A siete años del #MeToo: denuncias por delitos sexuales aumentaron un 111% y preocupa número de causas archivadas

A fines de 2017 el hashtag #MeToo se había apoderado de las redes sociales. Las denuncias por acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein habían movilizados a miles, concientizando e invitando a denunciar las distintas conductas sexuales ilícitas. Tomó fuerza, también, en Chile, llegando a tener impacto en el sistema de justicia penal.

Así, de hecho, lo grafica un reciente estudio del Observatorio Judicial, que constata que desde esa época se produjo “un importante cambio en el ingreso de denuncias por delitos sexuales, así como en la respuesta de los tribunales ante esta clase de ilícitos”.

Como exponen, en 2017 el Ministerio Público recibió 22.540 denuncias, mientras que en 2023 dicha cifra ascendió a 47.621. Las sentencias condenatorias, en tanto, aumentaron y la pena promedio aumentó de 1.519 a 1.820 días.

“Es arriesgado afirmar una relación de causalidad entre el #MeToo y el aumento de la actividad del sistema judicial respecto a los delitos sexuales, sin embargo, eso no quita el hecho que el ingreso de tales ilícitos coincide con el inicio del movimiento en nuestro país, lo cual abre una interrogante y una oportunidad para indagar sobre cómo el sistema de justicia penal ha procesado ese importante aumento en las denuncias por delitos sexuales”, plantea Juan Francisco Cruz, abogado y autor del informe.

Si bien el ingreso de causas por delitos sexuales viene en alza sostenida desde al menos 2006, como se indica en el estudio del Observatorio, desde 2018 en adelante se produce un aumento en el peso relativo de los ingresos por este tipo de ilícitos.

En efecto: según sostiene la medición durante el periodo 2006-2017 los ingresos por delitos sexuales nunca sobrepasaron el 1,7% del total de las causas que analiza Fiscalía, mientras que en 2018 empezó progresivamente a aumentar hasta alcanzar un 3,3%, con excepción de 2020, cuando se evidencia una baja asociada a las cuarentenas por Covid-19.

Agregan, en el mismo sentido, que si en el periodo 2006-2017 la variación promedio del ingreso de denuncias fue del 3,83%, entre 2018 y 2023 ascendió al 14,45%.

Pero aunque los datos muestran que con la consolidación del movimiento las denuncias aumentaron, el experto advierte que sigue existiendo “una baja eficacia punitiva en la persecución y castigo de las denuncias por delitos sexuales”.

Sostiene, en esa línea, que entre 2006 y 2023, el archivo provisional de las causas fue del 63%, mientras que las sentencias condenatorias alcanzaron sólo el 11%, lo que -dijo- muestra lo complejo que es probar esta clase de ilícitos.

“La evolución temporal del archivo provisional y las sentencias condenatorias -que representan las formas más paradigmáticas y opuestas de la función del Ministerio Público- indica un claro decaimiento de la capacidad para investigar y sancionar penalmente los delitos sexuales”, sostuvo el abogado.

Y es que si en 2017 se archivaron alrededor de 16.000 casos, en 2023 la cifra se duplicó a 32.000. O sea, aumentan las denuncias, pero también crece el número de causas donde no se establecen responsabilidades.

Eso sí, como agregó Cruz en el análisis, “dentro de ese marco general de baja eficacia punitiva, durante el periodo 2018-2023 se produjo una especie de revitalización en la persecución de tales delitos con un aumento en la cantidad de sentencias condenatorias, así como un aumento significativo en los días promedios de condena por delitos sexuales”.

Expone, en ese sentido, que en 2018 la pena promedio fue de 1.454 días, mientras que en 2023 fue de 1.820. Es decir, 366 días más.

“Ante los mismos delitos los jueces en general aplicaban penas más bajas antes de la irrupción del #MeToo. Durante ese periodo no hubo reformas legales que aumentaran las penas y que explicaran un aumento tan significativo de las penas privativas de libertad”, manifestó Cruz.

Por lo mismo es que el investigador hizo hincapié en que el escenario que muestran las cifras relacionadas con delitos sexuales post activación feminista, “abre una interrogante sobre la potencial influencia de los movimientos sociales en los tribunales de justicia” que, recalcó, es conviente seguir analizando.