A cinco años del crimen, las claves del proceso judicial

La machi Francisca Linconao se retiró ayer del tribunal como una mujer libre. Dos absoluciones seguidas para ella, y otros siete comuneros, en dos juicios orales realizados en Temuco les permitieron desvincularse por completo y para siempre de la acusación que la fiscalía hizo en su contra en el marco de la investigación por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay ocurrido el 4 de enero de 2013.

A cinco años del asesinato de la pareja, ayer concluyó el tercer enjuiciamiento que el Ministerio Público llevó a tribunales por estos hechos. En este periodo nueve jueces orales han revisado el caso.

En la primera sentencia, el 28 de febrero de 2014, el Tribunal Oral de Temuco condenó al machi Celestino Córdova a 18 años como autor del delito de incendio con resultado de muerte, aunque en esa oportunidad la justicia descartó el carácter terrorista de la conducta del acusado. A diferencia de ese fallo, este sábado los magistrados Germán Varas, Mauricio Poblete y Rocío Pinilla acogieron -por primera vez en este caso- la hipótesis de la fiscalía de que el crimen tuvo como motivo crear terror en La Araucanía. Para llegar a esa convicción los magistrados leyeron cerca de 50 sentencias sobre delitos terroristas en España, Colombia y Perú.

Hasta ayer, Celestino Córdova era el único condenado por el asesinato de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay. A él se sumó, tras el último veredicto del Tribunal Oral de Temuco, Luis y José Tralcal -que a diferencia del machi arriesgan presidio perpetuo porque los jueces esta vez consideraron el acto como terrorista- y José Peralino. Este último, un hombre clave para la fiscalía que lo sindica como un "delator compensado" al haber colaborado según el ente persecutor en identificar a los demás autores del crimen. De hecho, el Ministerio Público pide para él una pena de 10 años y un día, considerablemente más baja como beneficio a su ayuda en el caso.

En el primer juicio contra "los 11" -es decir aquellos acusados que fueron llevados a juicio luego que en 2015 Peralino declarara ante la PDI- el tribunal de Temuco no dio credibilidad a los dichos de Peralino. Sin embargo, esta vez sí y sirvieron para condenarlo a él y a los primos Tralcal. Con anterioridad el mismo tribunal, pero con distintos jueces, sostuvo que la primera declaración de Peralino fue con infracción de garantías. "La única fuente de información de la que derivan todas las demás probanzas de imputación, respecto de la participación de los acusados, está constituida por las dos declaraciones de José Peralino prestadas en fase de investigación.

Sin embargo, la declaración de fecha 8 de noviembre de 2013 adolece de vicios de legalidad que impiden otorgarle mérito probatorio", dijo ese veredicto que absolvió, en octubre de 2017, a todos los acusados. Esto ya que, según se expresó en el fallo, se lo citó como testigo, siendo que tenía calidad de imputado ante las sospechas que ya tenía el Ministerio Púbico a su respecto.

En este segundo juicio los jueces no hacen referencia a supuestas ilegalidades en la toma de esta declaración. De hecho, dicen que su declaración como coimputado no podía servir como único elemento para condenar al resto, pero sí le dan mérito al considerar que su versión como un "empalme lógico" a una sucesión de hechos que -según el tribunal- se acreditaron en juicio y que tienen "apariencia de verdaderos". La apuesta de la fiscalía, en este segundo juicio, fue poner énfasis en la motivación terrorista de estos hechos, que no fue acreditada según la sentencia absolutoria del primer juicio oral. Para ello los interrogatorios -sostienen fuentes del Ministerio Público- se enfocaron en el temor de agricultores de la zona a ser víctimas de un ataque que terminara con sus vidas.

Este segundo enjuiciamiento estuvo marcado por el cambio de gobierno, que obra como querellante del caso (empezó el juicio Luis Correa, mano derecha del exsubsecretario Mahmud Aleuy y lo terminó Luis Hermosilla, mano derecha del ministro Andrés Chadwick) y por operación Huracán. Este caso salió en más de una oportunidad en el juicio en boca de las defensas al cuestionar un supuesto montaje de policías contra comuneros tal como se indaga en el caso Huracán. Al respecto, el juez Germán Varas -presidente en el segundo juicio- dijo que "no le fue posible advertir ningún antecedente que me permita establecer la existencia de un montaje policial". Este último magistrado y su par Mauricio Poblete fueron cuestionados por el defensor Rodrigo Román, ya que ambos estaban -a inicios del juicio oral- en terna para cupos como titulares en el Juzgado de Garantía de Temuco (trabajan en Angol y los nominaron ante la inhabilidad de los jueces que fallaron el primer juicio).

La crítica apunta a que en ese proceso de designación participa el Ministerio de Justicia y el gobierno es querellante en este caso, por ende, tiene intereses. Cercanos a los magistrados aseguraron que la terna se deshizo la semana pasada, que esto no es causal de inhabilidad, que en nada afecta su imparcialidad y que "lamentablemente" es así el proceso de designación que estipula la ley, recordando que esta es una de las demandas del gremio en el sentido de que la carrera judicial no debería pasar por decisiones del Ejecutivo.

En este último juicio oral queda la interrogante respecto al abandono del juicio oral que hizo la magistrada Ximena Saldivia, hace 12 días, en medio de versiones de supuestas presiones y públicos enfrentamientos con el juez presidente Germán Varas, quien en una oportunidad le pidió que no hablara mientras declaraban testigos y en otra la reprendió por haber conversado con un sacerdote, testigo de la defensa, luego de que este declarara a favor de imputados.