A ocho días de su formalización, secretario del Senado Raúl Guzmán logra que el TC suspenda causa penal por infringir medidas sanitarias
La resolución despachada hoy por el organismo implica que la investigación penal por completa queda paralizada. La formalización se había fijado para el 19 de noviembre. El Ministerio Público pretendía formalizar a Guzmán y el resto de los imputados por una eventual infracción al artículo 318 del Código Penal, mientras la defensa argumenta que es inaplicable por inconstitucionalidad.
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) decidió suspender la causa penal que lleva la Fiscalía Regional del Biobío en contra del secretario del Senado, Raúl Guzmán. Esto en el marco del recurso de inaplicabilidad que ingresó Guzmán y que busca dejar sin efecto la investigación que solicitó el Ministerio Público por una presunta infracción sanitaria. El objetivo es que en este caso en particular se decrete que el artículo 318 del Código Penal es inaplicable por inconstitucionalidad.
La decisión de la Sala -integrada por los ministros María Luisa Brahm, Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y María Pía Silva- implica que el proceso penal por completo queda suspendido para todos los imputados.
La causa por la cual Guzmán acudió al TC se basa en la petición de audiencia de formalización solicitada el pasado 21 de septiembre por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. La formalización se había fijado para el 19 de noviembre. Además de Guzmán, la persecutora pidió imputar cargos a otras cinco personas por infringir las medidas sanitarias impuestas en medio de la pandemia por el Covid-19.
El Ministerio Público pretende formalizar además de Guzmán al fiscal de la zona sur, Patricio Rosas, y al abogado asesor Roberto Contreras. Guzmán sostuvo con ambos una reunión el 25 de junio en un local de mariscos de la comuna de San Miguel, cuando había cuarentena y prohibición de funcionamientos de restaurantes en todo Chile.
El pasado 28 de septiembre abogados de la Defensoría Penal Pública, a nombre de Guzmán, presentaron un requerimiento solicitando al Tribunal Constitucional suspender el procedimiento, argumentando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 318 del Código Penal.
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