Contraloría declara ilegal decreto con que gobierno buscaba que FFAA colaboraran en prevención de delitos en Macrozona Sur

Durante esta tarde, la Contraloría General de la República le comunicó al gobierno que declaró inconstitucional el Decreto 249 que el Ejecutivo había enviado hoy mismo, jueves 30 de septiembre, y que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para colaborar en labores de prevención de delitos en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Esto, tras el fin del estado de excepción constitucional de catástrofe, bajo el cual el Ejército realizó labores de capacitación y colaboración con las policías en tales zonas.

En tres artículos, el decreto -firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el ministro (s) de Defensa, Cristián de la Maza- autorizaba la colaboración de las FF.AA. para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos “que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo” en las citadas zonas de la Macrozona Sur.

El decreto establecía que las FFAA “no podrán intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a otras entidades, como el Poder Judicial y Ministerio Público”.

Además, establecía que para concretar esta colaboración, Interior en coordinación con Defensa decidirían los “objetivos estratégicos” de la misma, junto con evaluar la forma en que las policías emplearían tal colaboración.

Por último, se delegaba en el ministro de Defensa los decretos que ordenaran el despliegue de las unidades de las FF.AA., de acuerdo a lo convenido con el ministro del Interior. En esta línea, el titular de Defensa podría nombrar mandos militares que asumieran el “control operacional” de las unidades, el que tendría vigencia durante un año desde la publicación en el Diario Oficial del decreto.

Contraloría le representó al Ejecutivo que “de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo”.

En el gobierno cuestionaron la decisión de la Contraloría. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestó que “no entendemos la objeción del contralor al decreto que establece claramente una colaboración a las fuerzas de orden y seguridad muy limitada”, argumentando que no es para “operativos policiales y en controles de orden público“.

Además, argumentó que el decreto “es muy similar a lo que hacen hoy las Fuerzas Armadas en la macrozona norte”.

Sobre esto último, sin embargo, en la Contraloría recalcan que es distinto al decreto para la zona norte porque, en ese caso, es para custodiar las fronteras y, por ende, la soberanía nacional.