Coletazos de denuncia por corrupción en Vitacura: presentan proyecto para que Contraloría pueda fiscalizar todos los recursos municipales

Un grupo de diputados de oposición presentarán un proyecto de ley para darle mayores facultades a la Contraloría General de la República para fiscalizar a corporaciones municipales y organizaciones sociales subvencionadas por los municipios.

La iniciativa, impulsada por el diputado Tomás Hirsh (Acción Humanista), surge en el marco de las denuncias de presunta malversación de caudales públicos en los municipios de Vitacura y Lo Barnechea, y cuenta con el patrocinio de los diputados Claudia Mix (Comunes), Gael Yeomans (CS), Gonzalo Winter (CS), Karol Cariola (PC), Catalina Pérez (RD) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).

En el texto se explicita la necesidad de que los organismos privados sin fines de lucro, que reciben aportes de organismos públicos, rindan por obligación la totalidad de los gastos efectuados ante el ente fiscalizador.

Hirsch explicó a La Tercera que “después de lo que hemos visto en la última semana en la comuna de Vitacura, donde hay un claro acto de corrupción por parte del exalcalde Raúl Torrealba, llevándose millones de pesos para su propio beneficio (…), esta situación nos dice que es necesario contar con una ley que le permita a la Contraloría General de la República fiscalizar a las corporaciones municipales”.

El parlamentario agregó que ”actualmente estos organismos no están sujetos al control debido y reciben millones de pesos, sin que la Contraloría pueda fiscalizar el uso de los recursos, gestión de las corporaciones y si los dineros se utilizaron para los fines por los cuales fueron entregados por parte de los municipios”.

A pesar de que las corporaciones están reguladas como de carácter privado, dice el proyecto de ley, éstas administran bienes públicos destinados a tareas específicas, y para ello reciben financiamiento municipal. Por ello, la iniciativa propone modificar la norma que plantea que dichas organizaciones que reciban aportes en dinero, bienes o especies superior a 10 Unidades Tributarias Anuales dentro del año calendario, y cuyo financiamiento sea de origen Municipal, del Gobierno Regional o del Gobierno Central, estarán en la obligación de rendir el gasto a las mismas entidades que los patrocinan. “Lo anterior, quedará bajo el control de la respectiva Unidad de Control Municipal y de la Contraloría General de la República”, se lee en el proyecto.