócratas empezaran a preguntarse si Israel respetaba el derecho internacional.

El memorando no imponía nuevos requisitos legales, pero pedía al Departamento de Estado que exigiera garantías por escrito a los países que reciben armas financiadas por Estados Unidos de que no están violando el derecho internacional humanitario ni bloqueando la ayuda humanitaria estadounidense.

También exigía a la administración que presentara un informe anual al Congreso para evaluar si los países respetan el derecho internacional y no impiden el flujo de ayuda humanitaria.

Si se cuestionan las garantías de Israel, Biden tendría la opción de “corregir” la situación mediante acciones que van desde la búsqueda de nuevas garantías hasta la suspensión de nuevas transferencias de armas estadounidenses, según el memorando.

Biden puede suspender o condicionar las transferencias de armas estadounidenses en cualquier momento.

Hasta ahora, se ha resistido a las peticiones de grupos de defensa de los derechos humanos, demócratas de izquierdas y grupos árabe-americanos.

Sin embargo, a principios de este mes amenazó, por primera vez, con poner condiciones a la transferencia de armas estadounidenses a Israel, si no toma medidas concretas para mejorar la grave situación humanitaria de Gaza.