El pleno del Congreso aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención el proyecto de adelanto de elecciones para abril de 2024. La propuesta -que tiene que ser ratificada en una segunda legislatura con al menos 87 votos, al tratarse de una reforma constitucional- tiene como objetivo calmar las protestas que se iniciaron luego de la destitución del Presidente Pedro Castillo, que ya han dejado 26 muertos y 39 desaparecidos.

La sesión plenaria se desarrolló luego de que la Presidenta Dina Boluarte exigiera a los congresistas no buscar “pretextos”, ni escudarse detrás de una abstención y aprobar el adelanto de elecciones. “No sean ciegos, miren a la población y actúen”, enfatizó, según citó el diario El Comercio.

El texto sustitutorio plantea que la Presidenta convoque a elecciones en abril de 2024, concluyendo su mandato el 28 de julio de 2024. Asimismo, en el caso de los congresistas y representantes del Parlamento Andino, su gestión terminaría el 26 de julio de 2024.

La sesión del Congreso empezó con un minuto de silencio por la víctima número 26 el lunes, según el gobierno, en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con mineros informales que habían bloqueado la carretera en la zona de Chala, en la región de Arequipa, unos 610 kilómetros al sur de Lima.

Al inicio de la sesión, los congresistas reconsideraron su decisión del viernes en la que no lograron aprobar la reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Fueron 92 votos a favor, 25 en contra y 5 abstenciones. Se requería alcanzar 66 votos para que puedan volver a debatir.

El adelanto de elecciones se aprobó con los votos en bloque de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Bicentenario y no agrupados.

congresistas de Perú Libre, Renovación Popular (José Cueto y Gladys Echaíz), así como Guido Bellido (no agrupado), entre otros. votaron en contra del proyecto.

“El saldo trágico de muertes se debe en gran parte a la ceguera del Congreso”, escribió el periodista peruano Fernando Vivas en una columna publicada por el Comercio. Bloques de izquierda, como Perú Libre, manifestaron que su rechazo a este proyecto se debió a que exigen la inclusión de una reformas que permita consultar a las personas la convocatoria o no de una asamblea constituyente, que elabore una nueva Carta Magna y que el recorte de mando sea en julio de 2023, porque la protestas exigen celeridad.

“A estas alturas, si bien es importante... ya no será suficiente”, dijo a The Associated Press la politóloga Verónica Ayala, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“No basta con adelantar las elecciones desde arriba, sino hacerlo de modo convocante. En ello radica el problema de la calle: no son tomados en cuenta para las grandes decisiones”, consideró a la misma agencia el politólogo Martín Navarro, docente de la Universidad Mayor de San Marcos.

El politólogo Paolo Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, consideró que la población percibe que “los congresistas están buscando hacer tiempo para quedarse o hacer reformas que les permitan reelegirse. La insatisfacción de quienes protestan con la política hace que su demanda sea maximalista: que se vayan todos lo antes posible”.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Jorge Salas, dijo el martes que sacrificando requisitos previos se pueden realizar unas elecciones generales a fines del 2023.

“El sistema electoral se encuentra en posibilidad de asumir ese reto, pese a las dificultades que connota, con la finalidad de apoyar en la tarea colectiva de sembrar la paz”, dijo Salas en un mensaje difundido por Twitter.

Por otro lado, la ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, mantuvo este martes una reunión telemática con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, para abordar la situación de los derechos fundamentales en la nación andina. Según detalló el ministerio en una publicación en sus redes sociales, Turk manifestó su “solidaridad” con la compleja situación por la que atraviesa el país, y mostró su disposición para “colaborar en conjunto para encontrar una salida que renueve la cohesión social y la confianza en las instituciones del país”.

Por su parte, Gervasi invitó al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que visite Perú durante los primeros días del próximo mes de enero, tal y como ha detallado la cartera diplomática andina en un comunicado. Finalmente, Perú y el Alto Comisionado han renovado su compromiso con “la protección y promoción de los derechos humanos”, a la par que manifestó su intención de incrementar la cooperación para el “fortalecimiento de capacidades en instituciones del país”. El organismo de Naciones Unidas ya instó la semana pasada a las autoridades peruanas a “tomar medidas inmediatas” para acabar con la muerte de menores en el marco de las protestas que sacuden el país.

Se esperaba que el martes Boluarte tomara juramento a su nuevo gabinete ministerial tras anunciar que haría una recomposición por la renuncia de los titulares de Cultura, Jair Pérez, y de Educación, Patricia Correa. Además, ya no contará con su premier Pedro Angulo.

A una semana de nombrado su gabinete, la mandataria Boluarte dijo que los ministros cumplieron en responder a la crisis política de ese momento, pero tras la convulsión social y conflictos a nivel nacional, decidió recomponerlo y “darle mayor tranquilidad al país”. Sin embargo, luego se dio a conocer que no se realizaría el cambio.

Otra situación que preocupa en el paíz es lo que ocurra con el exmandatario Castillo y familia. El gobierno peruano declaró persona no grata al embajador de México y le dio 72 horas para que abandone el país luego de que el gobierno de Manuel López Obrador le diera asilo político a la familia de Pedro Castillo.

La ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Gervasi, anunció la decisión de pedir al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa que se retire del territorio peruano se tomó “por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país” sobre la situación política del Perú que constituyen “injerencia” en nuestros asuntos internos. Son, según la ministra, “violatorias del principio de no intervención”.

Gervasi adujo que esta medida se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

También informó que el gobierno peruano dio salvoconducto a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores, para cumplir con las obligaciones sobre asilo político de la Convención de Caracas, después de que México otorgara esa protección diplomática a Pedro Castillo tras la pérdida del cargo del exmandatario.

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó el martes que su país le concedió asilo político a la esposa del expresidente, la exprimera dama Lilia Paredes y a sus dos hijos, que son menores de edad. El canciller indicó, además, que la mujer ya se encuentra en la embajada.

“El asilo ya se les concedió, porque están en territorio mexicano, están en la embajada y cuando están en la embajada les concedes el asilo, es una decisión independiente y soberana de México. Ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir (de Perú) lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean”, dijo Ebrard en la conferencia de prensa diaria del Presidente mexicano, Andrés López Obrador.

Según explica el diario El Comercio, Paredes Navarro afronta en la actualidad una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de organización criminal, al ser sindicada como coordinadora en la red criminal que habría liderado Castillo Terrones, para otorgar obras del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en Anguía (Cajamarca) y otras localidades del país.

México, Argentina, Colombia y Bolivia emitieron la semana pasada un comunicado conjunto indicando que Castillo había sido víctima de “hostigamiento” político desde que asumió el poder el año pasado y exhortaron al nuevo gobierno de Perú a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.

El Gobierno deBoluarte, rechazó de inmediato esa posición y llamó en consulta a sus embajadores en esos países -gobernados por líderes de izquierda- por “la intromisión en los asuntos internos” del país.

AMLO, quien ha calificado la expulsión de Castillo como antidemocrática, ha sido el más crítico del nuevo Gobierno en Perú y no ha reconocido a la mandataria Boluarte.

México tiene una larga tradición de otorgar asilo a diversos políticos y personalidades, entre los más conocidos se encuentran el revolucionario ruso León Trotski y el cineasta español Luis Buñuel; y, más recientemente, fue asilado el expresidente boliviano Evo Morales.