Familiares de detenidos en el régimen de excepción en El Salvador solicitan su liberación
Según los parientes, hay muchos salvadoreños “inocentes” que su único delito “es ser pobre o habitar en zonas estigmatizadas por la sociedad, en su mayoría comunidades marginales donde se etiquetan de delincuentes". Esto, en momentos en que la Asamblea Legislativa aprobó el viernes de la semana pasada la cuarta prórroga del estado de excepción.
Cientos de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador protestaron este martes hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Asamblea Legislativa para exigir la liberación de sus parientes.
“En ningún momento nosotros nos oponemos a las capturas de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado”, enfatizaron, tal y como ha recogido el diario La Prensa Gráfica.
“Solicitamos a los diputados que se revise los casos de inocentes detenidos arbitrariamente pues ellos son padres, hermanos, primos sobrinos, amigos, quienes en muchos casos son los que llevan sustentos a sus casas, y no es justo este pagando cárcel por delitos de los cuales no existen pruebas o evidencias en su contra”, resaltaron en un comunicado los manifestantes.
“Rogamos que puedan apegarse a Estado de Derecho y precisar estos casos, respetando los tratados y respetando los Derechos Humanos”, esgrime el comunicado.
Así, han hecho hincapié en que hay muchos salvadoreños “inocentes” que su único delito “es ser pobre o habitar en zonas estigmatizadas por la sociedad, en su mayoría comunidades marginales donde se etiquetan de delincuentes a todos los que vivimos en estas zonas lo cual es completamente falso”, afirmaron los familiares de los detenidos.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el viernes de la semana pasada la cuarta prórroga del estado de excepción para combatir a los pandilleros en el país, horas después de que el Gobierno lo solicitara al Parlamento salvadoreño.
Durante el periodo del estado de excepción, el gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
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