Caso tragamonedas: las pruebas que apuntan al tráfico de influencias políticas

"Se informa al Ministerio Público que en atención al análisis de las comunicaciones telefónicas interceptadas a los imputados materia de la presente investigación, han surgido una serie de datos e informaciones que dan cuenta de manera notoria y evidente respecto de hechos que configurarían los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita". Este es el primer párrafo de un informe clave en el llamado caso tragamonedas -al que accedió La Tercera- realizado por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI el 1 de agosto de 2018.

Este rubro, que se encuentra agrupado en la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden), está siendo investigado por el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, por presunto lavado de activos. Hasta septiembre el fiscal del caso era Roberto Contreras, pero la causa fue trasladada a Alta Complejidad. Esto, pese a los reparos del persecutor.

En esta causa también se indaga el supuesto vínculo de la asociación con el pago de patentes a funcionarios municipales para instalar sus máquinas de juego y a personas ligadas al ámbito político para financiar sus campañas.

En este contexto fue que agosto funcionarios de la Bridec allanaron 17 inmuebles. Entre ellos, entraron a domicilios particulares y oficinas de una serie de dirigentes de la Fiden de esa época, como el de su entonces presidente Sebastián Salazar, y de quien era en esa época vicepresidente, Alberto Hadad. Además, la PDI ingresó a las casas de los otrora asesores del gremio, como la del exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett y del exsuperintendente de Casinos Francisco Leiva. También obtuvo la autorización judicial para allanar la propiedad del exembajador chileno en Singapur, Carlos Tudela Aroca.

En paralelo a los allanamientos, la policía contaba con más antecedentes que involucraban a estas personas, según a las escuchas telefónicas que venían realizando desde el 25 de octubre de 2017 y se extendieron por cerca de seis meses, previa orden judicial (ver secundaria). "De las comunicaciones interceptadas se desprende claramente que el imputado (Pablo) Zalaquett Said es propietario junto al imputado Sebastián Salazar Bastidas de al menos tres casas de juego ilegales, en las comunas de Linares, Quinta Normal y Antofagasta. Cabe hacer presente que solo en el local de Quinta Normal, denominado 'Grand Millions', operan actualmente más de cien máquinas de azar", señala el informe de la PDI.

Indica, además, que "el imputado (Zalaquett) reiteradamente manifiesta que en su calidad de operador político de derecha, puede influir a nivel gubernamental y en otras instituciones del Estado, a objeto de facilitar la operación de casas de juego ilegales en Chile".

Según el documento, "el comportamiento advertido, a juicio del investigador infrascrito, se corresponde con actividades que permitirían la configuración del delito de tráfico de influencias".

El informe también detalla una supuesta vinculación de la diputada Erika Olivera con exdirigentes de la Fiden en el financiamiento de su campaña política: "Francisco León von Muhlenbrock es dueño de al menos una casa de juego junto a Sebastián Salazar, imputado en la presente investigación y (ex) director de la Fiden. Además, participó junto a Salazar Bastidas, de manera activa y directa en el financiamiento y gestión de la campaña política de la actual diputada Erika Olivera, quien es su cuñada".

De acuerdo al documento de la PDI, "las conversaciones captadas, permiten presumir razonablemente que el imputado forma parte de una asociación ilícita para el funcionamiento de casas de juego ilegales y asimismo, que sus conductas se corresponden con el eventual financiamiento clandestino de máquinas de azar".

Sobre Nelson Hadad, se señala que "los resultados de las interceptaciones dejan de manifiesto que el imputado financió su campaña política como candidato a diputado por el distrito N° 11 con dineros provenientes de la explotación ilegal de máquinas de azar. Su hijo, Alberto Hadad, es imputado en la presente investigación, mantiene el cargo de (ex) director de la Fiden, fue su jefe de campaña y el principal gestor financiero de la candidatura de su padre".

Según la PDI, "la conducta advertida es compatible con financiamiento ilegal de campañas políticas, mediante dineros provenientes del funcionamiento clandestino de máquinas tragamonedas, fraude al Fisco, tráfico de influencias y defraudaciones".

También en el informe se menciona a Carlos Tudela Aroca, lobbista vinculado a la DC: "El imputado en su calidad de operador político de izquierda, actúa y realiza una serie de actividades a nivel gubernamental, especialmente en el Ministerio de Hacienda, con la finalidad de facilitar las operaciones de casas de juego ilegales en Chile". Agrega que "las actividades realizadas por Tudela permitirían la configuración del delito de tráfico de influencias y cohecho".