Las duras advertencias de la junta militar de cara al primer aniversario del golpe en Myanmar

Mientras intenta acabar con cualquier protesta planeada para conmemorar el primer aniversario del golpe en ese país, la junta militar de Myanmar amenazó en la víspera con cargos de sedición y terrorismo a cualquiera que cierre su negocio, aplauda o golpee ollas durante la jornada de hoy.

Los militares que derrocaron al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021 siguen enfrentando una oposición desafiante que incluye manifestaciones pacíficas y una resistencia armada.

Los activistas planean celebrar hoy una “huelga silenciosa” y han pedido que la población se quede en casa entre las 10.00 y las 16.00. Al final de la manifestación, la gente aplaudirá o golpeará ollas, un acto que habitualmente se cree que expulsa a los espíritus malignos y que a menudo se utiliza como una forma de protesta contra los militares.

La junta advirtió al público que no participe de tales protestas, anunciando en los medios de comunicación controlados por los militares que todo aquel que se sume a las manifestaciones enfrentará una serie de cargos legales.

Algunos propietarios de negocios que habían dicho a sus clientes que cerrarían el 1 de febrero ya han sido arrestados, según recoge el medio de comunicación local The Irrawaddy.

Muchas empresas propusieron eludir las amenazas militares aumentando drásticamente los precios, abriendo solamente por un par de horas o manteniendo su tienda abierta, pero no vendiendo artículos.

En tanto, la violencia militar tiene a muchos dirigentes escondidos. Aung Kaung Sett, presidenta de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Yangon, que dirigió varias protestas contra la junta y que ahora se encuentra oculta, dijo que no abandonaría la lucha por la democracia. “Ahora no hay vuelta atrás. Vivimos o morimos”, afirmó al diario británico The Guardian.

Los militares han infligido violencia extrema para reprimir a la oposición, quemando aldeas, lanzando ataques aéreos, llevando a cabo masacres y bloqueando la ayuda a civiles. Desde el golpe, 1.499 personas han muerto, según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos, que rastrea decesos y arrestos. Por lo menos, hay 11.801 personas que han sido detenidas, y dentro de ellas se encuentra la consejera estatal de Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi, que ha estado detenida desde hace un año, se ha enfrentado a una docena de juicios y hasta ahora ha sido condenada a un total de seis años de prisión por un tribunal en la capital Naipyidó, en procedimientos legales ridiculizados por la comunidad internacional como una farsa.

Ahora la depuesta líder enfrentará un nuevo juicio el 14 de febrero por supuestamente haber manipulado a la comisión electoral durante los comicios de 2020. La Nobel de la Paz, de 76 años, afronta esta nueva acusación junto al depuesto presidente, Win Myint, y el exministro Min Thu, dijo una fuente anónima a Reuters.

La justicia de Myanmar, al mismo tiempo, juzga a Suu Kyi por vulnerar la Ley de Secretos Oficiales, penado con hasta 14 años de cárcel, y un puñado de delitos de corrupción, castigado cada uno con un máximo de 15 años. Si fuera declarada culpable de todos ellos, la suma de las sentencias superaría los 100 años de prisión.

Frente a este escenario, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá impusieron sanciones a los funcionarios judiciales involucrados en los juicios contra la depuesta líder de Myanmar, quienes suman nueve en total. Entre ellos se encuentra la fiscal general de la junta, Thida Oo, cuya oficina había elaborado cargos por motivos políticos contra Suu Kyi. Se suma también al presidente del Tribunal Supremo de Myanmar y al presidente de la Comisión Anticorrupción.

La acción congela cualquier activo estadounidense de aquellos incluidos en la lista negra y, por lo general, prohíbe a los norteamericanos tratar con ellos. Canadá anunció que también agregarían a los mismos tres funcionarios judiciales a la lista de sanciones. Reino Unido, en tanto, informó que incluiría al fiscal general, al presidente de la comisión de corrupción y al presidente nombrado por la junta en la comisión electoral.