Consejo para la Transparencia remite a Contraloría antecedentes de fiscalización a FFAA que constató uso de casas fiscales por parte de exuniformados

Una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) a una serie de beneficios otorgados a personal de las Fuerzas Armadas logró establecer a partir de la información entregada por las ramas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile (Fach), detalles del acceso a casas fiscales a las que puede optar el personal de estas instituciones.

Entre los principales resultados destacan los cánones de arriendo y el uso de este tipo de propiedades por parte de ex funcionarios de la rama castrense y de la Fach, contraviniendo lo establecido en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (art. N°122) y que indica que el beneficio está destinado sólo a funcionarios de la institución.

Los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República para conocimiento del ente fiscalizador y los fines pertinentes.

Según lo informado por las dos ramas que entregaron datos al respecto, serían 18 personas las que estarían en esta situación: 11 –entre oficiales y suboficiales en retiro- del Ejército y siete exfuncionarios de la Fach. La marina afirmó que no cuentan con asignaciones de viviendas fiscales para el personal retirado, atendido a que dicha situación “no se encuentra regulada en la legislación”.

El Ejército informó que en el caso de ex integrantes de la institución que ocupan estas viviendas, se les descuenta el canon de arriendo y un 20% de multa acorde al estatuto institucional, además de haber iniciado las demandas respectivas ante Tribunales. La Fach por su parte comunicó que 14 funcionarios de la institución se encuentran ocupando este tipo de propiedades: siete en el caso de “Vivienda Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF)” y la misma cantidad de “Vivienda Fisco-Fach”, detallaron desde Transparencia.

En el caso particular de los antecedentes sobre viviendas fiscales –parte del proceso que incluyó sólo a las tres ramas de las Fuerzas Armadas e información acotada al 2019-, se recibieron respuestas del Ejército y la Fach.

En cuanto a la repartición naval, la denegación de la cifra de beneficiarios de este tipo de prestaciones se sustenta en que “se trata de antecedentes que tienen el carácter de secreto o reservado por estar directamente relacionados con la dotación, planes de empleo y estándares que operan las Fuerzas Armadas”.

Pese a ello, el CPLT elaboró una estimación en base a las Escalas de Remuneraciones publicadas en el sitio de Transparencia Activa del organismo. Acorde a escalafón y grado consiguió establecer que un marinero mensualmente habría destinado poco más de 10 mil pesos para el pago de vivienda en promedio ($ 10.059) y un miembro del alto mando (almirante o vicealmirante) poco más de $ 42 mil pesos mensuales promedio ($ 42.813).

De acuerdo a lo informado por el Ejército, y acorde a una estimación del CPLT en base a la información entregada y su cruce con la escala de remuneraciones del año 2019, un cabo de esta rama habría destinado en promedio $ 9.208 pesos para fines de arriendo y $ 45.227 promedio en el caso de un general, que recibe un sueldo base de $ 822.311.

En cuanto a la Fach, la entidad no entregó porcentaje sino promedio pagado por concepto de vivienda -que depende del grado y región de desempeño-. En base a ello, los montos calculados por el Consejo serían algo más altos. El escalafón que menos pagaría es el de Personal del Cuadro Permanente (PCP), cuyos montos promedios habrían variado en 2019 entre $ 15.372 y $ 17.945, dependiendo de la región (este grupo contempla a suboficiales, sargentos y cabos). Por contrapartida, el valor más alto promedio sería el que habría desembolsado un oficial del alto mando: cerca 330 mil pesos promedio ($ 327.230) correspondiente a una propiedad localizada en la capital por un año.

Cabe destacar que a partir de la notificación de los resultados de este proceso, las instituciones armadas tienen un plazo de cinco días hábiles para realizar descargos y entregar información complementaria respecto de eventuales incumplimientos a la Ley de Transparencia, su reglamento e instrucciones generales del Consejo para la Transparencia, acotó el organismo.