Cámara solicita informe a Justicia por construcción de nueva cárcel de Alta Seguridad en Santiago

A raíz de cuestionamientos expresados por los alcaldes de Santiago y de Pedro Aguirre Cerda, Irací Hassler y Luis Astudillo, respectivamente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), ofició al ministro de Justicia, Luis Cordero, a fin de que informe sobre el proyecto de ampliación de Santiago 1 y que implica la construcción de una nueva cárcel de Alta Seguridad en el sector de avenida Pedro Montt.

Como se lee en el documento, la decisión se adoptó en función de las labores fiscalizadoras que posee la corporación y, además, luego del encuentro en medio del cual se escucharon alegaciones de ambos jefes comunales.

En la reunión, dice el escrito, los alcaldes “expusieron una gran preocupación y rotundo rechazo a la medida, tanto por la ausencia de su participación como autoridades locales en la discusión, así como por los motivos de la inconveniencia de construir una cárcel de alta o máxima de seguridad en un sector urbano que no es propicio para albergar una cárcel de estas características”.

Así, y a pesar de que hasta ahora la titular de la Cámara había evitado tomar una postura crítica como la de su compañera de partido y jefa comunal de Santiago, el texto cuestionó en duros términos el proyecto.

“Hablamos de la comuna capital del país, sector con alta densidad poblacional, urbana, próxima a liceos, universidades, áreas verdes, parques de alcance metropolitano, como es el Parque O’Higgins, centros de eventos y escuelas deportivas. Sector que, además, ya cuenta con recintos penitenciarios que han provocado en el territorio bajos niveles de cohesión social, baja tasa de participación comunitaria y altos sentimientos de inseguridad. Esto último, derivado de la gran cantidad de delitos e incivilidades que se producen en sus alrededores, como homicidios de alta connotación pública, prácticas masificadas en el último tiempo como la de los ‘peloteros’, amenazas de bomba, comercio informal, tráfico y presencia constante de grupos delictuales y actividades sospechosas”, se señala en el documento.

Considerando aquello, y que además se hace presente que en el lugar hay un rápido acceso a rutas de escape y bajo control, se prevé que la situación descrita podría empeorar. “Es de estimar, entonces, que la instalación de una nueva cárcel agudice estas problemáticas y las amplifique cuantitativa y cualitativamente”, sostiene el oficio.

De esta forma, se pide al secretario de Estado que informe respecto a los motivos y razones de esta decisión.

Así, también se solicita entregar copias del oficio enviado al Ministerio de Vivienda para iniciar el procedimiento de modificación del plan regulador de Santiago; de los informes técnicos de las unidades del Ministerio, Subsecretaría de Justicia y Gendarmería sobre la ubicación de la nueva cárcel y de los informes técnicos sobre las ubicaciones evaluadas para el emplazamiento del nuevo penal; y, por último, del proyecto del nuevo recinto.

Esta nueva arremetida contra la disposición del gobierno se conoce luego de que el pasado jueves 5 de septiembre la comuna de Santiago emitiera el informe técnico con que formalmente se opuso a la construcción de las nuevas plazas carcelarias en la comuna.

Como publicó este medio, en el documento remitido a la cartera que dirige Carlos Montes, el municipio argumenta que la propuesta no respetaría instrumentos de planificación establecidos, que no se ha hecho consulta ciudadana, que faltaría documentación, que la ley invocada sería inconstitucional y que habría impactos urbanísticos, sociales y económicos negativos asociados a la construcción.

Desde un inicio la alcaldesa Hassler ha llevado a cabo una serie de acciones con miras a frenar la mencionada ampliación carcelaria. De hecho, la autoridad edilicia acusó al Ejecutivo de “improvisación”, e inició una ardua cruzada para conseguir apoyos en contra de la iniciativa anunciada por el gobierno como respuesta a la ola de homicidios en la Región Metropolitana y para combatir el hacinamiento carcelario que registra el sistema.

Pese a lo anterior, tanto el ministro Cordero como el resto del gabinete se ha mostrado firme en materializar la propuesta. Han señalado al respecto que, o se construye un nuevo recinto, o probablemente se tendría que dictar una ley de indultos generales para descomprimir el nivel de ocupación de los penales.

“Por la urgencia que estamos enfrentando, por la crisis inminente que podemos enfrentar, el único espacio donde en la actualidad es posible desarrollar a cabo un proyecto que permita resolver la situación penitenciaria es en la zona de Pedro Montt”, ha indicado en diversas oportunidades el titular de Justicia.