Presidente Bukele impondrá cercos militares en grandes ciudades en su combate contra pandillas

El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el miércoles que levantará cercos militares y policiales en las grandes ciudades para intensificar la persecución contra los miembros de las pandillas, a quienes las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes en el país.

“Ahora viene la fase cinco, que es la parte de extracción de los criminales que aun quedan en las comunidades”, dijo el mandatario en un acto frente unos 14.000 soldados que se sumarán a la tarea de persecución de las pandillas.

Bukele no adelantó ningún detalle sobre cuándo empezará a aplicar los controles o en qué ciudades se registrarán los accesos y salidas, alegando que eso alertaría a los integrantes de las pandillas.

Pero explicó que retomarán la experiencia del cerco militar montado en el municipio de Comasagua, al sur de San Salvador, para capturar a los responsables del asesinato de un campesino de la zona. “Fue exitoso”, defendió el mandatario, pese a las críticas que cosecha su política de mano dura por parte de organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos.

En el operativo desplegado en la primera semana de octubre, más de 2.000 soldados y unos 500 policías de fuerzas especiales tomaron control de la carretera de acceso a Comasagua, a unos 29 kilómetros de la capital. Las personas que entraban y salían del cerco eran sometidas a un riguroso registro.

Utilizaron, además, drones para buscar a los pandilleros que se habían refugiado en los cafetales de la zona. En dos días capturaron unos 50 antisociales, según la versión oficial, incluidos los presuntos asesinos del campesino.

Bukele aseguró que se cerrarán todas las entradas y salidas de las ciudades para evitar fugas y que la medida también está dirigida a quienes se encargan de “suplirlos de alimentos, armas y todo lo que utilizan para amedrentar a la población”.

El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó la puesta en marcha del un estado de excepción, que fue renovado por octava vez hace 10 días y que limita la libertad de asociación, suspende el derecho una persona a ser debidamente informada de sus derechos y del motivo de arresto, así como de la asistencia de un abogado.

Sin embargo, siete organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades. Llevan documentadas más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos -detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y hasta lesiones- durante los primeros seis meses de vigencia del estado de excepción y la muerte de 80 personas bajo custodia del Estado, según un informe presentado en octubre.

Las cifras del gobierno reflejan que en lo que van del estado de excepción han capturado a 58.098 pandilleros o colaboradores de las pandillas, entre ellos 843 jefes de bandas o grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de Barrio 18. En sus registros, asegura el Ejecutivo, hay constancia de 76.600 pandilleros y faltan por capturar alrededor de 26.000.