Alberto Chiffelle, fiscal jefe de Temuco y quien llevó a juicio el caso Luchsinger Mackay: "El fallo permite restablecer la confianza en el sistema"

El fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, ha estado involucrado en el caso Luchsinger Mackay desde el mismo 4 de enero de 2013, día en que un grupo atacó la residencia en que vivía el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger (75) y Vivian Mackay (69). El atentado, registrado en la comuna de Vilcún, terminó con las víctimas fallecidas luego de que su hogar fuera incendiado.

Chiffelle participó del primer juicio, en que la Fiscalía de La Araucanía logró la condena del machi Celestino Córdova a 18 años de cárcel, sin acreditar el delito terrorista. Luego, el año pasado lideró el equipo de persecutores que enjuició a 11 comuneros, quienes finalmente fueron absueltos. Este procedimiento debió repetirse y con él de nuevo a la cabeza de la parte acusatoria, el Ministerio Público logró la condena de tres personas.

Este último veredicto, que se dio a conocer el pasado sábado, sí acreditó la conducta terrorista en el atentado. Chifelle ahondó con La Tercera los pormenores de este procedimiento.

¿Cómo toman este nuevo fallo del caso Luchsinger?

Con tranquilidad. La conformidad, en primer lugar, es porque se logró establecer la verdad y de alguna manera se hace una justicia reparadora con las víctimas de estos hechos, el matrimonio Luchsinger Mackay y sus hijos. Y también, al considerar estos hechos de carácter terrorista, con todos aquellos agricultores que, tal como dice el veredicto, se han visto obligados a adoptar medidas de seguridad que han provocado cambios en sus vidas y hacen que estas sean totalmente distintas a las de cualquier ciudadano de este país. Ellos son las víctimas. Y digo esto porque el fallo derribó una posverdad instalada, que era una realidad tergiversada, donde se puso a los imputados como víctimas.

¿Qué más rescata?

En segundo término, el fallo permite restablecer la confianza en el sistema, puesto que señala de manera expresa que no se plantó prueba en los términos en que lo sostuvo la defensa y que en las dos declaraciones prestadas por el delator compensado José Peralino no hubo ninguna irregularidad ni ilegalidad, ni de los fiscales que adoptaron ese procedimiento ni de las policías que intervinieron en él. Quienes participamos en este caso hemos sufrido descalificaciones y acusaciones sin sustento, en ese sentido, este veredicto pone las cosas en orden.

¿Qué cambió en este juicio que ahora sí se lograron condenas y la vez anterior no?

Si bien es la misma prueba, modificamos nuestra estrategia para lograr probar puntos que en el primer juicio, en opinión de ese tribunal, no habían sido suficientemente establecidos. En este sentido, por ejemplo, cambiamos el orden en que fue rendida la prueba, hicimos declarar a algunos testigos que pese a estar ofrecidos no presentamos en la primera instancia y tratamos de poner el debate en lo que había como prueba y no en lo que no había.

¿Notó un cambio de criterio de los jueces?

Hace pocos días, el fiscal nacional (Jorge Abbott) hizo hincapié en los desafíos que debíamos asumir como sistema y avanzar en la valoración de la prueba indiciaria en los casos de violencia rural, donde es cada vez más difícil encontrar prueba directa. Sin conocer la sentencia, de lo que pudimos escuchar del veredicto, entendemos que el tribunal valoró las dos declaraciones del delator compensado y la gran cantidad de prueba indiciaria que la policía levantó antes y después de la declaración.

¿Qué le parece que se haya acreditado el delito terrorista?

Se dio la razón a lo que hemos sostenido como fiscalía desde el primer juicio (Celestino Córdova). Si quemar vivo a un matrimonio de ancianos para dar una señal a los restantes agricultores no es un delito terrorista, ¿qué lo es? Aquí el mensaje que se da con este tipo de atentados es claro para quienes viven en el campo. Es váyanse, porque si no lo hacen, les va a suceder lo mismo. Y también este mensaje alcanza a quienes no viven en los campos: no vengan, porque si lo hacen les puede suceder lo mismo. Con la prueba pudimos probar el elemento subjetivo del tipo penal.

Según la declaración de Peralino, cerca de 25 personas habrían participado del atentado. ¿En qué va la investigación para dar con el resto de los autores?

Nuestro compromiso con las víctimas es realizar nuestro mejor esfuerzo para llegar a la verdad y obtener la sanción de sus responsables. Actualmente, hay cuatro personas condenadas y por supuesto que seguiremos indagando, en la medida en que existan líneas investigativas que sean verosímiles y que nos permitan llegar a los restantes partícipes.

¿Estima que la propuesta del gobierno sobre las modificaciones a la Ley Antiterrorista va en la dirección correcta?

La propuesta del gobierno coincide con lo que hemos venido sosteniendo hace tiempo. Se requiere la objetivación del tipo penal e incorporar técnicas investigativas para arribar a un buen resultado. También en torno a brindar un soporte adecuado de protección a las víctimas y testigos. Hay carencias evidentes en esa materia.