Polémica ley para combatir el avance del islamismo radical desata duras críticas en Francia

Tras varios meses de discusiones, los diputados de la Asamblea Nacional de Francia aprobaron hace una semana una nueva ley que tiene como objetivo combatir el islamismo radical, y así lograr “fortalecer los principios republicanos”.

La nueva norma busca facilitar la disolución de organizaciones que cuestionan los valores franceses, combatir los matrimonios forzados y castigar los discursos de odio en línea. De esta manera, el gobierno de Emmanuel Macron pretende contrarrestar los efectos del islamismo radical en la sociedad francesa, especialmente entre los más jóvenes.

La nueva ley fue anunciada por el Mandatario francés el 1 de octubre pasado, cuando prometió tomar medidas drásticas contra el “separatismo islamista”, tras una serie de ataques donde murieron más de 250 personas.

El gobierno señaló que aproximadamente seis millones de musulmanes estaban en riesgo de formar una “contrasociedad” en Francia. “Nos estamos dando los medios para luchar contra quienes abusan de la religión para cuestionar los valores de la República”, dijo el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

Aunque el primer ministro, Jean Castex, ha recalcado que la ley no está dirigida contra la religión, sus críticos, incluida Amnistía Internacional, señalan que hay elementos de la nueva normativa que ponen en desventaja a la población musulmana, y han expresado preocupaciones de que pueda afectar su libertad de asociación y expresión, además de aumentar la discriminación.

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley es que extiende la prohibición de que las mujeres usen velo en lugares públicos a organizaciones privadas que entregan un servicio público. También se presentaron enmiendas que prohíben los trajes de baños largos -conocidos como “burkinis”-, que las niñas menores de 18 años usen hiyab (velo) en público y que las madres lo utilicen en los viajes escolares de sus hijos, aunque fueron revocadas.

La ley también crea un delito de “separatismo”, con penas de hasta cinco años de cárcel y multas que pueden llegar a los US$ 88.000 para quienes amenacen o agredan a un funcionario electo o funcionario público, porque no quieran seguir las reglas que rigen los servicios públicos franceses.

“Nunca equipararemos el islamismo radical con los musulmanes, y creo que los musulmanes están entre las primeras víctimas de esta ideología”, dijo Castex en una entrevista con Le Monde a finales del año pasado, en respuesta a las críticas.

Por otro lado, el sector más conservador considera que la nueva legislación es “insuficiente” para enfrentar el avance del islamismo en la sociedad francesa.

Según un informe del diario Le Figaro, tanto los partidos políticos de izquierda como de derecha tienen planeado presentar un recurso ante el Consejo Constitucional.

En entrevista con la agencia Anadolu, el politólogo y sociólogo francés Vincent Geisser dijo que la controvertida ley para “reforzar el respeto por los principios de la República” en Francia se basa en un diagnóstico sociológico derivado de información estadística extremadamente débil. “A pesar de todos los recursos estatales, no se encontraron datos cuantitativos respetables para respaldar el argumento que el gobierno utilizó para defender la ley de separatismo”, agregó.

El académico, miembro del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y del Centro para Investigaciones y Estudios de los Mundos Árabe y Musulmán (IREMAM), recordó que el gobierno francés mostró al “separatismo islámico” como razón para promulgar la ley. Geisser aseguró que Francia, que es un Estado laico en principio, no debe interferir en los asuntos religiosos, pase lo que pase, pero que ahora está interviniendo en asuntos de mezquitas, imanes, asociaciones y escuelas de musulmanes.

“Sin embargo, la ley fortalecerá la legitimidad del Estado para interferir en los asuntos de los musulmanes, monitorearlos, controlarlos y reprimirlos. Hará legal la intervención excesiva del Estado francés en los asuntos de los musulmanes, creará una base legal para ello”, agregó.

Antes de la aprobación de la nueva norma en la Cámara Baja, también se dio luz verde a un proyecto de ley que entrega a los servicios de seguridad franceses más herramientas para hacer un seguimiento a presuntos terroristas y vigilarlos en línea. Esta legislación amplía las medidas que se introdujeron por primera vez de manera experimental en un amplio proyecto de ley antiterrorista de 2017.