Corte Suprema de México desafía a AMLO con nueva propuesta de reforma judicial

“Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”. Esa fue la nueva propuesta anunciada este domingo por la Corte Suprema de Justicia de México, justo el mismo día en que el Senado inició la discusión de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La contrarreforma fue anunciada por Norma Lucía Piña, la ministra presidenta del Poder Judicial, quien, sin nombrarla directamente, cuestionó la propuesta de AMLO.

La iniciativa del mandatario y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que se discute en el Congreso ya fue aprobada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados el martes pasado, pero la Suprema no estuvo para nada de acuerdo. “La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende”, dijo Piña en un video publicado en internet mientras anunciaba la nueva propuesta. “Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, añadió.

“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México”, agregó la funcionaria. Así, la contrapropuesta de la Suprema contempla 66 ideas de reforma en varias áreas para mejorar la ética y legitimidad judicial, fortalecer los poderes judiciales locales, la seguridad pública, la investigación criminal y la atención a víctimas de delitos, entre otras áreas.

Sobre el nombramiento de los jueces, el proyecto de la Suprema no hace mención al artículo más controvertido de la propuesta de AMLO -el de elegir por votación popular a los magistrados-, pero apuesta por “estandarizar” las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales de México, a través de la creación de una nueva Ley Nacional de Carrera Judicial, que “unifique las reglas y procedimientos de la carrera judicial en los poderes judiciales del país”.

Ello, “para asegurar que el acceso y la promoción en los cargos, incluida la designación de magistrados, se realice a través de procedimientos objetivos que evalúen el perfil, conocimiento y competencias de los candidatos. Este proceso debe ser llevado a cabo por órganos independientes, como los Consejos de la Judicatura Estatales y sus institutos judiciales, en colaboración con expertos de la academia y la sociedad civil, a fin de garantizar la legitimidad y el profesionalismo del sistema judicial”.

La propuesta de la Corte Suprema se dio a conocer el mismo día en que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, lideradas por las senadoras oficialistas Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, comenzaron en el Senado de México el debate sobre el proyecto de reforma impulsado por López Obrador. Ahora, la reforma será discutida en su última instancia en el pleno del Senado este miércoles.

La propuesta de López Obrador es la más grande desde 1994 e implica la reestructuración del Poder Judicial, con más de 1.600 cargos en juego y dos elecciones en 2025 y 2027. Por ello, encontró enormes resistencias entre los empleados judiciales y los magistrados, que temen por sus derechos laborales. De hecho, hasta el mediodía de este lunes continuaban las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de la Ciudad de México, que protestaron frente a las instalaciones del Senado con pancartas y gritando consignas contra la reforma, según informó el diario mexicano Milenio.

La oposición a la reforma original es porque ésta modificaría por completo al Poder Judicial al establecer que los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral federal y los jueces de los distritos, serán designados en unas elecciones que, por primera vez en la historia, quedarán abiertas a la ciudadanía en 2025, según explica el diario El Universal.

Con el fin de que pudiera avanzar a la Cámara Alta, el bloque conformado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados debió aprobar algunas modificaciones al proyecto original para suavizar los efectos negativos sobre los jueces que sean removidos con la entrada en vigor de la reforma. Asimismo, la alianza oficialista propuso indemnizaciones para los jueces que no resulten electos, según explica el diario español El País desde México.

Los legisladores del bloque mayoritario defendieron que la compensación económica a los jueces demuestra el compromiso del gobierno con sus derechos, mientras que la oposición, representada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó esta medida como un “soborno” o un “premio de consuelo” para frenar las protestas de los empleados judiciales, quienes han bloqueado la Cámara de Diputados y amenazan con hacer lo mismo en el Senado.

Sobre la contrapropuesta anunciada por Norma Piña, López Obrador respondió este lunes durante su conferencia matutina que su iniciativa de reforma no busca la destrucción del Poder Judicial. “Ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario”, afirmó, tras ser cuestionado por el posicionamiento que hizo el domingo la titular de la Corte Suprema al presentar su propuesta.

Desde el Palacio Nacional, AMLO afirmó que la ministra está en su derecho de manifestarse, pero que aún así, “urge limpiar” a este poder de la corrupción, presumiendo que esto ya se logró en el Ejecutivo y en el Legislativo. “Al grado que la misma presidenta (del Poder Judicial) ayer reconoce que el 45% de los 40 mil trabajadores del Poder Judicial son familiares, es el poder de la familia, es el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), el nepotismo a todo lo que da”, dijo.

Además, aseguró que esa limpieza es “en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México”. Algo que reafirmó la presidenta electa y discípula de AMLO, Claudia Sheinbaum, quien señaló este lunes que los inversores nacionales y extranjeros no tienen de qué preocuparse por la posible aprobación de la reforma.

“No tienen de qué preocuparse los inversionistas nacionales y extranjeros, va a haber un mejor Poder Judicial en México”, señaló la futura mandataria, que asumirá el poder el próximo 1 de octubre, durante una conferencia de prensa. Asimismo, afirmó que el proyecto “no tiene costo político” y garantizó que en México va a haber “un verdadero Estado de derecho”, según consigna Infobae.

Por otro lado, AMLO evitó pronunciarse sobre los detalles legislativos necesarios para la aprobación de la reforma en el Senado. “Eso le corresponde al Congreso; que ellos definan cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada y que proceda la reforma constitucional”, afirmó, delegando el debate sobre los procedimientos a las instancias correspondientes, puesto que se estima que la oposición tiene los votos suficientes para oponerse y que la iniciativa no prospere, mientras que Morena asegura contar con los votos necesarios para lograr la mayoría calificada para aprobar un proyecto constitucional.

Finalmente, el mandatario criticó los dichos de María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora de Aguascalientes por el PAN, quien pidió linchar a quien vote a favor de la reforma judicial. “Al que vote en contra lo vamos a linchar, fíjense eso, le salió lo autoritario, no me equivoco, claro que todos cometemos errores, no somos perfectos”, afirmó el presidente, agregando que los conservadores “tienen tres características”: son “muy hipócritas”, “muy corruptos” y “muy autoritarios”.

La reforma oficialista al Poder Judicial ha generado una serie de protestas en México, incluyendo manifestaciones estudiantiles en rechazo a la iniciativa. Por su parte, la Corte Suprema votó este lunes por mantenerse en paro de actividades que inició la semana pasada, por lo que no tuvo sesiones públicas durante la jornada ni las tendrá este martes, y el jueves discutirá nuevamente si reanuda labores con normalidad. En tanto, las dos salas de la Corte decidirán por su cuenta si sesionan este miércoles, exclusivamente para resolver asuntos urgentes.

Adicionalmente, organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce, agencias calificadoras como Fitch, y entidades financieras como Citibanamex, Morgan Stanley y UBS, junto con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, han expresado su preocupación debido a los posibles riesgos para la inversión privada y los tratados comerciales, según informó la agencia EFE.