Ya en diciembre de 2017 en Perú se dio una situación muy particular, con dos mandatarios en la cárcel, uno prófugo y otro en tela de juicio. Sin embargo, por estos días el país vive una situación aún más inédita, con todos los expresidentes que gobernaron el país tras el fin del régimen militar de 1980 con líos judiciales.

El último que ha pasado a formar parte de esta lista negra es Alan García (1985-1990/2006-2011), quien el domingo sorprendió al refugiarse en la embajada de Uruguay en Lima para pedir asilo. El exmandatario aprista recurrió a este recurso después de que un juez le prohibiera salir del país mientras se investiga el supuesto pago irregular de US$ 100 mil por una conferencia que dio en Brasil en 2012 -cuando ya no era jefe de Estado- y que presuntamente salió de la Caja 2 de la constructora Odebrecht. "Tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí, ni nada pedí", dijo García la semana pasada, cuando volvió a Lima desde Madrid para presentarse ante la justicia.

El gobierno de Martín Vizcarra enviará a más tardar hoy la información que requiere Uruguay para analizar la solicitud de García, amparada en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

El expresidente peruano protagoniza una situación similar a la que vivió en 1992, cuando tras el autogolpe de Alberto Fujimori evitó ser arrestado escapándose por los techos de casas vecinas, para finalmente ocultarse en la maleta de un auto y exiliarse en Colombia.

Por distintas derivaciones del caso Odebrecht en Perú, tanto García, como Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) tienen procesos abiertos. Pero hasta ahora, Humala es el único que ha terminado tras las rejas. El exgobernante pasó casi 10 meses en prisión preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia, acusados de haber recibido US$ 3 millones de la constructora brasileña para financiar su campaña de 2011. "García se está victimizando igual que Toledo", afirmó Humala.

A su vez, PPK está siendo investigado por supuesto lavado de activos después de que se descubriera que su constructora Westfield Capital facturó US$ 782 mil a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro de Toledo.

Alejandro Toledo, por su parte, se encuentra en Estados Unidos, prófugo de la justicia peruana, a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición. El exjefe de Estado (2001-2006) está acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y colusión, por haber supuestamente recibido US$ 20 millones de Odebrecht a cambio de licitaciones.

En una maniobra arriesgada a ojos de los expertos peruanos, días atrás el actual Presidente Martín Vizcarra prometió traer de vuelta a Toledo para que enfrente la justicia. La justicia peruana dictó una orden de prisión preventiva de 18 meses contra Toledo.

Al mismo tiempo, Alberto Fujimori podría volver a la cárcel después de que la Corte Suprema anulara el indulto otorgado por PPK. El mismo día del fallo en su contra, el expresidente de 80 años fue internado en una clínica tras sufrir una descompensación. Y tal como han hecho sus pares, denunció una "persecución política".