Alan García se dispara intentando evitar orden preliminar de captura por Caso Odebrecht

Esta mañana, el expresidente peruano Alan García fue detenido por la Policía Nacional, dando así cumplimiento a una orden de detención preliminar dictada por el Poder Judicial, en el contexto de las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht, según informaron medios del país vecino.

Para concretar la detención, los agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad ingresaron al domicilio de García en Miraflores, tras lo cual el exmandatario fue trasladado a la sede de Medicina Legal, en el Centro de Lima.

García fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa donde se encuentra internado en la unidad de trauma shock tras haberse disparado en el cuello.

"Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado", había expresado ayer García, quien así se había defendido de recientes hallazgos hechos por la Fiscalía, la que descubrió que Odebrecht habría consignado más de cuatro millones de dólares en cuentas de Luis Nava, quien fue secretario de Presidencia en el segundo mandato de García (2006-2011), y de su hijo José Antonio Nava.

"Es una situación difícil... Es una situación fea, ser presidente es un inmenso honor y si la patria se convence de que tengo algo que pagar, es la patria. No estoy aquí para refunfuñar, confío en la historia y creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú. Tener miedo... eso no lo encontrará en mí", añadió anoche en una entrevista televisiva.

De acuerdo al diario peruano El Comercio, fue posible detener al ex secretario general de Presidencia, Luis Nava y al Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú.

La orden de detención en su contra fue presentada por el fiscal especial, José Domingo Pérez, quien lo investiga por presunto lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht.

El exmandatario aprista enfrentaba una detención preliminar que se extendía por 10 días, que permitía a la fiscalía realizar las pericias necesarias para la investigación del persecutor. Tras ello, podría enfrentar la medida cautelar de prisión preventiva por hasta 36 meses.