Más de 300 independentistas y 73 policías involucrados en el “procés”: los beneficiados por la ley de amnistía que el PSOE presentó en el Congreso

Bajo el nombre de “Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña”, la amnistía del procés, el movimiento independentista catalán que tuvo su punto culmine el 1 de octubre de 2017, fue presentada en solitario este lunes ante el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pidió su tramitación urgente. La norma pactada entre el PSOE y Junts per Catalunya en Bruselas, y que será firmada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG, permitirá una mayoría suficiente para hacer de Pedro Sánchez nuevamente Presidente del Gobierno de España.

A cambio, liberará o eximirá de procesos judiciales a más de 400 personas involucradas tanto en el referéndum ilegal de autodeterminación celebrado el 9 de noviembre de 2014, como el del 1 de octubre de 2017. Entre ellos, se verían beneficiados más de 300 independentistas –incluidos directores de colegios que prestaron sus instalaciones para la votación y tres expresidentes de la Generalitat– y 73 policías que fueron parte de los violentos arrestos ocurridos cinco años atrás.

Esta amnistía era la moneda de cambio que desde que se rechazó la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el líder del partido más votado en las elecciones generales del 23 de julio, era sabido que se negociaría entre la tienda de Carles Puigdemont –quien también se verá beneficiado de la amnistía, lo que le permitiría eventualmente regresar a España tras media década huyendo de la justicia local– y la socialista, pese al rechazo del Partido Popular (PP) y Vox.

La tramitación de la ley en el Congreso, que no entrará por lectura única, sino que “por la vía de urgencia”, allana el camino a Sánchez para lograr muy probablemente 179 síes tras la discusión de su investidura, programada para este miércoles y jueves por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Según los interesados, este sería un paso necesario con miras a “un interés superior: el de la convivencia política”.

El extenso documento, que emanó de meses de negociaciones entre el PSOE y Junts, se podría resumir, simplificando, en la anulación de la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de toda persona involucrada en delitos relacionados con el proceso soberanista de Cataluña en un período de una década, incluyendo “su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023″, detalla en su artículo 1 el texto presentado este lunes.

La propuesta ha generado numerosas y masivas manifestaciones en contra durante la última semana, pero también ha provocado el rechazo de sectores ligados al Derecho, donde distintas voces criticaron que el acuerdo político hacía concesiones sin validez jurídica, detalló el periódico español El País.

Sin nombrarlo de manera directa, consignó El Mundo, la ley beneficiará a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y actual diputado al Parlamento Europeo exiliado o fugitivo -dependiendo del enfoque- en Bruselas, donde huyó tras ser acusado de rebelión y malversación de fondos públicos al organizar el referéndum declarado ilegal.

“Quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, se lee en el documento, lo que incluiría no solo a Puigdemont, sino también a Artur Mas y Quim Torra, otros dos expresident de la Generalitat, además de Oriol Junqueras, presidente de ERC.

También liberaría de culpas a altos cargos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, así como a personas del círculo político cercano del ahora prófugo eurodiputado, detalló El País. Gracias a esto, y una vez entre en vigor, la ley permitiría regresar a Puigdemont a España sin ninguna investigación sobre sus hombros. Sin embargo, la tramitación de la medida podría tomar meses, considerando que tanto el PP como Vox intentarán retrasarla tanto como puedan en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, y en el Tribunal Constitucional, agregó al mismo medio.

Además, se incluyen en la amnistía las acciones cometidas entre la fecha establecida, “aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”, consignó la prensa española, que impliquen “reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos”.

Esto último hace que queden excluidas de la amnistía personas condenadas como Laura Borràs, la presidenta de Junts condenada a cuatro años y medio de cárcel, 13 de inhabilitación política y una multa de 36.000 euros por falsificar en documentos oficiales y prevaricación administrativa por trocear contratos para beneficiar a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2018, informó El País. También dejaría fuera a Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont procesado por supuestamente ayudar a blanquear dineros de un cliente, el narcotraficante gallego Sito Miñanco, agregó el medio.

Quienes sí están incluidos –y que también causó más de una polémica– son los 73 policías involucrados en la violenta represión al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Es por eso que, en la exposición de los motivos, se especifica que “en ningún caso implica la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público, pues la presunción de inocencia es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Lejos de ello, persigue aliviar la situación procesal de los encausados”.

En el artículo 2 de la ley también se aclara que “quedan excluidos de la aplicación de la amnistía los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad; los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad; los actos tipificados como delitos de terrorismo (...) siempre y cuando haya recaído sentencia firme (…); los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal”.

Por otro lado, las personas que se quieran beneficiar de la amnistía tienen un plazo de máximo de cinco años para tramitarlo, y “no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares”.

Otro aspecto clave es que, al estar limitada temporalmente, deja fuera a eventuales nuevos procesos independentistas. Sin embargo, en el texto no hay ninguna autocrítica o reconocimiento de error de parte de los independentistas, aseguró El País.

Las críticas opositoras, que califican de “traición” o de ir “contra la Constitución” al proyecto de ley, fueron abordadas por el Gobierno, detalló el mismo periódico, asegurando que la norma sería impecable, pese a que la Carta Magna no incluye la posibilidad de una medida de gracia como esta.

Como argumento, el Ejecutivo plantea que desde la II Guerra Mundial, en Europa se han realizado hasta 52 amnistías, donde Alemania y Bélgica, naciones que tampoco contemplan esta figura legal en su Constitución, lo han llevado delante de todos modos.

“Con esta ley orgánica de amnistía, las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada más de 10 años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro”. Con ese pasaje, asegura el periódico El País, se deja entrever que Sánchez admite la coyuntura –su necesidad de los votos de Junts para ser reelecto– como catalizador de este acuerdo.

Desde La Moncloa creen que la entrada de cargos intermedios independentistas a la cárcel sería la única manera de reavivar la debilitada llama del procés, lo que haría necesaria una amnistía, agregó el medio.

En tanto, en la política del día a día, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, anunció que este miércoles se iniciará la discusión de la investidura de Pedro Sánchez, evento que, según El Mundo, se esperaba que fuera realizado semanas atrás, considerando que es el único cargo con la autoridad para hacerlo. “He hablado en estos últimos días con el candidato, que me ha transmitido que ya está en condiciones de ir al debate de investidura”, dijo Armengol.

Quienes no se han quedado tranquilos con el anuncio de la ley, son el PP y Vox, férreos opositores a la medida que desde hace meses vienen denunciando al PSOE de que eventualmente pactarían una amnistía. Ahora, los populares en el Parlamento Europeo han pedido que el tema se incluya en la agenda del pleno de la próxima semana, acusando que se pone en riesgo el Estado de derecho en España.

Mediante un comunicado, la tienda conservadora aseguró que quieren “dejar claro que el Estado de Derecho no es negociable en la Unión Europea y no puede ser simplemente sacrificado para obtener los votos necesarios para formar una mayoría de gobierno”, consignó el diario ABC.