Congreso colombiano debate prohibir la venta de souvenirs de Pablo Escobar

En el Congreso colombiano, un proyecto de ley ha encendido el debate en torno a la narcocultura. Se trata de una iniciativa presentada el miércoles pasado, que busca prohibir la comercialización y distribución de ropa, objetos o imágenes alusivas a personas que hayan sido condenadas, como el fallecido narcotraficante Pablo Escobar o el sicario Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”.

El lema del proyecto es “No Más Cultura Mafiosa” y busca la mayoría de votos en el Senado y la Cámara para que sea ley la iniciativa que pretende no enaltecer la imagen de personas condenadas por esta clase de delitos en el país. La iniciativa también vetaría el uso y porte de símbolos referentes a este tipo de sujetos.

No obstante, el fenómeno de la comercialización de objetos alusivos a criminales no es algo nuevo en Colombia. En distintas partes del país y del mundo, figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Al Capone tienen su propia serie de productos, y en Antioquia, al noroeste de Colombia, es común encontrar tiendas y negocios que venden artículos con la imagen de Escobar, desde llaveros y camisetas hasta gorras e imágenes de su cédula.

Además, existen tours que llevan a los turistas a visitar las propiedades asociadas con “el Patrón”, y en Medellín funcionaba un museo dedicado a su figura hasta hace poco, operado por su familia, según indica el periódico El Colombiano.

El proyecto de ley fue redactado y propuesto por el representante Cristian Avendaño, de la Alianza Verde y oriundo de Santander, quien advirtió que el objetivo es “superar esta estigmatización y paradigmas culturales”, impulsando la iniciativa con el fin de que, desde el Estado, se adopten “medidas para contrarrestar el narcoturismo, el turismo sexual y la venta de artículos que exaltan y vanaglorian la imagen de narcotraficantes y criminales como modelos a seguir por la presentes y futuras generaciones”.

Para Avendaño, “estos artículos están revictimizando a personas que fueron víctimas de asesinos”. Asimismo, señaló que “debemos proteger el derecho de las víctimas a recuperarse… y encontrar otros símbolos para nuestro país. (...) No podemos seguir alabando a estas personas y actuar como si sus crímenes fueran aceptables. Hay otras formas de que las empresas crezcan y otras formas de vender Colombia al mundo”.

La iniciativa consta de tres artículos: en el primero se indican las conductas que se buscan prohibir como la distribución, el porte y uso de símbolos de personas condenadas por la comisión de delitos. En el segundo, en cambio, se plantean multas que incluyen la suspensión temporal de la actividad económica y destrucción del bien.

En específico, el segundo apartado se agrega al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que sean sancionados quienes comercialicen, distribuyan, usen o porten símbolos o material audiovisual que exalte la imagen de personas condenadas, con multas contempladas de hasta 170 dólares, así como la suspensión temporal de la actividad o la destrucción del bien.

Y en tercer lugar, se permitirá el uso y porte solo cuando sea utilizado como pedagogía ciudadana, investigación o enseñanza, así como también aplica la prohibición cuando estas personas se encuentren habilitadas para ser elegidas en comicios electorales.

La idea de Avendaño ha sido criticada por los comerciantes de éstos artículos, quienes se verían perjudicados si la ley entra en vigor. En el histórico barrio La Candelaria de Bogotá, por ejemplo, los vendedores de souvenirs dijeron a la agencia The Associated Press que se oponían a la iniciativa.

“Creo que es una ley tonta”, dijo Rafael Nieto, un vendedor ambulante que comercializa imanes y camisetas con la cara de Pablo Escobar, así como recuerdos más tradicionales. Nieto aseguró que dejaría de vender mercancía de Escobar si se aprueba el proyecto de ley, para “evitar problemas” con la policía. Pero agregó: “No es una tendencia que yo inventé… los mexicanos, los costarricenses, los estadounidenses siempre me piden mercancía de Escobar”.

Otra vendedora callejera, que pidió ser identificada solo como Lorena, señaló que también ha acumulado artículos que representan al narcotraficante, como copas de chupito e imanes, porque es lo que los turistas internacionales están pidiendo, además de recuerdos que muestran hojas de coca. “Cuando trabajas como vendedora, tratas de vender lo que es más popular”, comentó Lorena. “Cada quien tiene su propia personalidad, y si hay gente a la que le gusta un asesino o un narcotraficante, pues esa es su elección”, añadió.

“Muchas personas viven de esto”, añadió Nieto, señalando una camiseta que muestra una copia de la cédula colombiana de Pablo Escobar. Hasta ahora, la iniciativa no contempla ningún tipo de apoyo para quienes subsisten de este tipo de comercio, cuya cifra precisa no se conoce debido a que, la mayoría de los comerciantes involucrados en la venta de productos relacionados con Escobar operan en la informalidad, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Para Avendaño, el apoyo a estos vendedores se trata de un aspecto que se puede incluir a medida que avance la discusión. “Haciendo un análisis, muy de calle, observamos que las personas que dependen de este tipo de actividad lo hacen como adyacente a su actividad principal. Es decir, comercializan prendas, pero no todas de Escobar, por ejemplo”.

La reciente propuesta también ha desatado un intenso debate en Colombia respecto de la libertad de expresión garantizada por la Constitución, que protege el derecho a expresar y difundir opiniones, ya sea a través de camisetas, llaveros o cualquier otro artículo, pero Avendaño aseguró que se corregirán los posibles impactos sobre la libertad de expresión durante el debate.

Aún sin el respaldo total del Gobierno de Gustavo Petro, el proyecto cuenta con el apoyo de algunos congresistas y se encuentra en proceso de discusión. Pero debe pasar por cuatro debates para ser aprobado por el Congreso, explicó Avendaño, y agregó que si la legislación ve la luz, habrá un “período de transición” en el que los funcionarios del gobierno trabajarán con los vendedores de souvenirs.

El año pasado, Colombia rechazó una solicitud de registro de marca del nombre de Pablo Escobar, presentada por su viuda y sus hijos, para vender lo que describieron como productos educativos y de ocio. En su decisión, la Superintendencia de Comercio de Colombia dijo que una marca de Pablo Escobar sería “permisiva de la violencia y amenazaría el orden público”.

A principios de este año, el Tribunal General de la Unión Europea rechazó una solicitud de marca similar presentada por la familia de Escobar, argumentando que iba en contra del “orden público y los principios aceptados de moralidad”.