Crisis de la vivienda en España impulsa el número de personas sin hogar en pleno auge del turismo

Francisco Carrillo sollozaba de alivio tumbado en la cama de su nuevo departamento en Madrid, proporcionado por una organización benéfica, después de tres años durmiendo a la intemperie en la trastienda de un teatro.

Este jubilado de 62 años no podía permitirse pagar el arriendo en la capital cuando se mudó desde Jaén, en el sur de España, para tratarse un cáncer de garganta.

“Esta noche voy a dormir como un bebé”, dice.

Carrillo es uno de los cada vez más numerosos españoles que se han visto excluidos del mercado debido a la escasez de viviendas sociales y a la normativa que impide el arriendo a largo plazo.

La situación se ha visto agravada por el auge del arriendo vacacional en plataformas como Airbnb y Booking.com, que ha provocado una oleada de protestas en todo el país en las últimas semanas.

La tasa de personas sin hogar ha aumentado un 24% desde 2012, hasta alcanzar las 28.000 personas, según las estadísticas oficiales, mientras que cerca del 45% de las personas que viven de arriendo están en riesgo de pobreza o exclusión social, según un informe del Banco de España, la proporción más alta de Europa.

El número de personas sin hogar ha aumentado considerablemente en toda Europa en la última década, según la Comisión Europea, pero la magnitud del problema en España queda enmascarada por el hecho de que los jóvenes españoles optan por vivir más tiempo con sus padres.

Más del 60% de los jóvenes de entre 18 y 34 años viven en el hogar familiar y España registró la tasa de aumento más rápida de jóvenes que viven con sus padres entre las principales economías europeas entre 2008 y 2022.

Según el informe, el parque español de vivienda social representa sólo el 1,5% del total de hogares, frente a una media europea del 9%.

La competencia por los pisos de arriendo privado es feroz. Alrededor de 40 personas responden a cada oferta que sale al mercado en Madrid, según la web de anuncios inmobiliarios Idealista.

El actual plan de vivienda pública del Gobierno añadirá 184.000 unidades en los próximos tres años. El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dijo en mayo que le gustaría que el parque de vivienda social se equiparara a la media europea durante su mandato, que finaliza en 2027.

Pero el Banco de España calcula que se necesitan 1,5 millones de viviendas más para cumplir ese objetivo.

El ritmo de construcción de 90.000 viviendas al año es inferior al crecimiento de la demanda y está muy por debajo de las 650.000 viviendas construidas en 2008, según datos oficiales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo el martes que el Gobierno había empezado a trabajar en un nuevo plan para cumplir ese objetivo.

Para llenar parte del vacío dejado por el Estado, las organizaciones benéficas recurren al capital privado, aunque sea una fracción de lo necesario.

El piso que la organización Mundo Justo puso a disposición de Carrillo pertenece a Techô, un fondo de inversión social que proporciona viviendas de arriendo a grupos benéficos que trabajan con personas sin hogar y que en abril salió a bolsa con el apoyo de 33 socios empresariales, entre ellos las firmas globales EY y CBRE.

Techô posee unos 230 pisos y trabaja con 50 oenegés que cobran arriendos un 30% inferiores a los del mercado. Para los inversores es una oportunidad de asegurarse una rentabilidad, al tiempo que mejoran su puntuación medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), afirma Blanca Hernández, presidenta del fondo de inversión inmobiliaria.

Otra organización benéfica, Hogar Sí, arrienda 400 departamentos a personas sin hogar. Hace dos años empezó a buscar inversores para comprar algunos de esos pisos como forma de reducir costos.

José Manuel Caballol, responsable de la fundación Hogar Sí, afirma que la crisis de la vivienda requiere una combinación de iniciativas privadas y públicas en materia de arriendo social.

“Hay que ser mucho más ambiciosos”, dijo.

Grandes ciudades como Madrid también tienen que hacer frente a la migración del campo a los centros urbanos, donde está el empleo, según Diego Lozano, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de la ciudad.

En Madrid hay 48.000 personas en lista de espera para una vivienda social. Lozano dijo que la ciudad está trabajando para casi triplicar su parque de viviendas sociales hasta 15.000 para 2030, pero admitió que, aun así, no se cubrirá la demanda.

También culpó a una reciente ley diseñada para proteger los derechos de los inquilinos al permitir que las personas vulnerables permanezcan en una propiedad hasta dos años sin pagar arriendo, lo que, según él, tiene un efecto de enfriamiento en los propietarios que sopesan los arriendos a largo plazo.

Los propietarios están exigiendo a los inquilinos garantías de pago del arriendo que los más pobres no pueden ofrecer, según tres oenegés consultadas por Reuters.

Otros se están pasando al lucrativo mercado a corto plazo, que no se rige por la misma normativa. La oferta de arriendos a largo plazo ha caído un 15% en un año, mientras que los arriendos a corto plazo, principalmente para turistas, aumentaron un 56% hasta marzo, según Idealista.

La pensionista Carmen Cajamarca, de 67 años, recibió una carta en la que se le daba un mes para abandonar su piso de arriendo en el barrio madrileño de Lavapiés, después de que el edificio en el que vive desde hace 25 años fuera vendido a un fondo argentino que está reformando sus departamentos para destinarlos al arriendo vacacional.

Cajamarca dijo que dejará Madrid y está retrasando todo lo posible la búsqueda de un nuevo hogar.

“Esto sólo es para turistas. (...) y la gente que hemos vivido siempre (aquí), ¿dónde quedamos?”, dijo.

La crisis es tan aguda que las ciudades españolas están intentando limitar o eliminar los departamentos turísticos.

En Cádiz, Eva Orihuela se unió a un movimiento local para prohibir los arriendos vacacionales después de que su madre, María, de 88 años, se enfrentara a un desahucio inminente antes de que el club de fútbol local interviniera para comprar su casa y arrendársela a ella por el mismo precio.

Orihuela se sintió aliviada de que su madre siguiera teniendo un techo bajo el que cobijarse.

“Pero hay muchas más Marías”, advirtió.