Cómo el potente terremoto en Myanmar agudiza la crítica situación de un país en guerra

La naturaleza acrecienta el calvario de Myanmar. El 28 de marzo, el día a día en Myanmar fue interrumpido por una estruendosa sacudida sísmica que deja ya más de 1.700 fallecidos, miles de heridos y desaparecidos, edificios desmoronados y una oscura situación humanitaria que intensifica la ya existente en la nación.

Este sábado, los recuentos de las autoridades militares que rigen el país registraban alrededor de 1.700 muertos y 2.300 heridos, pero el Servicio Geológico estadounidense teme con que la cifra real pueda ascienda a las 10.000 víctimas mortales.

El terremoto ocurrió a unos 10 kilómetros de profundidad, con el epicentro localizado a 17,2 kilómetros de Mandalay, la segunda ciudad más importante del país con una población de unos 1,5 millones de personas y disputada por las fuerzas oficialistas y la oposición prodemocrática del llamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG).

Grupos de voluntarios y ONG presentes en el terreno temen que los equipos de búsqueda y la ayuda humanitaria extranjera, requerida por la junta militar gobernante tras el terremoto, no lleguen a los territorios controlados por las fuerzas prodemocráticas.

“El fuerte terremoto golpeó el país en el peor momento posible (…) Myanmar no puede permitirse otro desastre”, explicó Sheela Matthew, subdirectora del Programa Mundial de Alimentos en Myanmar, a través de un comunicado.

China, Rusia, Singapur y la India han sido algunos de los países que ya enviaron equipos de rescate y paquetes de emergencia para la población en Myanmar; empero, la junta militar tiene antecedentes de limitar el alcance de los recursos a sus bastiones políticos.

Como antecedente, hace meses, el tifón Yagi representó otro desafío natural y humanitario para el Gobierno birmano, con más de 200 víctimas mortales y daños a la infraestructura civil. Thomas Andrews, relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en Myanmar, mencionó que la respuesta del Ejército y su distribución desigual de la ayuda humanitaria para enfrentar la crisis por el tifón muestra “su voluntad de convertir la ayuda en un arma”.

¿Cómo entender la profundidad de la crisis en Myanmar?

Desde su independencia del Reino Unido en 1948, Myanmar –nacida como Birmania– nunca logró experimentar la estabilidad política, siendo objeto de gobiernos militares, golpes de Estado y fracasos económicos desde su establecimiento como Estado independiente de la corona.

Desde 1962, el país asiático estuvo bajo el comando de una junta militar, condenada por la comunidad internacional y objeto de sanciones económicas, además de políticas, que obstaculizaron el desarrollo socioeconómico en medio de la Guerra Fría y la lucha entre Occidente y el bloque comunista por influir en la vida política del país.

No fue hasta 2011 que, tras la degradación en su legitimidad popular y la ola de democratización en regiones cercanas, la junta militar de Myanmar decidió comenzar un proceso para liberalizar la vida política del país y convocó a elecciones en 2015, que a su vez fueron ganadas por un amplio margen por la Liga Nacional por la Democracia (NLD), liderado por la opositora activista Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi no pudo convertirse en presidenta en sí, ya que había legislación electoral realizada por la junta que lo impedía. No obstante, obtuvo el control ‘de facto’ del Gobierno birmano, actuando como Consejera del Estado.

Durante los años siguientes, el NLD consiguió llegar a un acuerdo con el Ejército para compartir distintas franjas del poder gubernamental, con un Parlamento predominantemente civil, pero con las decisiones de seguridad casi que reservadas para los militares.

En noviembre de 2020 volvieron a celebrarse elecciones en Myanmar, con el NLD ganando por segunda vez consecutiva, pero, esta vez, el Ejército no aceptó la derrota. Después de meses denunciando fraude electoral y pidiendo la repetición de las elecciones, la cúpula militar del país impulsó un golpe de Estado para derrocar a Aung San Suu Kyi y encarcelarla, junto con otros miembros del Gobierno.

El Ejército completó la asonada golpista en febrero de 2021, cuando impusieron una junta militar liderada por el general Min Aung Hlang –quien preside el país actualmente– y lanzando una ola de represión en distintas latitudes del territorio que terminó con más de 600 personas asesinadas solo en la capital, Naypyidaw. Desde 2021, al menos 5.000 ciudadanos han muerto debido a la violencia.

Aunque la junta militar impuso su poder y gobierna actualmente de facto el país, con base en la capital, las fuerzas opositoras se han organizado por varios frentes armados en el territorio, formando una coalición armada en contra de la junta: las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF).

En cuatro años, la guerra civil ha estallado en todo el país, con intensos intercambios armados entre ambos bandos y un avance opositor que cada vez se acerca más a la capital, a pesar de la fuerza militar oficialista, que cuenta con asistencia desde China y Rusia. Según la BBC, la junta militar tiene el control de apenas el 22% del territorio birmano.

La guerra entre la junta y los opositores ha provocado el resurgimiento de una crisis humanitaria “sin precedentes” en el país, según la ONU. Antes del terremoto, ya existían alrededor de 18 millones de personas (de un total de 55 millones de habitantes) que dependían de la ayuda humanitaria dentro de Myanmar, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas.

La crisis alimenticia llega a todos los rincones de Myanmar. Según el Programa Mundial de Alimentos, unos 15 millones de personas –cerca de un tercio de la población– no tienen recursos para satisfacer sus necesidades alimentarias, mientras que 2,3 millones enfrentan niveles de hambruna.

Pero quizá la faceta crítica más mediática dentro de Myanmar es la persecución gubernamental en contra de las minorías étnicas, especialmente los Rohingyas.

Desde la independencia del país, la comunidad Rohingya –minoría musulmana– ha sido rechazada y perseguida por el Ejército, excluyéndolos de puestos gubernamentales y privándolos de su condición de ciudadanos, lo que ha convertido al pueblo Rohingya en la comunidad apátrida más grande del mundo.

Sin embargo, en 2017, la violencia étnica llegó a picos históricos. Aung Hlang es señalado de orquestar una de las operaciones de persecución militar más violentas en contra de los Rohingya, obligando a más de 730.000 personas pertenecientes al grupo a salir del país en dirección a Bangladesh, donde tampoco son reconocidos como ciudadanos.

Aung San Suu Kyi también fue señalada internacionalmente por dar el visto bueno al general birmano para impulsar una campaña de persecución histórica contra los Rohingya. En 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de aprehensión contra Aung Hlang por su rol en la persecución contra la minoría étnica.

La catástrofe humana que ha representado el terremoto no ha sido un impedimento para la continuación de la guerra.

Este 29 de marzo, el bloque del NUG denunció que la junta militar mantiene las olas de bombardeos contra zonas opositoras apenas horas después de que el terremoto azotara el país. Unas siete personas murieron debido a las bombas en la localidad de Naung Lin, según informaron los opositores.

El NUG asegura que los ataques oficialistas habían impactado en contra de las aldeas de Chiang Oo, en el epicentro del terremoto, y Naung Cho. Y, aunque el bando rebelde proclamó una tregua de semanas para enfocarse en las labores de rescate, no descartan responder a los ataques de la junta, según un comunicado del NUG.

En enero, la ONU mencionó que Myanmar se enfrentaba a una “policrisis” configurada por las consecuencias del conflicto, la crisis económica, la pobreza y la vulnerabilidad del país a situaciones climáticas acentuadas por el cambio climático. Las desafortunadas consecuencias del terremoto se unen a la lista.

Nyi Nyi Kyaw, académico de Myanmar en la Universidad de Bristol, mencionó en sus redes sociales que en las regiones más afectadas por el terremoto “no hay un gobierno que funcione correctamente, y mucho menos legítimo”, añadiendo que, debido al reclutamiento forzado en ambos bandos, la juventud no ha podido fungir su papel tradicional en el rescate.

“Las ciudades y los pueblos están desiertos de jóvenes que antes habrían salido a la calle y se habrían movilizado para las labores de rescate y socorro”, escribió el académico.