Las claves de los cuestionados plebiscitos que se realizarán durante las presidenciales en Uruguay

Días agitados se avecinan para los ciudadanos uruguayos. Citados el próximo domingo 27 de octubre a las urnas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, dos papeletas extras acompañarán el proceso: dos plebiscitos serán resueltos de manera simultánea aquella jornada.

Ambas consultas ciudadanas no han estado exentas de polémicas, y con temáticas fácilmente identificables en nuestro propio país. La primera, cuya confirmación de que sería plebiscitada ocurrió en diciembre de 2023, trata sobre la inseguridad ciudadana y una potencial norma que permita habilitar los allanamientos nocturnos, lo que actualmente no se puede hacer por un artículo de la Constitución de Uruguay.

La segunda, aprobada para ser votada por parte de la ciudadanía en julio de 2024, abarca una reforma en la seguridad social del país. La propuesta, impulsada por la central única de trabajadores de Uruguay y otras organizaciones afines, plantea cambios en la edad de jubilación, igualar el salario nacional con el entregado tras retirarse laboralmente y, quizás lo más polémico, la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

La crisis de seguridad no es exclusiva de Chile. Así lo demuestra la votación plebiscitaria que modifica el artículo 11 de la Constitución de Uruguay para permitir a la policía local el realizar allanamientos nocturnos, siempre que se cuente con la orden de un juez.

Miembros de casi todos los actores políticos locales, excepto el Frente Amplio de Uruguay, respaldaron la medida que fue propuesta por el senador nacionalista Carlos Camy, consignó el periódico local El País. Tras conseguir más de dos quintas partes de los votos de la Asamblea Nacional, quedó dispuesta para ser votada por la ciudadanía.

Actualmente, y según el citado artículo de la Carta Magna, los allanamientos están prohibidos en la noche, permitiéndolos solo de día y previo al permiso formal de un juez. La propuesta aparece en medio de una creciente preocupación por la inseguridad de las urbes uruguayas.

En concreto, el punto 11 señala que “el hogar es un sagrado inviolable”, y que nadie podrá ingresar a él sin consentimiento o por una orden judicial expresa. Según el medio local La Diaria, esta discusión político/legal representa el corazón “sobre cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos individuales”, lo que tendría “un impacto significativo en la legislación penal del país”.

A favor de la propuesta, sus defensores han planteado que permitir los allanamientos nocturnos les entregaría a las autoridades locales una herramienta adicional para disminuir la tasa de delitos.

No es la primera vez que una elección se ve tomada por el problema de la inseguridad. Lo mismo ocurrió en 2019, recordó El País, solo que esta vez, las cifras demuestran un crecimiento en, por ejemplo, el número de homicidios. Para 2023, escaló hasta los 382 en un año, número alto considerando que se trata de un país con una población de 3,4 millones de habitantes y, según indicadores internacionales, con altos niveles de desarrollo humano.

Si bien los 11,2 homicidios por cada 100.000 personas no están cerca de países más críticos, sí duplica la cifra chilena, que llega a los 4,5 por cada 100 mil habitantes. Esa sensación de inseguridad también ha quedado en evidencia en encuestas. La firma Factum publicó en junio de este año un sondeo en el que el 49% de los consultados dijo que era su mayor preocupación.

También hay detractores a la modificación de la Carta Magna, donde incluso se incluyen algunos sindicatos policiales, detalló La Diaria. Entre los argumentos destacan el hecho de que no existen garantías adecuadas para aplicar estos procedimientos de manera segura y legal, así como que “la propuesta ha sido presentada de manera demagógica y carece del debate necesario para abordar sus implicaciones”, consignó el mismo medio.

De momento, las encuestas muestran que el número de indecisos es todavía muy grande como para adelantar un resultado. Por ejemplo, una encuesta reciente de la Usina de Percepción Ciudadana detalló que el 49% de los consultados apoya la propuesta y que un 36% se opone, sin embargo, una alta porción dijo no estar informada totalmente de los detalles de la medida.

Menos frágiles son los datos publicados por la firma Factum, que señaló que el 56% se manifestó a favor de votar por el sí a la propuesta, mientras que el 41% de la población se opondría. Además, el porcentaje de indecisión fue menor, cercano al 3%.

De todos modos, Eduardo Bottinelli, director de la empresa, dijo a VTV Noticias que “hace un par de meses era más clara la posibilidad de ser aprobada, pero con el paso del tiempo se fue desinflando la aprobación”.

El otro plebiscito guarda relación con la seguridad social, y fue propuesta por el otro lado de la vereda. Emanado desde el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, conocido popularmente como PIT-CNT, esta modificación al modelo jubilatorio -apoyado por sectores del Frente Amplio- aboga, entre otras cosas, la eliminación del lucro en las pensiones como parte de las propuestas más polémicas.

Además de buscar la desaparición de los entes conocidos como Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), también se busca establecer en la Constitución que la edad mínima de jubilación debe ser 60 años y que los ingresos mínimos para quien se retira del mundo laboral no pueda ser inferior al Salario Mínimo Nacional.

La discusión previsional, también muy presente en Chile, llega de la mano de la publicación del Índice Global de Pensiones de Mercer CFA Institute 2024, que evaluó a 48 sistemas de jubilación en todo el mundo, incluidos ambos países.

El resultado, coincidentemente, posicionó a Chile en el primer lugar latinoamericano -noveno a nivel mundial- y a Uruguay en segunda posición -en el puesto número 13 en el globo-.

Este miércoles, a dos semanas de las votaciones, el PIT-CNT convocó a manifestaciones en las calles de Montevideo en apoyo a la reforma constitucional, la que derivó en cortes y desvíos de tránsito en la capital uruguaya.

Pero, en la otra vereda, fue nada menos que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien salió a criticarla durante este martes. En un acto en Melo, capital del departamento de Cerro Largo, el mandatario defendió el actual modelo señalando que deben tomar “conciencia que lo que tenemos no será lo mejor, pero es lo bueno”.

Si bien advirtió que “de política no puedo hablar, ni hablé en casi cinco años de gobierno, así que no lo voy a hacer”, debido a las próximas elecciones presidenciales, “lo que sí tengo el deber de hacer es alertar acerca del plebiscito de la reforma a la seguridad social”, recogió la prensa local.

Según el mandatario, no puede “estar hoy acá celebrando que viene otra inversión que va a contratar mucha gente para trabajar acá y para exportar (refiriéndose al acto al que asistía), sin hacer hincapié que tenemos que cuidar la confianza y que tenemos que cuidar la institucionalidad nacional. Y esa construcción, que no es de un partido político, que no es de un gobierno, por suerte es como una capa arriba de la otra, después alguna se va descartando, pero el centro, el eje de un país sigue siendo el construido durante muchos años, lo tenemos que cuidar”.

Para Lacalle Pou, “si realmente el Uruguay se da el lujo de tirar abajo un sistema con sus defectos, por supuesto, mejorable también, pero al que se pudo llegar por consenso, si lo tira apenas empieza a caminar, bueno, ¿quién va a decir yo pongo más dinero en Uruguay? ¿Quién va a poder apostar a largo plazo? Y esto no es asustar ni cuco, es lo que pienso realmente, y ustedes saben, los que me conocen, que yo digo lo que pienso y trato de no exagerar”, ponderó.

A nivel de sondeos, Factum señaló que el 47% manifestó que votará por el sí; un 43% sostuvo que no, y un 10% no sabe o no opina, demarcando una carrera bastante cerrada si se le añade el margen de error de toda encuesta.