Abbott pide la creación de una fiscalía especializada en DD.HH. y critica falta de recursos para este tipo de casos

Delitos contra la salud pública, investigaciones a violaciones de Derechos Humanos, la situación en La Araucanía, violencia intrafamiliar, entre otros.

Esos fueron algunas de las temáticas que hoy abordó el fiscal nacional, Jorge Abbott, en la cuenta pública del Ministerio Público, donde entregó algunas cifras sobre estos hechos.

Uno de los puntos centrales de la alocución del jefe de la Fiscalía estuvo en materia de indagatorias a violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado en el contexto de las manifestaciones sociales. En ese contexto, Abbott dijo que la Fiscalía ha formalizado 57 causas por violaciones a los DD.HH. En total, de118 imputados, 113 son carabineros, 4 del Ejército y 1 de la Armada. “Estas investigaciones las hemos asumido con prioridad, se trata de causas complejas que presentan diversas dificultades para su entendimiento en que tenemos la voluntad irreductible de avanzar”, dijo y agregó: “si bien se trata de resultados aún incipientes, destaco que en los últimos meses hemos visto un aumento en las formalizaciones de casos”.

Sin embargo, criticó que falta de recursos para concretar las investigaciones. “Estas causas por su naturaleza requieren tiempo para lograr su esclarecimiento y juzgamiento. Ello derivado que las persona investigadas son agentes del Estado, encargados precisamente del control del orden público y de investigar los delitos.Y que mucho de estos hechos se produjeron en el contexto de manifestaciones muy masivas lo que ha dificultado la identificación de los autores individuales y la imposibilidad de asegurar y/o resguardad el sitio del suceso entre otros obstáculos. Además, no hemos podido contar con recursos policiales específicos para este tipo de delitos y personal investigativo especializado con presencia en todas las regiones del país. Urge que como Estado se destinen más recursos para avanzar en estas investigaciones, especialmente para la policía y para el Servicio Médico Legal”.

En esa línea, Abbott pidió la creación de una fiscalía especializada de derechos humanos, “como aquellas que existen en nuestros países vecinos constituirá una clara demostración del compromiso de Chile con la investigación y reproche a toda violación de derechos fundamentales por parte de agentes del Estado”.

Además, afirmó que instruyó que se lleve adelante un “Plan de Contingencia en orden de examinar los criterios de actuación aplicados en causas de DD.HH. archivadas y en las que se decidió no perseverar, con el fin de apoyar a los equipos investigativos regionales en la reapertura de estas indagatorias, si es que existen razones que lo fundamenten”.

Continuando con esta temática, dijo: “He estimado dictar en el más breve plazo un nuevo oficio que actualice los criterios de actuación en causas de violaciones a los DD.HH. En lo central la instrucción abordará las principales obligaciones internacionales en materia de investigación, particularmente en caso de e tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Junto a ello explicó que se desarrollarán criterios diferenciadores entre estos delitos y sus formas de autoría.

La solicitud de Abbott fue destacada por el Instituto de Derechos Humanos. “Valoramos propuestas del Fiscal Nacional Jorge Abbott, que constituirían un compromiso del Estado para avanzar verdad y justicia en causas de DDHH. Creación Fiscalía Especializada DDHH, más recursos para investigación policial, coordinación con INDH y actualización de criterios”.

Por otra parte, Abbott también se refirió a los hechos de violencia ocurridos en la Macrozona Sur.

En ese sentido, planteó que instruyó, en el plazo de un mes, contar con un plan de trabajo nacional con foco en la Macrozona sur y que tendrá cuatro ejes de acción.

Estos son la conformación de equipos interregionales para abordar la violencia rural, una coordinación efectiva con las policías, el establecimiento de enlaces con el gobierno y el diseño de un apoyo integral para la protección de las víctimas de violencia rural.

En tanto, el fiscal nacional tuvo palabras para un delito que, según dijo, ha alcanzado “una alta proporción” en el ingreso de causas del Ministerio Público: los relacionados al incumplimiento de las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia de coronavirus.

En 13 meses de pandemia, dijo, han ingresado al sistema de justicia penal más de 529 mil personas por cometer transgresiones contra las resoluciones de la autoridad de la seguridad pública.

De ese total, en un 60% se han dictado resoluciones por parte de los tribunales. “Si bien esa persecución se ha extendido a todos los infractores, se ha concentrado en identificar y llevar a la justicia con más severidad a los empleadores que falsifican permisos colectivos o que obligan a sus trabajadores a romper la cuarentena; en perseguir a los organizadores de fiestas o eventos masivos prohibido; y en pedir sanciones para quienes transgreden las restricciones sanitarias en forma reiterada”.

El fiscal afirmó que “hemos fijado criterios de persecución criminal en forma progresiva y escalonada. Solo se detiene y pasa a control de detención a infractores contumaces, empleadores irresponsables, organizadores de eventos masivos o individuos con un elevado número de reincidencias. En cambio a la mayoría de los imputados se le se somete a un requerimiento monitorio cuya pena es una multa que los tribunales en el ejercicio de sus atribuciones exclusivas pueden compatibilizar con la gravedad de la infracción”.

Por otra parte, Abbott entregó cifras respecto a delitos de violencia intrafamiliar registradas en 2020.

Según dijo, el año pasado ingresaron a la fiscalía más de 127 mil denuncias de este tipo. Un delito, “especialmente preocupante durante la crisis sanitaria por el confinamiento derivado de la misma”.

Sobre esto, criticó que “lamentablemente, la actual disponibilidad de recursos técnicos y humanos no permiten realizar un seguimiento permanente a todos estos casos, que hace necesario focalizar la atención en los más graves”.

Para hacer frente a estos hechos, dijo que el Ministerio Publico está explorando el uso de nuevas tecnologías de análisis de información que apoye a los fiscales en adelantar la detección de situaciones de riego que afecten a víctimas de violencia intrafamiliar. Este sistema de detección, denominado algoritmo de sugerencia de riesgos, se inició el año pasado como programa piloto regional. No obstante se encuentra en etapas iniciales, dijo que “ha dado resultados muy alentadores”. Manifestó que este año se le realizarán ajustes y se extenderá a nuevas regiones.

La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip), en tanto, presentó acciones judiciales en los tribunales laborales de Santiago contra Jorge Abbott y pidieron reformas para la Fiscalía.  

Según informaron en un comunicado “la primera acción judicial, dice relación con las comunicaciones recibidas por los dirigentes, luego de presentar su disconformidad con la contratación de una exfiscal regional bajo una modalidad extraordinaria”. 

“La segunda, con una interpretación de la Fiscalía Nacional, que limitaría la participación de funcionarias y funcionarios en el Proceso Constituyente, en algo tan básico como manifestar su opinión en redes sociales sobre este hito histórico, considerando que esta instancia democrática influye en sus vidas y que no reduce solamente a votar por quienes serán los encargadas de redactar la nueva carta fundamental”, agregaron. 

En la Fenamip aseguraron que “para nosotros es importante que se reconozcan nuestros derechos civiles y políticos, los cuales son parte inherente de nuestra individualidad como seres humanos siendo funcionarios públicos y, por tanto, no pueden quedar al arbitrio de las distintas autoridades del servicio y de un criterio conservador de lo que es el ejercicio de nuestras libertades en democracia”. 

Por otro lado también pidieron modificación en los procesos para elegir Fiscal Nacional y Fiscales Regionales.