Caso Led: Fiscalía pide formalizar por delito tributario a Lefort y exfuncionario del Ministerio de Energía

Por 14 meses estuvo en prisión preventiva Marcelo Lefort, el empresario que montó un imperio de instalaciones de luminarias led y que es indagado por eventuales pagos a distintas municipalidades del país para favorecer licitaciones a su empresa. Si bien desde julio que está en libertad, el Ministerio Público sigue tras su pista y el 16 de marzo será nuevamente formalizado; ahora, por eventuales delitos tributarios.

Así lo pidió el Ministerio Público, quien además solicitó una audiencia para imputarle cargos por delitos tributarios George Latrille, José Hidalgo y Paul Pacheco. Es último trabajó en el Ministerio de Energía, hasta marzo del 2020, y sería una de las piezas claves en el modus operandi que habría favorecido las licitaciones de la empresa de Lefort, Intelcom SPA.

La fiscal de Ñuble, Paulina Valdebenito, pidió la formalización de los imputados por haber entregado boletas por servicios no prestados, invocando para aquellos el artículo 94, número 4, del Código Tributario.

El 7 de diciembre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en la investigación por el denominado Caso Led, en una investigación que tienen distintas aristas y donde se indagas pagos irregulares en múltiples municipalidades del país.

En esta arista “tributaria”, el SII acusó que Itelcom “utilizó los montos de 17 facturas para evadir el Impuesto Único establecido en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de las cuales 17 corresponden a las facturas emitidas por GLH Ingenierías y Consultorías”. Además, agregó en la querella que “el perjuicio fiscal ocasionado por el querellado y que se encuentra calculado conforme al Impuesto Único establecido en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto la Renta, se origina debido los desembolsos que realizó Lefort Hernández, en representación de Itelcom Tecnología SPA, los cuales no tenían por objeto pagar costos necesarios para producir la renta, puesto que como se ha señalado, las facturas daban cuenta de operaciones comerciales inexistentes”.

Por estos presuntos ilícitos, el SII consignó que “se generó un perjuicio fiscal que en total, actualizado a julio de 2021, asciende a $671.018.000, monto que se divide en $178.700.532, por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios, y en $492.317.468, por concepto de Impuesto Único establecido en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.