Análisis de Gendarmería revela los efectos que genera la sobrepoblación

Tras visitar la cárcel de Colina en abril pasado, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos pidieron a la Dirección Nacional de Gendarmería conocer la realidad penitenciaria en detalle: sus condiciones en infraestructura, salubridad, acceso al agua potable y de capacidad para albergar internos.

La respuesta a estas dudas llegó el 2 de mayo pasado, luego de que la directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, presentara ante los parlamentarios la situación actual de los recintos penitenciarios del país. Allí se revelaron los efectos de la sobrepoblación penal, la que hoy afecta a un 50% de las cárceles del país.

Según el análisis de Gendarmería expuesto ante los diputados, 42 de las 84 unidades existentes tienen distintos niveles de sobrepoblación, lo que, a juicio de la institución, produce distintos efectos en la realidad penitenciaria.

Se identificaron las siguientes consecuencias: hacinamiento de internos, falta de camas, deficiente acceso a servicios básicos y malas condiciones de salubridad. Además, se detectó que en los penales de 10 regiones hay dificultades con el tendido eléctrico.

Por ejemplo, el análisis planteó que en "el CCP Iquique, que alberga a mujeres, requiere trabajos en los sistemas eléctricos y sanitarios. La basura se dispone solo en contenedores, por no contar con sala de basura, y siempre se presentan carencias o deterioros en ellos. Los residuos hospitalarios no cuentan con sala autorizada para su disposición. La mayoría de las plagas (roedores, insectos y microorganismos) están presentes y en vías de control, a pesar de que los servicios se realizan a través de empresas autorizadas. La supervisión se está mejorando".

Tomando en cuenta el crítico escenario en Iquique, no es allí donde están los mayores índices de sobrepoblación. Según Gendarmería, son cinco los penales que exceden de manera drástica la capacidad máxima de internos.

Estos recintos son el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache, con un 279% de sobrepoblación; el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Talca, con un 244% por sobre la capacidad máxima; el CDP de Taltal, con un 243%, y el CDP Santiago Sur (ex Penitenciaría), con un 240% de exceso de internos.

Consultada Gendarmería sobre cómo se trabaja con estos niveles de sobrepoblación, y las soluciones que se deben aplicar, señalaron por escrito que "efectivamente, según lo informa el catastro realizado por la institución en febrero de 2018, al término de la anterior administración, 42 de las 84 unidades existente tienen distintos niveles de sobrepoblación. En ese sentido, esta es una de la prioridades del Plan de Vida Digna encargado desde el gobierno, que entre otras cosas permitirá disminuir los niveles de hacinamiento y mejorar las condiciones de vida al interior de las unidades, tanto para internos como para los funcionarios".

Los problemas de infraestructura carcelaria son una preocupación para el Ejecutivo. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, según el análisis de Gendarmería, "se contemplan 11.512 plazas para internos y 1.864 para mujeres, las que se encuentran en regular y mal estado. La unidad con mayores falencias es el CDP Santiago Sur (ex Penitenciaría), que presenta problemas estructurales, eléctricos y sanitarios".

La situación de los tendidos eléctricos, presente en las cárceles de 10 regiones, es de preocupación en Gendarmería y el Ministerio de Justicia. Es por ello que se pondrá en marcha una mesa de trabajo entre el sector público y privado para buscar una fórmula en conjunto, para mejorar la infraestructura penitenciaria.

Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz (PC), "el sistema carcelario en Chile es algo que preocupa. Es un tema grave. Hemos sido denunciados ante organismos internacionales por la calidad de nuestras cárceles y las condiciones en las que viven los internos. Es necesario tomar medidas urgentes, como disponer de más recursos, habilitar espacios que están sin ocupar y tener una política integrada. Hay lugares donde sobra espacio y en otros que falta. Por ejemplo, en Colina 1 vimos que había pabellones vacíos, eso no puede ser".

Para el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el tema pasa por construir más cárceles concesionadas. "La realidad carcelaria no va a mejorar si no hay espacio, el que tiene que ser concesionado", dijo. Agregó que en las cárceles operadas por privados "no hay hacinamiento. Las públicas están mal administradas, por lo que no dan abasto. Si no hay una política de verdad para construir cárceles, tendremos siempre el problema de la sobrepoblación".

Actualmente, hay ocho establecimientos penales concesionados, los que pueden ser multados por el Ministerio de Obras Públicas en el caso de que haya un exceso de internos en los recintos.

Para solucionar las dificultades detectadas, además de las estructurales, Gendarmería también buscará potenciar los programas de reinserción. La institución hará un catastro de infraestructura y detección de brechas. También elaborará programas de reinserción, propondrá mejoras al reglamento de establecimientos penitenciarios, mejorará el sistema de clasificación de la población penal y soporte tecnológico y creará un plan para la internacionalización de Gendarmería.