Pedro Sánchez y el PSOE se alistan para entrar de lleno en la negociación para un posible nuevo gobierno

En público, el discurso del gobierno de Pedro Sánchez es uno: “Es el momento de Alberto Núñez Feijóo”, consignó el periódico El País. Así lo anuncia el propio jefe de gobierno de España y sus ministros. Pero la realidad demuestra que las negociaciones de su sector para lograr un nuevo “gobierno progresista”, dijo el propio líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) este domingo, ya están en marcha.

La frase que se repite en La Moncloa, la de darle espacio a Núñez Feijóo, hace referencia al proceso de investidura al que el líder del Partido Popular (PP) –el gran ganador y perdedor de las elecciones generales del 23 de julio, al lograr el primer lugar, pero no los escaños necesarios para formar gobierno– se enfrentará el 26 y 27 de septiembre, donde en el segundo día se votará la investidura en el Parlamento. Ante la improbable victoria, se procederá a una segunda instancia, el viernes 29, en la que solo le bastará lograr más síes que noes, lo que también parece inalcanzable. Cuenta con 172 votos, sumando los del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, a cuatro de los 176 y la mayoría simple.

Ahí es donde empieza formalmente la carrera del PSOE y Sumar, los aliados de la coalición de Sánchez, para recolectar los votos de los independentistas. Pero hay asientos especialmente necesarios para alcanzar la cifra mágica y el posterior gobierno: los de Junts per Catalunya, el partido del expresidente de la Generalidad de Cataluña y líder del proceso independentista de 2017, Carles Puigdemont. Su moneda de cambio es la difícil promesa de la amnistía.

En el PSOE y Sumar están seguros de que lograrán pactar con Junts, y que, tras el muy probable fracaso popular, ellos serán respaldados por el Parlamento y gobernarán nuevamente. También saben que la piedra de tope es el límite de la posible ley de amnistía a los presos por el procés, pero Sánchez asegura que vencerán. De fallar deberán enfrentarse a una repetición de las elecciones que se desarrollarían el 14 de enero de 2024.

Si bien Sánchez y compañía se han mostrado respetuosos del proceso de Núñez Feijóo, también ha dejado en claro que cree que el PP no triunfará y que será el socialista quien logrará formar gobierno. A pesar de que dicen estar entregando el “momento” al líder popular, lo cierto es que los engranajes de negociación partieron hace semanas, como bien quedó en claro cuando la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, visitó a Puigdemont en Bélgica, quien huyó a esa nación tras ser acusado en España, convirtiéndose en fugitivo y luego en diputado del Parlamento Europeo.

Otra prueba del inicio de las negociaciones, asegura la prensa española, es el esfuerzo socialista por lograr que las lenguas cooficiales, el catalán, el gallego y el euskera, puedan usarse desde este martes en el pleno del Congreso español, pero también presionarán para que se incluyan como lenguas oficiales de la Unión Europea.

“Los españoles han hablado y habrá un gobierno progresista, claro que lo va a haber”, clamó Sánchez el domingo, durante un mitin en Oroso. “Vamos a hacer lo que prometimos en campaña: dije que buscaría votos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones, para dignificar el salario mínimo, para aumentar las becas de nuestros jóvenes (…) por la concordia entre los pueblos de España, por la convivencia entre ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer”, continuó, según relató El País.

Esa búsqueda de votos, sin embargo, cuenta con un gran escollo a superar y requiere de negociar con Junts. Y la propuesta del expresident catalán quedó sobre la mesa el día después de su cuestionada reunión con Díaz, en Bélgica: antes siquiera de sentarse a negociar –con el PSOE o el PP– se debía asegurar una ley de amnistía para excarcelar a los juzgados en la fallida independencia catalana. En la lista enumerada por Sánchez este domingo, no hubo palabras para dicha petición.

Acusaciones de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos son algunos de los cargos que pesan sobre los líderes del llamado procés, y, según la oposición e incluso algunos líderes del PSOE, la amnistía iría contra la propia Constitución que negó el proceso independentista.

Este mismo domingo, la vicepresidenta Yolanda Díaz se refirió por primera vez de manera directa sobre las exigencias de Junts y Puigdemont. En una entrevista con el periódico La Vanguardia, la líder de Sumar aseguró que “el acuerdo (de amnistía) debe ser amplio. Y en ese acuerdo no cabe la unilateralidad”.

Dicha última palabra, la unilateralidad, es clave en las negociaciones, aseguran medios españoles. Desde el oficialismo, incluida Díaz –única persona fuerte del gobierno que habla abiertamente sobre estar de acuerdo con la amnistía–, plantean que las peticiones no pueden provenir solo de un lado de la vereda, en este caso, de Junts. Por lo mismo, fuentes socialistas aseguraron a El País que trabajarán para que la tienda de Puigdemont renuncie a amenazar con futuros procés, puesto que implicaría una ruptura de la legalidad, como en 2017.

La respuesta no se hizo esperar, y llegó a través del propio Carles Puigdemont, quien a través de X (antiguo Twitter) amenazó con que “las condiciones no las pone quien pide ayuda. Esto es al revés. No somos nosotros los que necesitamos apoyos para ir a la investidura”.

Y cerró con una analogía bancaria. “Es como cuando vas al banco a pedir un crédito: puedes negociar si existe un período de carencia y el tipo de interés que te proponen, por ejemplo. Pero no puedes ponerle condiciones y pedir que renuncie a cobrar intereses. Vamos, si es que quieres que te den el crédito, por supuesto”.

A inicios de septiembre, tras la reunión del líder independentista con Yolanda Díaz y la presentación de sus “condiciones previas”, la cúpula de Junts se alineó con Puigdemont. El partido declaró que “ni renuncia ni renunciará a la unilateralidad”, mientras que el lunes pasado el secretario general de la agrupación, Jordi Turull, planteó que “renunciar a la unilateralidad sería renunciar a la nación”. Este sábado, luego de la reunión del consejo nacional de Junts, la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, aseguró que no cederán “ni un milímetro. No aflojaremos. No rebajaremos nuestras demandas”, señaló El País.

Yolanda Díaz, en tanto, en la entrevista con La Vanguardia de este domingo, aseguró que “la amnistía no es una ley, sino que acaba en una ley. Hay un conflicto político que puede ser objeto de un acuerdo político y social. Un conflicto al que nunca debimos haber llegado. ¿Y por qué hablo de acuerdo político y social? Porque en ese acuerdo también deberían estar los empresarios y los sindicatos, la sociedad civil… Un amplio acuerdo que culminaría con una ley orgánica. Este es el proceso al que podemos ir”.

Mientras en el oficialismo algunos dan carta blanca para que Sánchez negocie, entre quienes se oponen se genera más y más molestia por las tratativas para alcanzar una amnistía.

En el caso del PSOE, el secretario general de la tienda gallega, Valentín Formoso, dijo en el mitin del domingo: “Pedro, haz lo que tengas que hacer. Este partido sabe pasar página”, en referencia a la polémica medida de perdón. Haciendo alusión a los antiguos líderes socialistas que han criticado a Sánchez, como el expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra, Formoso planteó que, con respeto a esa generación, ahora son otros quienes lideran la formación izquierdista, y ellos “tienen derecho a escribir su página en la historia”, informó El País.

En la otra vereda, el PP se moviliza. Ante las palabras de Sánchez durante el domingo, Feijóo dijo también desde Galicia que defenderán “la libertad y la igualdad de los españoles, aunque nos cueste la Presidencia del Gobierno”.

Aún más incendiaria fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien llamó durante el lunes a los ciudadanos a que se manifestaran en la ciudad que dirige, así como en Barcelona, para “alzar la voz contra la amnistía” durante las movilizaciones convocadas por el Partido Popular y Sociedad Civil Catalana, detalló El Mundo.

“La amnistía es una estafa masiva contra España, la democracia, el Estado de derecho, la Constitución, los jueces, las leyes, la verdad, la igualdad de los españoles ante la ley y la libertad”, dijo la popular. “Lo han dicho ellos mismos mil veces antes, que la amnistía no cabe ni en la Constitución ni en ningún sistema democrático. Pero hoy les da igual lo que dijeron ayer”, cerró.

Menos beligerante, pero en la misma línea se posicionó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien dijo estar en contra de la ley de amnistía tras una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “¿Está dentro de la Constitución la palabra amnistía? Creo que no”, comentó a los medios hispanos.

“No vamos a entrar en la política partidista, queremos moderación”, señaló, pero remarcó que su gremio está, “como dice la Constitución del 78, con la monarquía parlamentaria, con la separación de los poderes y con el Estado de derecho”.