La fuerte "reestructuración" de la policía boliviana tras escándalos de corrupción

Ante los escándalos de corrupción que salpican a la policía boliviana, el gobierno del Presidente Evo Morales decidió tomar el toro por las astas. "Las medidas las vamos a aplicar de manera acelerada, transversal y de forma inmediata en la policía", dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre el proceso de "reestructuración" al interior de la institución. Se trata de 12 disposiciones que incluyen, entre otras polémicas disposiciones, el registro de las actividades de los familiares de los 37.000 policías bolivianos.

En diciembre, la prensa boliviana dio cuenta de un caso de contrabando al interior de la Policía de Oruro que involucraba a una veintena de efectivos. En medio de la conmoción por el escándalo, el entonces comandante de la institución en ese departamento, Rommel Raña, fue acusado de corrupción en "destinos policiales y cobros ilícitos para ingreso de contrabando".

Raña fue detenido en marzo e imputado por los delitos de cohecho pasivo y beneficios por su cargo. El excomandante permanece en prisión preventiva después que la Fiscalía probara "su participación en presuntos cobros irregulares a cambio de destinar a policías subalternos a puestos de control fronterizo".

Casi al unísono, en diciembre pasado se desató otra polémica en torno a la institución, que esta vez involucraba a la Academia Nacional de Policías (Anapol). "Una oscura red de traficantes de exámenes de ingreso a la Anapol ha sido desbaratada", denunció el diario El Deber. La investigación arrojó que padres llegaron a pagar entre US$10.000 y US$20.000 para garantizar el cupo de sus hijos en la institución, mientras el Ministerio Público vinculó a dos empresas fantasmas como las responsables de hacer los cobros irregulares y adulterar las pruebas de admisión de al menos 350 postulantes.

"La corrupción endémica al interior de la policía", como algunos han catalogado los escándalos, también aterrizó en Santa Cruz. Un audio filtrado destapó nexos entre el narcotraficante boliviano prófugo Pedro Montenegro con el ahora exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Gonzalo Medina, y el exjefe de la División de Propiedades, Fernando Moreira. Ambos fueron destituidos e imputados por encubrimiento y asociación delictual. Permanecen en prisión preventiva durante la investigación. Pero no fueron los únicos. El fiscal general de la Policía, el presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana y 150 policías de la FELCC también resultaron removidos de sus cargos.

En medio de un año electoral, el ministro Romero dio a conocer las 12 medidas que comenzarán a regir durante los siguientes días para los policías bolivianos.

"Con el caso de Raña en Oruro, el tema de la Academia de Policía y ahora lo de Santa Cruz saltó algo inusual y es el cambio de un comandante de la Policía. Esto no suele ocurrir y no había pasado hasta ahora. Todos terminaban su gestión de un año", señaló a La Tercera el analista político Marcelo Arequipa. Y agrega: "Lo que sonaba a una reforma policial en Santa Cruz pasó a una 'revolución' en la policía. Tiene un calado mucho más fuerte porque ha habido antecedentes de políticos o ministros que han intentado hacer un cambio drástico en la policía y no han durado en el cargo".

Establecer un registro integral de los 37.000 policías para ver sus nexos familiares, las actividades de su entorno y que no existan conflictos de intereses; creación de una aplicación para el registro de denuncias contra policías; incorporación de cámaras en el uniforme de los uniformados para determinar su ubicación e interacción con la población, son algunas de las medidas anunciadas.

Además de estas disposiciones se ordenó el cambio del comandante de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado, que no alcanzó a estar cuatro meses en el cargo y que fue sustituido por Vladimir Calderón a raíz de la filtración del audio en Santa Cruz.

"Al parecer esto de las cámaras, la base de datos de los familiares de la policía, da la impresión que no termina por construir una institución fuerte, sino que mete una lógica de miedo dentro de la institución que va a ordenar las cosas en el corto y mediano plazo, pero que no puede transformarla a largo plazo. Además, aunque la ciudadanía tiene una percepción negativa con la policía, el hecho de que haya un rastreo al agente y a todo su núcleo familiar va a generar bastante susceptibilidad porque quién maneja la información", se preguntó Arequipa.