Para entender: De qué se trata el conflicto social que afecta hace meses a Hong Kong

Los últimos tres meses en Hong Kong han estado marcados por masivas manifestaciones pacificas, huelgas generales y la toma de edificios públicos y recintos privados, lo que ha obligado a Beijing a reconocer que se encuentra frente a una de sus peores crisis políticas desde 1997, año en que el territorio dejo de estar en manos de Reino Unido.

Las protestas, que fueron en un principio pacíficas, ahora han estado marcadas por los enfrentamientos con la policía de Hong Kong, quienes han usado gases lacrimógenos, gas pimienta y bastones, entre otros, para dispersar a los manifestantes. Medidas que mantienen en alerta a la comunidad internacional y que han sido criticadas por diversas autoridades, entre ellas Michelle Bachelet, expresidenta chilena y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. 

Durante los últimos días, los manifestantes han burlado los sistema de seguridad del Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA), ingresando al lugar y bloqueando el terminal de desembarque, lo que obligó a las autoridades del terminal aéreo a suspender vuelos, complicando a los turistas, quienes temen llegar y encontrarse con alguna protesta.

El movimiento comenzó en rechazo al proyecto de ley de extradición, una normativa que, según sus críticos, abría las puertas a que los ciudadanos de Hong Kong fueran juzgados en China continental. Esto causó controversia en sectores de la población, que temen que, de darse ese escenario, no sean sometidas a un proceso judicial justo. Además el descontento del movimiento exigía la renuncia de la jefa del Ejecutivo , Carrie Lam.

Finalmente, la autoridad local cedió y anunció que la iniciativa estaba "muerta de muerte natural", descartando que el proyecto pudiera ser discutido por el Consejo Legislativo (Parlamento local). Sin embargo, Lam se negó a dimitir.

El alcance y la fuerza del movimiento social aumentó, dando un nuevo impulso a los manifestantes, que ampliaron sus demandas para exigir mayor democracia en el territorio y autonomía de Beijing. Además, las denuncias de brutalidad policial durante las protestas aumentaron la molestia entre los manifestantes, quienes exigen que sean investigados los casos de abuso policial. 

Algunos de los manifestantes han optado por cubrir sus rostros, y se han organizado por vía aplicaciones como Telegram -prohibida desde 2015- y FireChat. Además, para proteger su identidad han usado punteros láser hacia las cámaras de vigilancia, intentando evitar ser reconocidos por las fuerzas de seguridad.

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La toma del Consejo Legislativo, la detención del servicio de metro de la ciudad y la ocupación del principal terminal aéreo de la región -y el octavo aeropuerto a nivel mundial- han sido algunas de las acciones con la que se intenta presionar a las autoridades chinas.

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Mapa de los lugares que han sido epicentro de las movilizaciones.[/caption]

Sin duda, la crisis política de la región administrativa especial ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de Xi Jinping, que de acuerdo a medios internacionales ha intentado aumentar el personal especializado para disolver las manifestaciones, que se extienden por más de 60 días.

"Aquellos que juegan con fuego, se quemarán". Así lo afirmó Yang Guang, vocero de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao (HKMAO) -la entidad encargada de la región- al hacer un balance de las últimas manifestaciones, advirtiendo a los "extremistas" que participan de estas actividades que serán identificados y "castigados".

Además, el gobierno central de China ha intentado mostrar en reiteradas oportunidades su apoyo a Lam y la administración de la región.

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El día martes, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió al movimiento ciudadano y la reacción que han tenido las autoridades de China continental, manifestando su preocupación por el actuar de la policía y las herramientas que ha usado para disolver las protestas.

En ese sentido, el organismo internacional pidió realizar una "investigación imparcial" sobre la violencia y llamo a respetar el derecho a la libertad de expresión y a la concentración pacífica.

De acuerdo a la agencia Reuters, la administración de Xi Jinping respondió a la declaración de la expresidenta señalando que se trató de un "comunicado errado" y afirmando que es una "señal equivocada a los criminales".

En ese sentido, el comunicado de la delegación china calificó la intervención de la exmandataria como una intromisión en los asuntos internos de su país.