La primera ley de la era López Obrador: recorte a los sueldos públicos

México ya tiene su primera ley de la era de Andrés Manuel López Obrador. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un tope salarial para la alta burocracia. Ningún secretario de Estado, gobernador, senador, diputado o funcionario público podrá ganar más de los 108.000 pesos (US$ 5.700) que ingresará el próximo Presidente de México. La norma también elimina las pensiones que reciben cinco exmandatarios. Estos son dos de los ejes del programa de austeridad prometido en la campaña por el excandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien logró un resultado histórico el 1 de julio impulsado por su mensaje dirigido a acabar con los privilegios de la clase política.

Los diputados aprobaron con 246 votos a favor y 111 en contra la ley de remuneraciones de servidores públicos. La norma pretende acabar con una vieja y reiterada violación a la Constitución mexicana, que indica en su artículo 127 que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente, quien hoy tiene un sueldo mensual de 270.000 pesos (US$ 14.000). López Obrador, sin embargo, prometió en julio reducirlo más de la mitad.

Los diputados de Morena desempolvaron una norma de hace siete años para dar al próximo gobierno de López Obrador una de sus victorias más tempranas en el Congreso. El partido, que controla holgadamente la Cámara Baja con 255 diputados de 500, mostró su prisa por complacer al futuro Presidente al descongelar una minuta que dormía el sueño de los justos desde el 8 de noviembre de 2011. En aquel entonces, el Senado envió el proyecto a la Cámara de Diputados que, controlada, por el PRI, nunca la discutió.

Para sacar adelante la ley, Morena apostó por una maniobra poco recurrida en el Congreso y evitó que esta transitara por las comisiones legislativas. La oposición respaldó la medida que significa, en realidad, un reajuste a la baja de los salarios de la alta burocracia en el presupuesto de 2019. Sin embargo, la mayoría de los partidos opositores pidieron retocar un texto escrito en el sexenio del Presidente Felipe Calderón (2006-2012). "No compartimos que se apruebe sin cambios porque está desactualizada y no da certidumbre jurídica", señaló Dulce María Sauri, diputada del PRI.

El PAN y el PRI, partidos que han sido desplazados a segunda y tercera fuerza en el Congreso respectivamente, dijeron que la entrada en vigor de la ley tal como está se convertirá en un problema judicial. En estos siete años han sido creados órganos e institutos autónomos de alta especialización que no son considerados por la minuta y cuya rebaja salarial causará un alud de recursos en los tribunales laborales.

Morena no cedió y rechazó retocar la redacción de los 17 artículos de la ley, que incluso impone penas de prisión a aquellos servidores públicos que expidan cheques o paguen cantidades que superen el límite establecido.

Al evitar modificar el texto, los diputados evitan que este retorne al Senado. La nueva ley pasará al Ejecutivo para que este la publique. "El Presidente Peña Nieto o publica la ley o la veta. Si la veta que dé la cara al pueblo para explicarlo. Los privilegios van para atrás. Se van a acabar los abusos y atropellos", dijo Gerardo Fernández Noroña, un polémico aliado de López Obrador.

La ley aprobada este jueves pretende recortar la abismal brecha salarial, a veces de hasta 17 o 18 veces, que existe entre los altos cargos del gobierno federal y sus empleados. Pero la norma se convertirá en un quebradero de cabeza para muchos.