Congreso de Perú aprueba comisión que evaluará retiro del país de jurisdicción de la Corte Interamericana de DD.HH.
El proyecto de ley fue promovido por la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano e indica que el comité será presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, quien hace dos semanas desacató a la CIDH para avalar el indulto del expresidente Alberto Fujimori.
El pleno del Congreso peruano aprobó el viernes, con 69 votos, 37 en contra y 2 abstenciones, una ley para crear una comisión de alto nivel que proponga reformas en el sistema interamericano de derechos humanos, y que el caso que la OEA no las implemente o las rechace en un plazo de 180 días, el vecino país evaluaría un eventual retiro de la Corte Interamericana de DD.HH.
El dictamen fue promovido por la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano, con el respaldo de las bancadas de los partidos Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y sus aliados.
La norma dispone que la comisión sea presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, quien hace dos semanas desacató a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para avalar el indulto del expresidente Alberto Fujimori.
Desde los sectores parlamentarios que rechazaron la iniciativa se asegura que su objetivo es atacar es atacar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte.
El congresista Jaime Quito dijo que “la mayoría congresal continúa con su plan de impunidad. Acaban de aprobar la creación de una comisión que busca, en última instancia, retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El objetivo es la impunidad de Alberto Fujimori y del régimen de Dina Boluarte”.
A la vez, la legisladora Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, afirmó que “el Congreso continúa en su afán de destruir lo avanzado. Este es el primer paso para salirnos de todos los organismos internacionales que defienden los derechos humanos”.
El dictamen aún está pendiente de segunda votación, pero la aprobación está asegurada por la mayoría de votos de las coaliciones que respaldan la iniciativa.
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