Presidente de Ecuador disuelve el Congreso en medio de juicio político y adelanta elecciones

Un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra, el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó este miércoles la conocida como “muerte cruzada”, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada de la acción del Parlamento contra él.

Menos de 24 horas después del inicio del juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones -“inmediatamente”, reclamó-. Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas para designar diputados y presidente para el período que resta de sus respectivos mandatos.

Lasso afirmó que ser presidente, “un honor sin comparación”, implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”. “Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado el Ecuador”, declaró en un discurso a la nación.

El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno.

El mandatario niega las acusaciones de que hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.

El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, “tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado”. A día de hoy, apuntó, “no es posible avanzar” en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de “fiscalización”, sino que se limita a la “obstrucción”.

La oposición, señaló, quiere “usurpar” todos los poderes del Estado, impulsada por un “sobrehumano rencor”, en palabras del presidente. “Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada”, sentenció durante su discurso, en el que volvió a defender su inocencia.

Con la disolución del Parlamento, el mandatario ecuatoriano podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.

Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual período presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.

“Admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales”, declaró Lasso.

El presidente, que entiende que la “aspiración mayoritaria” de la ciudadanía pasa por poner fin a una “confrontación irracional e inútil”, explicó que convocar elecciones devuelve a los ecuatorianos “el poder de decidir su futuro”. Se abre el camino a “recuperar esperanza”, añadió.

En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo al orden constituido en una aparente aprobación a la decisión del mandatario.

A su vez convocó a los ecuatorianos a mantener un clima de respeto a la ley y advirtió que no se permitirá la ruptura del orden constitucional a través de la violencia y que, en ese caso, las Fuerzas Armadas y la policía “actuaremos con firmeza” para proteger la vida, los derechos y garantías.

La decisión de Lasso se sustenta en el artículo 148 de la Constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.

La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaban adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.

El presidente ha mantenido una mala relación con el Legislativo, a cuyos integrantes ha acusado de haberle pedido cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos.

La Asamblea fue desalojada en la madrugada y un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores impide el paso.

La situación se mantiene en aparente calma en las calles y aún no se conoce ningún pronunciamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en los últimos años ha realizado movilizaciones y protestas que virtualmente paralizaron al país.

Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la Constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.

El abogado y constitucionalista Ismael Quintana dijo a The Associated Press que Lasso está facultado para gobernar por decreto aunque éstos sólo pueden ser de materia económica y es la Corte Constitucional la que decide si son válidos o no. El mandatario ya confirmó la emisión de uno que contempla una rebaja de impuestos, ya “sin bloqueos”.

Quintana aclaró, sin embargo, que dichos decretos podrían quedar sin efecto por decisión de la nueva mayoría legislativa que resulte elegida en los comicios anticipados, pues según la Constitución deberá someter a revisión las decisiones del Ejecutivo.

El analista jurídico Ramiro Aguilar indicó a The Associated Press que “este es un mecanismo plenamente constitucional” y que la medida ayuda a destrabar la disputa entre el gobierno y la Asamblea. “Un conflicto de esta naturaleza puede durar cuatro años y es un conflicto que paraliza el país, entonces la muerte cruzada (disolución de la Asamblea) establecida en la Constitución del 2008 fue diseñada para superar los conflictos políticos que ponen en jaque a las instituciones, que paralizan la institucionalidad”.

Sin embargo, agregó, el país también pierde el debate democrático porque “va a haber una voz unilateral del Ejecutivo imponiendo un rumbo sin el contrapeso de la Asamblea y pierde credibilidad el país, porque queda con una institucionalidad débil”.

Según establece la normativa, la Asamblea Nacional deberá cerrar físicamente sus instalaciones y únicamente su administrador general estará habilitado para mantener en operación al personal permanente mientras el resto de los contratos provisionales quedarán sin efecto. El presidente podrá ordenar el uso de la fuerza pública para el resguardo del Palacio Legislativo.

Lasso, que tiene apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.