Comisión investigadora del gobierno de México niega uso de pruebas falsas en caso Ayotzinapa

Ante la polémica que se ha desatado en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en el 2014 en el sur de México, el jefe de la comisión gubernamental que investiga los hechos, Alejandro Encinas, negó el miércoles que se hayan falsificado evidencias y atribuyó los recientes cuestionamientos a su gestión a personas relacionadas con quienes ejecutaron las desapariciones.

La reacción de Encinas se da un día después de que los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes presentaran una denuncia penal en la Fiscalía General de la República alegando el uso de pruebas falsas en la investigación que realizó la comisión gubernamental.

“Los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes”, afirmó el también subsecretario de Gobernación en un video que difundió en su cuenta de Twitter para defenderse de los señalamientos.

Sin mencionar nombres Encinas dijo que detrás de sus atacantes “están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”. Agregó que “quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos”.

Encinas aseguró que el trabajo de la Comisión de la Verdad “no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso”, y que las acciones que ejerció la Fiscalía General de la República y el juez del caso contra los militares detenidos están basadas en “evidencias sólidas”, y que no tienen relación con el informe que elaboró la comisión gubernamental.

El funcionario presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes se encuentran detenidos por el caso, presentaron el martes una denuncia judicial en la Fiscalía General de la República alegando que su proceso está viciado por la “fabricación y el uso de evidencias falsas”, según informaron sus abogados, Alejandro Robledo Carretero y César González.

A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.