Corte internacional planea abrir caso penal contra Rusia por diversos crímenes de guerra

Después de un año transcurrido desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, la Corte Penal Internacional tiene la intención de abrir dos casos judiciales en contra Moscú. Se trata de los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto. Alegan que Rusia secuestró a niños y adolescentes ucranianos y los envió a campos de reeducación rusos, y que el Kremlin atacó deliberadamente la infraestructura civil.

Según el diario The New York Times, que conversó con funcionarios en conocimiento de la decisión, se buscará órdenes de arresto para varias personas. El periódico señaló que el fiscal jefe, Karim Khan, primero debe presentar sus cargos ante un panel de jueces de instrucción que decidirán si se han cumplido los estándares legales para emitir órdenes de arresto o si los investigadores necesitan más pruebas.

Esto ocurre simultáneamente a las denuncias hechas por la organización Human Rights Watch (HRW) sobre las consecuencias de la guerra sobre la población infantil ucraniana, apuntando específicamente al caso de la deportación forzosa de niños y niñas ucranianos a territorio ruso, el cual es uno de los dos crímenes investigados por la Corte Internacional.

Uno de los casos con los que se busca abrir el caso en contra de Rusia y que ha llamado la atención es el secuestro de población infantil ucraniana en territorio ocupado por el Kremlin, los que son deportados a Moscú para su reeducación en campamentos de verano o son reformados como ciudadanos rusos.

Según cifras del gobierno ucraniano, y que fueron recogidas y organizadas por HRW, Ucrania tenía cerca de 105.000 infantes internados en instituciones estatales antes de la invasión rusa, de los cuales casi la mitad son discapacitados, según la ONU. A día de hoy, cerca de 100 instituciones, que albergaban 32.000 niños, se encuentran en territorio ocupado por Rusia.

A esto se suma las cifras que indican que nueve de cada diez de los niños internados en esos establecimientos fueron puestos allí por una situación de pobreza o dificultad dentro de su familia.

“Los niños ucranianos que estaban alojados en instituciones de la era soviética se enfrentan ahora a riesgos extremos debido a la guerra de Rusia contra Ucrania”, comentó Bill Van Esveld, director asociado de derechos infantiles de HWR, en el informe de la organización.

En este escenario, varios de estos niños son deportados a la fuerza a Rusia, lugar donde se mandan a hogares para convertirse en ciudadanos rusos, o son alistados a campamentos en los que se les reeduca, reforma, e incluso entrena militarmente, según investigaciones hechas por The New York Times.

El informe hecho por la Universidad de Yale y el programa Observatorio de Conflictos del Departamento de Estado de EE.UU detallaron que al menos 6.000 niños de origen ucraniano se encuentran retenidos en 43 campos rusos. Por otro lado, la Oficina Nacional de Ucrania afirmó que, en marzo, la cifra podría ser más de 16.000. “Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra”, comentó al medio estadounidense el fiscal Karim Khan, jefe de la acusación contra Rusia en la Corte Internacional.

Por su parte, el Kremlin no ha ocultado la existencia de un programa infantil del estilo, aludiendo a que es una medida humanitaria para proteger a los niños de la guerra. En este escenario, la imagen pública del programa, Maria Lvova-Belova, ha promocionado las adopciones en Rusia, sumado a los cambios hechos por el Kremlin en mayo de 2022, en las que se acelera el proceso de nacionalización de ciudadanos ucranianos.

“Está prohibido trasladar por la fuerza a civiles a través de una frontera, y durante un conflicto puede ser un crimen de guerra. También puede constituir crímenes contra la humanidad si forma parte de una política generalizada y sistemática. Deportar a niños podría incluso formar parte de una intención genocida”, detalló a The New York Times Mark Ellis, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados.

Por otra parte, el segundo caso que se estudia es el ataque constante contra infraestructura civil de Ucrania por parte del ejército ruso, sumado a bombardeos a estructuras eléctricas e hídricas.

Dentro de las investigaciones, según The New York Times, Estados Unidos tiene pruebas que exponen la decisión deliberada del Kremlin de atacar estructuras civiles de alta vitalidad, y cuya difusión con el tribunal aún se discute dentro del gobierno, donde el presidente Joe Biden no ha dado una respuesta al asunto. Sin embargo, el Departamento de Defensa busca impedir que se divulgue la información, debido a que podría comprometer a agentes estadounidenses y que estos sean procesados.