El cambio de moneda profundiza la incertidumbre y el caos en Venezuela

Pocos parecían convencidos que un paquete de reformas económicas sería suficiente. Si bien, en términos financieros, restarle ceros a una moneda podría resultar útil a la hora de facilitar transacciones diarias, en un país como Venezuela, el nuevo bolívar soberano solo ha provocado incertidumbre y más preocupaciones.

El lunes 20 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro decretó feriado no laboral, con el objetivo dar espacio a la entrada en vigencia del nuevo bolívar soberano, la moneda que con cinco ceros menos llegó a reemplazar al bolívar fuerte.

Las primeras imágenes tras el cambio monetario fueron las de billetes viejos en la basura, inmensas filas de ciudadanos tratando de adquirir bienes básicos y muchos otros escapando del país ante la probable agudización de la crisis. A una semana de la reconversión, la confusión es total.

Juan Becerra, de 53 años, es de Caracas y trabaja como electricista desde 2002, año en que el gobierno de Hugo Chávez decidió cerrar gran parte del parque industrial de Venezuela. En esa época se dedicaba a la reparación de maquinaria especializada, pero ante sus necesidades personales y las de su familia, tuvo que cambiar de rubro. Sin embargo hoy, como muchos otros, sufre las consecuencias de una economía que se hunde de la mano del bolívar soberano (BsS).

"Yo cobro en dólares, no manejo muchos bolívares, pero los que tenía para el momento previo los usé para comprar comida y me abastecí", cuenta a La Tercera. Según este electricista, lo más conveniente a la hora de sortear la reconversión ha sido a través de la transferencia electrónica. "Hasta ahora nunca he tenido un bolívar soberano en mis manos y ni siquiera los he visto. Pero incluso si vas a los bancos, no consigues dinero", cuenta.

Además del nuevo bolívar soberano, el Palacio de Miraflores también decidió multiplicar por 34 el salario mínimo. El último ajuste de más de 3.464%, es el quinto del año. Pero ante la persistente hiperinflación -proyectada en más de 1.000.000% por el FMI para 2018 -todavía es insuficiente. El poder adquisitivo está aniquilado.

Tiempo atrás, Juan daba a sus dos trabajadores tres sueldos mínimos a la semana, ya que con uno -cuando eran 5 mil bolívares- a penas alcanzaba para un kilo de queso que costaba 8 mil. "Con todo esto, uno de mis empleados tomó la decisión de irse a Colombia y el otro no ha trabajado durante toda la semana", dice.

Producto de la incertidumbre, las distribuidoras de materiales eléctricos permanecen cerradas, ya que con los cambios de los precios impuestos por el gobierno, nadie tiene clara las ganancias de las mercancías según los stocks de las tiendas. "Esto no pinta para bien y tengo en vista Chile", añade Juan.

El miedo a la escasez es otro tema que no deja dormir a los venezolanos. La ansiedad y la violencia se ha hecho presente en negocios y supermercados, al tiempo que parte importante de la ciudadanía intenta equiparse de todo lo que algún día podría desaparecer. Se dice que falta arroz, harina, huevos y pollo. Incluso se ha llegado al extremo que por los extendidos apagones al interior del país, se ha puesto a la venta carne descompuesta en Maracaibo.

El gobierno de Maduro publicó una gaceta con una lista oficial de precios para 25 productos. Entre los valores pactados está el del atún enlatado (72 BsS); un kilo de carne de res (90BsS); una bandeja de 30 huevos (81,50 BsS); un kilo de pollo (78 BsS); 500 gramos de mantequilla (42 BsS), entre otros productos. Desde el Banco Central de Venezuela se fijó la tasa de reconversión en 60 bolívares soberanos por dólar.

Pero los problemas no terminaron ahí. Según la misma Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, las autoridades han arrestado al menos 200 personas hasta el sábado pasado, mientras que otras 500 han sido sancionadas por no acatar las directrices del plan recuperación económica.

Así, el descontrol y las expectativas negativas están lejos de desaparecer de Venezuela, porque pese a los alegatos de la oposición, el gobierno insiste en culpar a Washington por una supuesta "guerra económica".