A dos años del 18-O, casos emblemáticos por violaciones a los DD.HH. entran en su fase final

Uno de los desafíos más importantes, al interior del Ministerio Público, es saber cuál va a ser el resultado judicial de las causas emblemáticos caratuladas como violaciones a los derechos humanos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. Con 20 años de existencia en el sistema penal, la fiscalía nunca había enfrentado masivas denuncias por lesiones provocadas por agentes del Estado, en este caso Carabineros, quienes hoy -varios de ellos ya fuera de las filas de la institución- deben enfrentar a la justicia luego de imputaciones alzadas por investigadores y el propio Consejo de Defensa del Estado (CDE) que, mediante querellas, busca que estos exfuncionarios públicos paguen por conductas que se alejaron de los protocolos policiales para contener los desórdenes en el marco de protestas. A dos años del 18-O, ¿qué tan cerca están los juicios?

El último hito que remeció este caso fue cuando el 12 de octubre pasado la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva que se encontraba cumpliendo el exmiembro de las Fuerzas Especiales de Carabineros Claudio Crespo. El otrora uniformado fue formalizado en agosto del año pasado por el fiscal de Alta Complejidad Francisco Ledezma. Este último le impuso a “g-03″ (símbolo escrito en el caso del uniformado con el que se le identificó en las fotografías) ser el autor del disparo de los perdigones que, en noviembre de 2019, dejó al joven estudiante de la Academia de Humanismo Cristiano Gustavo Gatica ciego, tras las lesiones irreparables en sus dos córneas.

Actualmente la investigación está vigente. Hace unas semanas se amplió el plazo de investigación hasta diciembre. Esto, a la espera de un par de peritajes solicitados por el fiscal Ledezma, quien, según fuentes del caso, ya estaría en condiciones de acusar a Crespo y llevarlo a juicio oral. Se espera que en este documento el Ministerio Público pida penas de más de 10 años de cárcel y que sean de cumplimiento efectivo, es decir en la cárcel. La familia y el propio Gatica han cuestionado la decisión del tribunal de alzada de sustituir la prisión del exteniente coronel, quien -desde que dejó el centro de internación- se ha convertido en un activo tuitero. “Hola a todos los amigos. Hoy se ha hecho justicia, he recuperado mi libertad y les agradezco a todos los que me han apoyado en este proceso. Agradecido y orgulloso de todos!!!!!”, escribió en la red social el día que dejó la cárcel.

Es probable que el juicio oral por este caso se desarrolle los primeros meses del 2022.

Otro caso denominado como “emblemático” es el de Fabiola Campillai, quien quedó ciega luego de que el excarabinero Patricio Maturana percutara su carabina lanzalacrimógenas directo al rostro de la mujer, a sólo unos metros de donde ella, junto a un grupo de vecinos de San Bernardo, esperaba en un paradero la locomoción colectiva que la llevaría a su turno nocturno en una fábrica, el 26 de noviembre de 2019. Hoy esta víctima enfrenta una candidatura al Senado y en paralelo la fiscal Occidente, Paola Zárate, afina el nuevo cierre del caso. El 10 de agosto el Ministerio Público acusó al policía y pidió 12 años de presidio efectivo por su actuar y las lesiones provocadas a la mujer, quien, además, por el impacto perdió los sentidos del olfato y el gusto.

Pese a esto, la justicia reabrió el caso. El 6 de septiembre se amplió el plazo de investigación por 60 días. Esto luego de que el CDE solicitara nuevas diligencias con el propósito de perseguir el delito de obstrucción a la justicia. Esto luego de que la Fiscalía Occidente develara en audiencia que Maturana ocultó una cámara corporal que habría sido clave para probar que en esa jornada no disparó su escopeta en parábola como señala el protocolo, sino directo al grupo de pobladores que estaban esperando la micro. Tras finalizar las diligencias, el ente perseguidor penal estaría listo para la preparación de este juicio oral, el que también se espera se desarrolle en el primer semestre de 2022.

Una de las pesquisas clave que se realizó por la golpiza que dejó tetrapléjico a Mario Acuña la noche del 23 de octubre de 2019, en Buin, fue la reconstitución de escena. Ahí, personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y la Fiscalía Occidente lograron determinar la dinámica de los hechos que dejaron al trabajador con un daño neurológico irreversible.

Por estos hechos están formalizados los carabineros Jonathan Neira Chaparro, Víctor Lastra Marguirot, además del cabo segundo Henry Cuéllar Vega, a quienes la fiscalía les imputó el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura.

Actualmente el caso está a punto de cerrarse. Existe una hora pendiente en el Servicio Médico Legal (SML) para que desarrolle el peritaje sicológico bajo el Protocolo de Estambul, en que se ocupa un manual de investigación y documentación y que se aplica a víctimas de tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Esta semana, el 3 de noviembre, además, está agendada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo la revisión de la prisión preventiva de Neira.

Quizás el caso que más dolores de cabeza ha traído para el MInisterio Público es la muerte de Álex Núñez. Este último falleció el 22 de octubre en la ex Posta Central, dos días después de haber recibido una golpiza en Maipú. Su muerte es uno de los dos casos ocurridos en el marco de la crisis social, en que el deceso sería atribuible -según indaga el Ministerio Público- a un accionar de Carabineros. El problema es que pese a los recientes videos surgidos en la indagatoria y las declaraciones de testigos clave, el fiscal de Alta Complejidad Pablo Sabaj aún no ha logrado determinar autorías concretas tras este deceso.

Un presunto “pacto de silencio” entre los sospechosos de este crimen habría dificultado las diligencias iniciales. De hecho, en la indagatoria declaró el propio exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, quien reconoció que “contamos con muy poca información como para avanzar en el sumario”.

De hecho, en los informes policiales la PDI da cuenta de que un testigo clave para el caso, un amigo de la víctima, fue muy difícil de ubicar, lo que trabó las primeras pesquisas. David Uribe sólo se hizo presente ante los policías meses después y ahí comentó que ese día estuvo con Núñez y en medio de las protestas él y su amigo comenzaron a correr para no ser detenidos por Carabineros: “Observé cómo tres carabineros golpeaban con sus lumas y patadas a una persona que se encontraba en el piso en posición fetal”. Agregó que “reconocí inmediatamente sus vestimentas, unas zapatillas marca Nike, de color blanco y azul caña alta, y unos pantalones caqui, tipo verde o café muy desgastados, esas prendas eran las que usaba Álex Núñez ese día, sin embargo, debido a la adrenalina seguí corriendo y quise pensar que no se trataba de Álex, llegando a la ruca donde pernoctaba”.

Pese a esto, el caso sigue desformalizado y con varias piezas de la investigación bajo reserva.