Poder Judicial de Perú rechaza prisión preventiva para exprimera ministra del gobierno de Castillo

Betssy Chávez, ministra del Trabajo de Perú. Foto: AP
La exprimera ministra de Perú, Betssy Chávez. Foto: AP

Betssy Chávez está acusada como presunta coautora del delito de rebelión y conspiración en el intento del exmandatario peruano de disolver el Congreso, lo que le valió su destitución.


El Tribunal Supremo de Perú rechazó la petición de la Fiscalía del país de prisión preventiva para la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de ser presuntamente coautora del delito de rebelión y conspiración en el marco de la maniobra del expresidente Pedro Castillo por intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción.

Asimismo desechó el encarcelamiento temporal para el exministro de Interior Willy Huerta y el exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez, investigados por los mismos delitos.

El juez Juan Carlos Checkley sí ha decretado multas en dinero para los acusados, que seguirán siendo investigados pero mantendrán su libertad.

“El magistrado estableció que si bien existen graves elementos de convicción que vinculan a los tres con los delitos imputados y la pena a imponérseles es superior a cuatro años, no existe el peligro de fuga ni obstaculización de la investigación”, detalló el Tribunal a través de un comunicado.

A mediados de marzo, el Poder Judicial peruano dictó un impedimento de salida del país de varios días contra Chávez -última jefa de Gobierno del expresidente Pedro Castillo-, días después de que salieran a la luz unas imágenes inéditas en las que se ve a Castillo en connivencia con Chávez en los instantes previos al discurso lanzado por el exmandatario en el que anunciaba la disolución del Congreso.

Este anuncio no fue respaldado y derivó en su detención, tras lo que la hasta entonces “número dos” de Castillo, Dina Boluarte, ascendió a la Presidencia. Mientras, sectores sociales afines a Castillo salieron a las calles para protagonizar unas protestas que se han prolongado durante semanas, exigiendo la salida de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones, que se han provocado la muerte de más de 60 personas.

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