Carabineros cifra en 11.466 los eventos asociados a la crisis

Son varios los hechos de violencia que han copado la agenda tras las protestas iniciadas el 18 de octubre del año pasado. Comisarías y cuarteles atacados, inmuebles quemados cerca de Plaza Baquedano y viernes que registran un alto número de altercados han sido la tónica de estos meses. Eso, matizado por marchas y expresiones masivas y pacíficas.

De acuerdo a cifras de Carabineros, desde el 18-O hasta la fecha se han registrado 11.466 eventos asociados a la crisis. De ellos, el 24% corresponde a la RM, lo cual equivale a 2.737 eventos. El desglose de estos números arroja que en Santiago la lista es liderada por los desórdenes, con 879. Luego, según los datos de la policía uniformada, vienen los saqueos (311), 118 convocatorias para marchas, 149 incendios y 1.280 de otros tipos de hitos.

Todo este escenario ha significado un desafío para el gobierno y Carabineros en materia de orden público, lo que ha generado también algunas acciones judiciales en contra de la policía y del Ministerio del Interior, ya sea por excesos en el uso de la fuerza o también por privados que demandan mayor seguridad.

Uno de estos casos es el recurso de protección que ingresó la Sociedad Comunidad Edificio Cordillera, firma que administra el Hotel Crowne Plaza, instalado en plena Plaza Italia. En esa acción judicial, la empresa acusó que ni el gobierno ni Carabineros "han dado fiel, oportuno y cabal cumplimiento con su obligación constitucional y legal de resguardar el orden público". La disputa se está viendo en la Corte de Apelaciones de Santiago. En ese contexto fue que el tribunal de alzada capitalino le pidió informes tanto a la policía uniformada como a Interior para resolver.

Las tres instituciones realizaron una firme defensa de los planes de seguridad ejecutados para garantizar el orden público, y sostuvieron que el recurso debe ser rechazado. En la respuesta de Interior se señaló que Crowne Plaza "omite que los hechos delictuales no son causados por esta Secretaría de Estado, sino por terceros a los que el Estado busca específicamente perseguir y sancionar".

También se agregó que la firma no aportó "antecedentes sobre la existencia de cierto marco de desigualdad con otros ciudadanos o locales comerciales a los cuales se estaría dispensando de esa protección policial preferente que reclama, en su desmedro".

Por su parte, la Intendencia detalló que desde que empezó de la crisis social han presentado 15 querellas.

Carabineros también defendió su actuar policial. En su informe, la institución indicó que ha existido una presencia policial constante en las inmediaciones del inmueble: "La institución ha dispuesto oportunamente los cursos de acción para prevenir y controlar los hechos delictuales que están ocurriendo en el sector, implementando múltiples servicios policiales para contrarrestar los ilícitos verificados".

Asimismo, desestimó "omisiones" en su deber de resguardar la seguridad de la zona debido a que ha desplegado personal policial suficiente y adoptado procedimientos para prevenir hechos delictuales, empleando "todos los medios disponibles" para resguardar los derechos de todos los ciudadanos que transitan por el sector.

Carabineros cerró su escrito diciendo que desde el estallido social, "grupos de individuos han actuado con una violencia nunca antes vista, han causado graves incidentes, poniendo en riesgo, no solo la integridad física de los manifestantes, sino que también a los habitantes de los lugares aledaños a donde se desarrollan las manifestaciones, como también la integridad personal de los funcionarios policiales".