Trump: La estrategia legal para tratar de bloquear la certificación de Biden
El esfuerzo por lograr que en los estados los republicanos designen votos a favor de Trump en el Colegio Electoral es una posibilidad remota, dicen los asesores del Presidente y los expertos en derecho electoral.
El Presidente Donald Trump está llevando adelante una campaña de diferentes ataques legales en estados clave en los que ha ganado el Presidente electo Joe Biden, en un esfuerzo de largo plazo para tratar de evitar que los funcionarios certifiquen los resultados, dijeron asesores y abogados involucrados en el asunto.
Se desconoce cuán seriamente está considerando esta idea la campaña, dijo una persona. Muchos de los asesores y los abogados dijeron que ellos dudan que el esfuerzo tenga éxito y añadieron que tiene como fin, principalmente, apaciguar a Trump, que cree que le robaron la elección y que espera que su equipo legal siga luchando.
Algunos de los asesores y abogados de Trump dijeron que no hay una teoría legal dominante o una coordinación detrás de los esfuerzos de la campaña. La batalla legal probablemente concluirá con Trump denunciando que la elección fue fraudulenta y que él lucho contra el resultado, dijo un funcionario de la Casa Blanca.
La campaña de Trump ha presentado demandas en Pennsylvania, Michigan y Arizona en la que se les pide a los jueces que detengan a los funcionarios estatales en la certificación de los votos. Un grupo legal conservador ha hecho peticiones similares en la corte estatal en Michigan, donde se espera que un juez emita su fallo esta semana.
Al negarle a Biden los 47 votos electorales en esos tres estados bloquearían su camino a asegurar la mayoría. Biden lidera por cerca de 50 mil votos, o 0,75% en Pennsylvania, cerca de 146 mil votos, o 2,6% en Michigan y cerca de 13 mil votos o 0,4% en Arizona.
Pocas cortes han considerado peticiones similares en el pasado, dejando pocos precedentes. Los expertos legales dicen que es improbable que los jueces bloqueen los votos finales en un estado a menos que exista evidencia de un fraude generalizado.
La campaña de Trump no ha ofrecido ninguna evidencia de fraude en Arizona y Pennsylvania. En Michigan ha ofrecido declaraciones juradas de observadores republicanos de la elección que dicen que fueron acosados, excluidos a la fuerza de las instalaciones de conteo de votos en ausencia y que fueron testigos de la manipulación de papeletas.
Los estados usan su voto popular para Presidente para enviar un número determinado de electores para formalmente votar por Presidente en el Colegio Electoral. La Constitución dice que las legislaturas estatales determinarán cómo se escogen a los electores, lo que ha llevado a la especulación sobre qué pasaría si hay un bloqueo en los resultados.
En Pennsylvania, la demanda de la campaña sostiene que el estado no les dio a los observadores suficiente acceso a las papeletas y les dio a los votantes en los condados de tendencia demócrata más oportunidades para corregir las deficiencias en sus papeletas por correo.
Los funcionarios en cada estado han defendido sus procesos de votación como justos y libres de mayores problemas. Los demócratas dijeron que ellos lucharían contra cualquier esfuerzo para detener la certificación del voto.
La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, una demócrata, dijo que las demandas en Michigan estaban destinadas a evitar que el estado certifique los resultados con la esperanza de que la legislatura republicana envíe a electores del Congreso a favor de Trump. “Estamos preparados para combatir eso”, dijo en una conferencia el miércoles.
Una portavoz de la secretaría de Estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, dijo que su oficina está confiada de que certificará los resultados de la elección a tiempo. “Las cortes de Arizona tienen mucha experiencia manejando y resolviendo de forma expedita las demandas relacionadas con las elecciones dentro de los estrictos plazos legales”, dijo la portavoz Sophia Solis.
Arizona tiene programado certificar los resultados de su elección el 30 de noviembre. Michigan y Pennsylvania tienen como plazo el 23 de noviembre, bajo la mayoría de circunstancias.
La propia familia de Trump se encuentra dividida sobre cuán intensamente llevar adelante los desafíos legales. Sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump han presionado para seguir adelante, dijeron personas familiarizadas con las discusiones. Jared Kushner, un alto asesor de la Casa Blanca y yerno del Presidente, llamó a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel el lunes para sugerirle que el aparato del Partido se involucre más, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Algunos asesores de Trump dijeron que existe confusión sobre quién lidera el esfuerzo legal.
David Bossie, subdirector de campaña de Trump en 2016, fue elegido el viernes para liderar el impulso legal, pero no ha asumido un papel particularmente visible desde que dio positivo por Covid-19 el domingo.
Una persona involucrada en los esfuerzos dijo que Rudy Giuliani, el abogado personal del Presidente, ha estado en contacto regularmente con abogados en el terreno en Michigan y Pennsylvania. Giuliani no respondió a las solicitudes de comentarios. El liderazgo republicano en el Congreso ha apoyado la batalla legal de Trump. Algunos asesores ven los esfuerzos como una forma de mantener energizada la base de Trump antes de las elecciones de segunda vuelta en Georgia en enero que determinarán el control del Senado.
Las demandas también ofrecen a los republicanos una plataforma más amplia para llamar la atención sobre posibles irregularidades en la votación. Y brindan una oportunidad de venganza política por parte de Trump, quien se ha quejado durante mucho tiempo de que la investigación del fiscal especial sobre los vínculos de su campaña con Rusia en 2016 fue una forma de sus oponentes para deslegitimizar su victoria de ese año.
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