Sin afectar meta fiscal: Corte Suprema de Brasil aprueba gasto para enfrentar sequía e incendios forestales
La decisión del juez Flavio Dino despeja el camino para que el gobierno actúe si presenta una orden ejecutiva al Congreso solicitando medidas extraordinarias para hacer frente a la situación.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó este domingo al gobierno a eximir del objetivo fiscal de este año los gastos derivados de los incendios forestales y la sequía en las regiones de la Amazonia y el Pantanal, mientras el país se enfrenta a los efectos económicos de la peor sequía de la que se tiene constancia.
La decisión del juez Flavio Dino despeja el camino para que el gobierno actúe si presenta una orden ejecutiva al Congreso solicitando medidas extraordinarias para hacer frente a la situación.
Según el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales (Cemaden), la actual sequía es la más intensa y extendida en Brasil desde que se iniciaron los registros en 1950, agravada por una débil temporada de lluvias en la región centro-norte, el aumento de las temperaturas atmosféricas y los cambios en el uso de la tierra, con la sustitución de zonas forestales por pastizales.
Incendios forestales sin precedentes han arrasado las regiones del Amazonas y el Pantanal, así como otras partes del país, mientras que la grave sequía ha obstaculizado la navegación a lo largo de las vías fluviales del Amazonas, con bajos niveles de agua que aíslan a algunas comunidades e interrumpen los envíos de soja y maíz desde estados del centro-oeste como Mato Grosso, la principal zona productora de cereales de Brasil.
El juez Dino también autorizó al gobierno a saltarse un periodo de espera legalmente obligatorio para contratar bomberos temporales y ordenó a un fondo de la policía federal que asignara recursos para dar prioridad a las investigaciones sobre los incendios forestales.
A principios de este año, el gobierno ya había eximido de gastos a las inundaciones sin precedentes que asolaron el estado meridional de Rio Grande do Sul en mayo, poniendo de relieve la creciente carga que suponen los fenómenos climáticos para las finanzas públicas.
El gasto en Rio Grande do Sul ha ascendido hasta ahora a 27.000 millones de reales (4.850 millones de dólares) y no se tendrá en cuenta a la hora de evaluar el objetivo del gobierno de eliminar el déficit primario de este año.
Aunque la sentencia de Dino permite que los posibles gastos eludan un tope de gasto establecido por las nuevas normas fiscales y los exime del cálculo de la meta fiscal, seguirían contribuyendo al crecimiento de la deuda pública de Brasil, que ya se considera elevada en comparación con otros mercados emergentes.
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