Consejo de Defensa del Estado se querella por corrupción en licitaciones de alumbrado público en Iquique

Una querella criminal interpuso este lunes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el Juzgado de Garantía de Iquique, contra 16 personas por su responsabilidad en graves delitos de corrupción cometidos entre 2017 y 2020, en el contexto de millonarias licitaciones públicas adjudicadas para el recambio del alumbrado eléctrico en esa comuna de la Región de Tarapacá.

“La acción legal del CDE apunta a empleados públicos y particulares, y también en contra de todos quienes resulten responsables de delitos de fraude al Fisco, soborno reiterado, cohecho reiterado, violación de secretos y lavado de activos. Ello, sin perjuicio de otros delitos que se determinen en el curso de la investigación, especialmente, el delito de asociación ilícita, que podría ser objeto de una eventual ampliación de querella por parte del organismo”, sostuvo el presidente del organismo, Juan Antonio Peribonio.

En el caso de la situación acontecida en Iquique, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal en contra del gerente general y subgerente de la empresa Itelecom Holding Chile SpA., León Marcelo Lefort Hernández y Pedro Guerra Guerrero, respectivamente, y de su intermediario Cristián Ureta Bravo, como autores de delitos de soborno reiterado, lavado de activos y fraude al Fisco.

En tanto, se querelló también en contra del ex funcionario de la Secretaría de Planificación (Secoplac) del municipio iquiqueño, Gustavo Proby Yun Kan, como autor del delito de soborno reiterado y en contra del ex Seremi de Deportes y, al momento de los hechos, funcionario de la Municipalidad de Pozo Almonte, Johan Vieira Pineda, por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos y fraude al Fisco.

Desde el CDE se indicó que “con el propósito de pagar los sobornos respectivos, la coordinación entre los representantes de la empresa y los funcionarios públicos querellados logró aumentar el valor de la propuesta en 500 millones de pesos, maniobra que permitió que la licitación les fuera adjudicada por un monto de $6.545.821.482”.

Este hecho obligó al Consejo a que interpusiera una querella criminal en contra de la encargada de licitaciones de Secoplac, Daniella Vargas Barbaric, y de los funcionarios del Departamento de Control de dicha municipalidad, Tomás Vodnizza Figueroa y Rubén Guisa Castro, por delitos de cohecho reiterado, violación de secreto y fraude al Fisco.

En tanto, en contra de los concejales Guillermo Cejas Valenzuela, Felipe Arenas Lamas, Arsenio Lozano Vidal y Mitchel Cartes Tamayo, quienes recibieron beneficios económicos por parte de los privados imputados, el CDE se querelló por su responsabilidad en calidad de autores de cohecho reiterado, lavado de activos y fraude al Fisco.

Al mismo tiempo, el CDE se querelló en contra de los representantes de la empresa ELEC, Marcos Contreras Terfer, Mario Villalobos Alvarado y Martín Vargas Fuentes, como autores del delito de soborno reiterado. Y, en contra de José David Hidalgo Abarzúa, en calidad de cómplice de dicho delito.

Utilizando la misma forma de operar que Itelecom, los responsables de la citada firma, por medio de intermediarios, ofrecieron beneficios económicos a funcionarios públicos de esa municipalidad para que actuaran en su beneficio en cada una de las etapas del proceso de licitación, la cual les fue adjudicada en noviembre de 2018 por un monto de $3.112.132.886.

De acuerdo con Mercado Público, Itelecom Holding Chile SpA y sus empresas asociadas se adjudicaron entre 2017 y 2020 38 licitaciones de distintas municipalidades, de la Subsecretaría de Energía y del Gobierno Regional de Aysén, por un monto de alrededor de 35.720 millones de pesos.