Noboa declara conflicto armado interno y ordena a militares neutralizar a grupos criminales en Ecuador

El toque de queda y el estado de emergencia por grave conmoción interna en el territorio nacional decretado tras la fuga de una cárcel de Guayaquil de Adolfo “Fito” Macías, líder de la banda de “Los Choneros”, ambas medidas instauradas este lunes por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no solo fueron insuficientes para controlar la ola de criminalidad que azota a país, sino que, como todo parece apuntar, azuzó a las bandas criminales a desatar el caos. Una serie de hechos delictivos impulsaron al recientemente asumido mandatario a declarar el conflicto armado interno, dando paso a la utilización de militares para controlar el pandemonio que se registraba en las calles de todo el país y neutralizar a una lista de agrupaciones ilícitas.

“He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones”, explicitó Noboa durante la tarde del martes a través de X, antes conocida como Twitter.

Y cerró: “He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos”. En el documento se reconoce “la existencia de un conflicto interno armado” y se ordena la intervención de las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones militares –bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, explicita– contra los grupos antes nombrados.

Esto se realizará tras disponer “la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme lo expuesto en el presente decreto ejecutivo”.

Desde la Asamblea Nacional de Ecuador, diferentes bancadas legislativas salieron a respaldar al gobierno, a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, consignó el periódico local El Universo, luego de una escalada de atentados a nivel nacional. Tras dos horas de reunión, el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, leyó un pliego de resoluciones acordadas para apoyar al Ejecutivo.

“Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad de manera conjunta”, aseguró a la prensa local. Entre las medidas concretas, destacó la presencia de una amnistía para las FF.AA. y Policía en los casos que sean necesarios, con el fin de respaldar lo que podría ocurrir en las próximas horas y días.

No alcanzaron a pasar 24 horas desde la entrada en vigencia del estado de emergencia para que, en un impactante hecho, un grupo de delincuentes fuertemente armados se tomaran la transmisión de TC Televisión, en Guayaquil, en un incidente que se transmitió en tiempo real.

Vestidos con capuchas, mascarillas e incluso a cara descubierta, la banda criminal ingresó al plató, armas en mano, amenazando y reduciendo a los periodistas, productores y técnicos del lugar. Tras arrastrarlos hacia el centro del lugar, les apuntaron en la cabeza y mostraron armamento de grueso calibre, así como granadas y lo que parecía ser dinamita. Uno de ellos, ataviado con una capucha, amenazó con una pistola al personal para que lo sacaran al aire con un micrófono, en un intento por hacer una declaración pública en vivo.

En un momento de la transmisión, se ve a uno de los presentadores del medio televisivo pidiendo ayuda mientras dos personas le apuntan con una escopeta y un revólver, para luego dejarle un cartucho de dinamita en el bolsillo de la chaqueta. Al mismo tiempo, los delincuentes amenazaban a la policía de que no se acercara al lugar y, momentos después, se escucharon los primeros disparos con armas de fuego.

A través de la red social X, la policía informó de su arribo al lugar: “Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en #GYE, nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia”, escribieron. Se intentó usar rehenes para salir del lugar, consignó MetroEcuador, y, preliminarmente, se informó de una persona herida. Minutos más tarde, la prensa local reportó la detención de quienes ingresaron al canal de televisión.

Tras la toma del canal, el Ministerio de Educación informó de la suspensión de clases presenciales en todas las instituciones formativas del país hasta el 12 de enero, pasando a la modalidad no presencial, con el fin de cuidar la seguridad de la comunidad educativa, afirmaron en un comunicado.

Es la más rimbombante, pero no es ni de cerca la única crisis de seguridad ocurrida en las últimas horas en Ecuador. En Azuay, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, se registraron cinco explosiones en un lapso menor al de dos horas. Hubo un ataque a un camión militar donde lanzaron un explosivo que estalló antes de impactar, explotó una bomba cerca de una estación de servicio y un artefacto reventó un tarro de basura, entre otros. Pero el hecho más grave en el lugar ocurrió en la cárcel de Turi.

Un amotinamiento de los reos del lugar mantenía al lugar bajo control de los criminales, donde al menos hay 49 agentes y 12 servidores públicos retenidos, detalló la prensa local. La situación permanecía bajo monitoreo por las autoridades de Azuay en conjunto con la Tercera División de Ejército Tarqui.

Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), citado por El Universo, hay cinco centros penitenciarios con funcionarios retenidos confirmados oficialmente. Diversos videos en redes sociales los muestran amarrados y encañonados, donde en algunos se les obliga a leer consignas contra el Presidente Daniel Noboa. Un video publicado por Ecuadorplay muestra que, en medio de gritos y amenazas, los reos matan a tiros a uno de los gendarmes de una cárcel sin identificar. En otros, difundieron el asesinato de guías penitenciarios mediante ahorcamientos.

En Machala, al sur oeste de Ecuador, tres policías motorizados fueron retenidos durante la noche del lunes en una parroquia local. Previamente, ocho personas con el rostro cubierto entraron a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del circuito Wilson Franco, llevándose consigo a los tres efectivos.

En Quito se registró el secuestro de un policía al que se le puede ver en un video subido a redes sociales por los propios delincuentes, donde el afectado es encañonado mientras clama por su vida.

Loja, Cuenca y El Guabo vieron la quema de vehículos. En el primer caso, se capturó a sospechosos que tenían cartuchos de dinamita entre sus pertenencias, mientras que en el tercero los delincuentes incendiaron el auto para escapar de la policía.

En su editorial del martes, el periódico El Universo se lamentó que “hospitales tomados por grupos armados, igual que TC Televisión en Guayaquil, se sumaron a los días de terror que vive el Ecuador desde el 8 de enero, luego que el domingo se anunciara que un peligroso sentenciado que guardaba prisión en la cárcel Regional de esta ciudad no apareció en su celda”, en alusión a Adolfo “Fito” Macías, líder de la banda de “Los Choneros”.

En la misma línea, el medio local planteó que “las dramáticas imágenes de empleados de TC Televisión en el piso, apuntados con armas de fuego, de policías secuestrados la noche anterior, las de guías amenazados con cuchillos y pistolas, explosivos en calles y carros incendiados obligan a la reflexión de quienes están en el poder, de los que no son gobierno, de los ciudadanos todos a apoyar las iniciativas que contribuyan a recuperar la paz”.

Por último, cerró: “Respaldar con responsabilidad y madurez política las medidas que lleven a la pacificación, que garanticen el derecho al trabajo, a la seguridad, a la salud, a informar y ser informados, que fueron violentados por grupos armados, es una tarea de todos”.